Luz verde a la nueva Ley de Calidad Ambiental, una normativa que simplifica la tramitación administrativa de las licencias ambientales que requiere cualquier actividad económica. Guerra contra la burocracia para el Gobierno. Guerra contra el medioambiente y el territorio para los detractores de la nueva normativa, que se inspira en la legislación vigente en dos comunidades gobernadas por el PP: Galicia y Andalucía.
El texto, que incorpora 73 de las 80 enmiendas de la oposición, ha sido aprobado por el pleno de la Cámara con el apoyo de PSOE, PP y Cs, la abstención de Foro y del diputado del Grupo Mixto y el rechazo de Vox, pero también de los aliados más habituales del Gobierno: Podemos y en particular IU que ha hecho de esta ley el principal motivo de enfrentamiento con el Ejecutivo. La coalición ha denunciado en reiteradas ocasiones que la nueva legislación se hace al dictado de los intereses empresariales y no pensando en el equilibrio territorial o el cuidado del medio ambiente.
Ese rechazo, respaldado por CCOO y una treintena de organizaciones ecologistas que ven en una ley “plagada de indefiniciones” una limitación a las garantías de protección ambiental, llevó a IU a anunciar que, si forma parte del próximo Ejecutivo, derogará una norma “que responde a intereses empresariales, rompe equilibrios, es dañina para los ayuntamientos y desploma el control público”.
El objetivo es eliminar cada año en torno a medio millar de licencias y simplificar los procedimientos administrativos al obtener el permiso necesario en ese ámbito para el desarrollo instalación de distintas actividades económicas y, en el caso de proyectos con incidencia ambiental mínima, como talleres, carpinterías ganaderías u hoteles, se opta por la fórmula de la declaración responsable que deberán tramitar los ayuntamientos y que permitirá arrancar de forma inmediata sin ninguna autorización.
“Para sus detractores la nueva ley se convertirá en un coladero”
Para los detractores de la ley, la nueva normativa se convertirá en la práctica en un coladero que permitirá la apertura de canteras para la extracción de hasta 200.000 toneladas al año, plantaciones de eucaliptos de más de 50 hectáreas, gasolineras o subestaciones eléctricas, “mediante una declaración responsable, que inspeccionarán los ayuntamientos a posteriori, y al que vecinos y vecinas de la zona y ciudadanía en general no podrán realizar alegaciones o negarse al desarrollo de la actividad”. “La ley tampoco incluye mecanismos para restaurar la legalidad ambiental incumplida y reparar el daño ambiental producido” denuncian los grupos ecologistas, que consideran que “lejos de incorporar la obligatoriedad de restaurar el daño ambiental causado, la norma propone en una de sus disposiciones adicionales una especie de amnistía fiscal ambiental para eximir de la obligación de establecer garantías financieras a las empresas o promotores que desarrollen actividades que pueden causar daños al medio ambiente, siempre y cuando estos daños no superen los 3.000.000 de euros”. Denuncian asimismo que rebaja los estándares medioambientales europeos y españoles y supone un retroceso a los años 70 en materia medioambiental.
Desde el movimiento ecologista también critican que la ley se haya hecho sin consultarles y advierten que la nueva normativa limitará todavía más la escasa participación ciudadana existente.
Compleja aplicación a nivel municipal
La nueva normativa deroga el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en la única comunidad donde seguía en vigor desde 1961 que obligaba a esperar de media un año para obtener respuesta al abrir un restaurante o un negocio sin afección ambiental sin menoscabar, según el Gobierno, las garantías ambientales ni aumentar la carga administrativa a los ayuntamientos.
Los ecologistas en cambio denuncian que “pretende dejar en manos de los ayuntamientos toda la responsabilidad, las cargas burocráticas y la labor inspectora y sancionadora en materia de incidencia ambiental de las actividades o instalaciones desarrolladas en su municipio”. No obstante, para facilitar su aplicación y desarrollo en los ayuntamientos más pequeños, el Principado elaborará guías para la correcta interpretación de los regímenes de intervención o herramientas que facilite la operación de registro de las operaciones responsables y fórmulas de cooperación para hacer frente a los gastos que pueda acarrear la aplicación de la norma.
De los 516 expedientes de licencias tramitadas anualmente de promedio en Asturias, casi la mitad se resolvieron en Xixón, Oviedo/Uviéu, Siero y Avilés mientras que en los 74 concejos restantes el número de expedientes anuales rara vez supera los diez y, con la nueva ley, entre un 10 y un 20 por ciento de los expedientes que requerían de su tramitación municipal pasarán a ser asumidos por el Principado.
Pacto PSOE, PP y Cs
En la defensa del texto en el penúltimo pleno de la Junta General de una legislatura con 22 leyes aprobadas hasta ahora -la menor cifra desde el periodo 1991/1995- , el socialista Ricardo Morales ha apuntado que, aunque no sea perfecta, la nueva norma contiene los elementos necesarios para avanzar en la defensa del medio ambiente “reduciendo excesos burocráticos”.
En la misma línea, el popular Javier Brea ha considerado “necesaria e ineludible” una ley que dará mayor agilidad para que los negocios inicien su actividad sin retrasos mientras la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, ha señalado que estimulará la actividad económica e impulsará un desarrollo sostenible aunque algunos lo interpreten “como un proteccionismo estéril y retrógrado”.
Por el contrario, para Nuria Rodríguez, de Podemos, la ley rompe el equilibrio y el consenso sobre la necesidad de proteger el medio ambiente mientras que el diputado de IU Ovidio Zapico ha alertado de que éste puede ser el camino en la próxima legislatura -“si tiene números”- de un PSOE que, a su juicio, “se aleja del modelo de Pedro de Silva y se acerca peligrosamente al de Rodríguez-Vigil”.
Para Foro, que ha visto rechazadas sus enmiendas sobre la exigencia de autorización ambiental para actividades susceptibles de afectar a ecosistemas marinos o a la actividad pesquera, el texto no elimina el riesgo de sobrecarga administrativa en los ayuntamientos mientras que, según Vox, no aporta nada a la “guerra” contra la burocracia al asumir los postulados de los lobbies europeos que impulsan la defensa del medio ambiente a costa de “asfixiar” a los productores.
Por su parte, el diputado del Grupo Mixto Armando Fernández ha advertido de que la ley debería concretar más sus objetivos para no acabar dando demasiado margen de discrecionalidad al Gobierno al elaborar el reglamento que, ha recordado, aún no existe en el caso de la de Medidas Administrativas Urgentes aprobada en diciembre de 2021 y que buscaba también reducir trabas burocráticas.
Menos mal que se avanza en algo en este país de burócratas y noistas. Enhorabuena!!!
Es de vergüenza estos sres nos toman por tont@s. Ya vemos. las maniobras que gastan para quitar poder al pueblo. Cuanto menos participe el ciudadano en temas ta importantes como el medio ambiente más ladrones tendrán libertad para hacer lo que le plazca.
IU: “Estamos muy satisfechos con el pacto de investidura”
Que esta ley la apoye el pp pues es lo normal, pero el psoe que se las dan de” ecologistas,” esto demuestra que son todos lo mismo, vendidos al dinero y sin importarles lo más mínimo el futuro.