Luces y sombras de la igualdad de Barbón

Una movilización de las trabajadoras del ERA acusaba a Barbón, apenas 3 meses después del inicio de la pandemia, en junio de 2020, de intentar recortar sus derechos laborales a costa de la crisis sanitaria, a través de la eliminación de sus vacaciones para no realizar nuevas contrataciones. Este febrero, a poco más de dos meses de que se celebre la próxima convocatoria electoral, una marea de sanitarias -sobre todo enfermeras y TCAE– exigieron al presidente una clara mejora de sus condiciones laborales y de la atención pública que ofrecen. Parecería que las esenciales, tan aplaudidas por el gobierno asturiano al inicio de la pandemia, desvelan el feminismo más de gestos que de políticas de Barbón.

El gobierno “plenamente feminista” de Barbón -así lo definió él mismo en pleno en medio de un intercambio de acusaciones con Teresa Mallada, la anterior líder del PP asturiano- no tenía difícil superar el escaso interés por los derechos de las mujeres de su antecesor, Javier Fernández. Además, fue recibida con mucha atención en 2019 la apuesta del presidente por traer de vuelta a Asturies a la turonesa Nuria Varela, conocida socialista y feminista, para colocarla al frente de la Dirección General de Igualdad y del Instituto Asturiano de la Mujer. Esta semana se conocía, no obstante, que Varela no continuará en su cargo después de mayo.

La violencia machista y la igualdad de mujeres y hombres en las empresas podrían decirse que han sido las dos prioridades de la dirección de igualdad asturiana, reuniendo sus esfuerzos en la creación de un centro de atención para víctimas de violencia sexual y de un espacio de género en la concertación social asturiana que ha dado paso a las y los delegados de igualdad en las empresas, siendo ambos proyectos son novedosos en Asturies en la medida que rompen con la línea de políticas de igualdad de la FSA en periodos anteriores. Varela, que ha declarado en numerosas ocasiones que considera la violencia machista como el punto principal de la agenda de igualdad, ha centrado el empeño de su equipo en la creación y puesta en marcha del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales en noviembre de 2020 y que siguió la estela del pionero centro del Ayuntamiento de Madrid, abierto ya en el mandato de Manuela Carmena a finales de 2019 y con la impronta de la demanda de Podemos contenida en sus programas electorales que recogería después Irene Montero en el propio Ministerio de Igualdad, con traslado a todas las comunidades autónomas. El centro asturiano, que cuenta con personal propio y especializado, atendió a 300 mujeres de las que casi 60 eran menores, y será trasladado de su ubicación actual, en la capital asturiana, a Mieres donde, además, contará con un espacio habilitado para aquellas que requieran residencia.

“La violencia machista y la igualdad de mujeres y hombres en las empresas podrían decirse que han sido las dos prioridades de la dirección de igualdad asturiana”

La otra medida a la que la dirección de igualdad ha dedicado sus recursos es a la implantación de los y las agentes delegadas de igualdad en la empresa, contratadas a través de los sindicatos mayoritarios y la FADE, y que tienen como misión fiscalizar y apoyar a las organizaciones asturianas en materia de igualdad, si bien por ahora comenzaron por aquellas con más de 50 trabajadoras y trabajadores en plantilla. Uno de los objetivos de estas figuras es enfrentar una de las marcas más visibles de la desigualdad de las mujeres asturianas, esto es, la brecha salarial, que sigue superando la media estatal, colocándose en un 23,8% por debajo de los asturianos, y a la que acompañan una mayor presencia femenina en la temporalidad laboral, una sobrerrepresentación de las mujeres en los empleos a tiempo parcial y una auténtica grieta de género en las pensiones.

La brecha salarial se reduce

Si bien la brecha salarial asturiana de género se ha reducido moderadamente desde 2021, esto se ha debido sobre todo, tal y como informa CCOO, a las subidas del SMI rubricadas por la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que han beneficiado claramente las mujeres por ocupar los puestos salariales más bajos del mercado laboral. Cabe destacar que el gobierno “plenamente feminista” de la FSA tuvo que asumir en 2020, una vez realizado el diagnóstico de igualdad en la administración asturiana, que a pesar de tener una plantilla especialmente feminizada, la brecha salarial entre trabajadoras y trabajadores públicos ascendía casi al 15%. Otro de los elementos clave en el territorio es la altísima tasa de inactividad de las asturianas en edad de trabajar, que superan con creces la media del país desde hace años y que parece apuntar a todas luces a un claro reparto injusto de los cuidados de mayores y menores en el territorio para el que la administración regional apenas parece ofrecer soluciones eficaces, así como una oferta en el mercado laboral muy precarizada para ellas.

Cuidados y 0 a 3: vuelva usted mañana

Y es que, a pesar de que Varela clamó en 2020 que “el problema de Asturias es que solo cuidan las mujeres” y “los hombres presentan cifras de corresponsabilidad muy inferiores a la media nacional”, la asignatura de conciliación y corresponsabilidad es una materia pendiente para los sucesivos gobiernos socialistas asturianos. El cheque de cuidado para familias como medida preferente de la FSA frente a la posibilidad de crear y consolidar servicios públicos y gratuitos de cuidado quedó plasmado en los sendos acuerdos que Varela cerró en sucesivas negociaciones presupuestarias con Ciudadanos, ofreciendo ese cheque a familias con rentas bajas y menores de 12 años a su cargo. Acuerdos claramente a la baja y a modo de parche ya que, en realidad, el Ministerio de Igualdad estaba planteando a las comunidades autónomas a través del Plan Corresponsables unas partidas sustanciosas para la creación de bolsas de canguros que pudieran atender las necesidades de cuidados de familias con menores de 14 años a su cargo -y, de paso, dignificar, profesionalizar y estabilizar a estas trabajadoras de cuidados-. De hecho, en el desarrollo del Plan Corresponsables promovido por este Ministerio, que ya están ejecutando directamente los ayuntamientos asturianos, las aportaciones a los consistorios no pueden destinarse al personal o a los gastos de matrícula de las escuelas de Educación Infantil, ni al pago directo a las familias, sino a la generación de bolsas de profesionales del cuidado y a servicios permanentes y con carácter universal que aspiren a la consolidación de los mismos en el nivel local y ofrezcan soluciones de largo recorrido para las mujeres en los conceyos.

Y aquí nos toparíamos con una de las piedras de toque del ejecutivo socialista, que es la gratuidad y la universalidad de un servicio esencial de cuidados, en este caso de las escuelas de 0 a 3, una de las herramientas esenciales de conciliación de la vida familiar, personal y laboral a la que se siguen negando, a pesar del lamento de Varela sobre la feminización de los cuidados en Asturies el Principado va a seguir sin ofrecer esta etapa educativa de modo 100% gratuito. Un anuncio que se queda corto en comparación con lo que comunidades gobernadas por el PP como Madrid o Galicia ya están aplicando o van a aplicar: gratuidad total.

“comunidades gobernadas por el PP como Madrid o Galicia ya están aplicando o van a aplicar la gratuidad total del 0 a 3″

Barbón ha anunciado también la creación de 1.314 nuevas plazas de 0 a 3 hasta diciembre de 2024, un 31% más de las existentes. Solo en Oviedo/Uviéu hay 500 niños y niñas en las listas de espera de la educación pública infantil. Para paliar este problema el presidente ha anunciado que las familias con ingresos menores de 45.000 euros y sin plaza en la pública tendrán una subvención de 1.500 euros anuales para llevar a sus hijos e hijas a una escuela privada. El riesgo de que este tipo de soluciones provisionales se conviertan en definitivas y se termine consolidando una red privada concertada con dinero público resulta muy alto.

No obstante, atendiendo a la pirámide poblacional invertida asturiana, a quienes cuidan las asturianas casi en exclusiva es a sus mayores, hecho que queda plasmado en parte en la concesión desmesurada de prestaciones para cuidados dentro de las familias, -es decir, mujeres cuidadoras familiares y que, en la propia ley de dependencia, se indica como una figura que debería ser excepcional- frente a las prestaciones para servicios profesionales y externos.

Barbón ha sacado pecho a lo largo del mandato con la paulatina reducción del limbo de la dependencia en Asturies -esto es, el conjunto de personas que están esperando a que les asignen los servicios y prestaciones correspondientes- y del aumento de plazas residenciales a través de lo que el ejecutivo denominó Plan de Choque en 2019, pero es que la situación de la que se partía era la de ser el territorio con peor nota en materia de dependencia de todo el país, tal y como analizó en 2020 el Observatorio de la Dependencia que, además de suspender durante años el sistema asturiano, lo calificó de “inmisericorde” unos años antes.

La Ley LGTBI y la Ley Trans siguen en “el armario”

Otra piedra de toque para el feminismo socialista asturiano en el ejecutivo de Barbón se materializa claramente en derechos LGTBI y diversidad y, por otro lado, en relación a la educación sexual con perspectiva de género. La legislatura comenzó con Varela advirtiendo que la ley trans, abandonada por el anterior gobierno socialista en un cajón cuando ya estaba terminada, no era de la incumbencia de su dirección, siendo que su antecesora, la también socialista Almudena Cueto, había facilitado su elaboración en colaboración con otros partidos y organizaciones LGTBI. Desde entonces, Asturies sigue siendo la excepción autonómica junto a Castilla y León, gobernada por PP y Vox, por carecer de cualquier tipo de ley específica dirigida a la diversidad en la orientación sexual y en la identidad de género. Únicamente tras las movilizaciones ciudadanas en repulsa a la agresión homófoba al ovetense Kevin Rubio, Barbón prometió una ley LGTBI asturiana que, dicho sea de paso, a día de hoy cuenta con el rechazo de las asociaciones por la diversidad sexual y de género asturianas por “llegar tarde, ser insuficiente y no atender a las demandas y realidades del colectivo”. En esta escalada de gestos vacíos para las políticas sobre diversidad, Barbón, a través de Melania Alvarez, consejera de Derechos Sociales y Bienestar, prometió una inminente e “innovadora” Ley Trans, de la que poco se sabe y que de innovadora poco podrá tener cuando hay comunidades autónomas que ya cuentan con leyes de segunda generación, como Andalucía, que contó con su primera norma trans en 2014. La conexión entre Nuria Varela, los sectores del PSOE más beligerantes con la ley trans y las asociaciones asturianas que se han enfrentado a dicha ley y que encuentran en Amelia Valcárcel su líder en esta materia, casi con toda seguridad está detrás de esta clamorosa ausencia de derechos de diversidad en Asturies.

Recordemos que ya en 2020, tanto la ex consejera de Educación como Varela fueron tristemente populares por haber anulado, con menos de 24h de antelación, una formación sobre la cuestión trans para el profesorado, con la sexóloga feminista Aitzole Araneta como profesora, sin dar más explicaciones. Y es que la educación sexual, más allá de no haber sido una prioridad para la dirección general de Varela, en realidad puede estar convirtiéndose en un chivo expiatorio agitado por las socialistas y sus entornos en el fragor de las actuales disputas feministas. Amparada en la apuesta por la coeducación, como si esta disciplina fuera opuesta o excluyente de la educación sexual, Varela ha sido recientemente acusada de no haber contactado ni una sola vez en 4 años con el Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies, organismo que a través de su grupo de salud, ya desde los 90, resulta una referencia estatal imprescindible para la educación sexual en el nivel nacional.