El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu ha aprobado esta semana la Ordenanza reguladora de la cesión de uso temporal de locales a entidades sin ánimo de lucro. Contó con los votos favorables de la derecha, PP, Ciudadanos, Vox y el concejal no adscrito, y la oposición de la izquierda, con los votos en contra del Grupo Socialista y SOMOS Oviedo/Uviéu.
El texto fue presentado en su día por el tripatito, que inició su tramitación pero no consiguió sacarla adelante. Posteriormente fue recogido por el actual equipo de gobierno. Tras cuatro años, el pleno ratifica su aprobación inicial.
El camino para la aprobación por parte del bipartito comenzó en 2020 con su salida a consulta pública y en julio de 2021 se aprobó el proyecto. Entremedias “se produjo un pequeño parón” debido a la pandemia. Para el socialista Ricardo Fernández, “no hay nada que explique el transcurso de cuatro años” en lo que califica como “un proceso errático”.
Mario Arias, concejal del ramo, contestó haciendo ver que el anterior gobierno comenzó a elaborar la ordenanza en 2017, no la aprobaron en Junta de Gobierno hasta 2019 y “y al final no la pusieron en marcha, ni la aprobaron ni la llevaron al pleno”.
PSOE y SOMOS criticaron que, a pesar de los dilatados tiempos en la tramitación de la norma, esta no podrá aplicarse en el presente mandato. La propia regulación exige la creación de un catálogo de locales afectados. Esta ordenanza, según Rubén Rosón, llega “tarde, mal y nunca. Nunca, porque no se aplicará en este mandato”. Este extremo fue admitido por el propio gobierno municipal durante el debate, aunque apuntan que el inventario no es necesario para la tramitación y aprobación de la norma.
“Como el mal estudiante que estudia a última hora y para sacar el 5 en el examen corre para presentarse porque le quedaban dos plenos para presentar una ordenanza que tenía ya elaborada desde hace cuatro años”, ironizaba Rosón.
La oposición señaló también que la ausencia de un catálogo de locales tiene poco sentido, ya que el Pleno acababa de aprobar la revisión del Inventario Municipal de Bienes y Derechos, del que se debe extraer la relación de inmuebles bajo el ámbito de aplicación de la ordenanza reguladora.
Otro punto caliente del debate fue el trato diferenciado a las asociaciones “del tercer sector”. Para Fernández, la ordenanza establece una categoría de “asociaciones privilegiadas” con la que “sobrevive la concesión graciosa a través del convenio”. Además, sostiene el abogado, la solicitud de locales por estas entidades “podría hacer menguar el futuro inventario de manera arbitraria”. Esto fue valorado por el concejal Arias como un “ataque” a este tipo de entidades.
