La Ley de Vivienda recién aprobada por el Gobierno, casi en el tiempo de descuento de la legislatura, contempla la limitación del precio del alquiler en las llamadas “zonas tensionadas”. Con la nueva legislación tales zonas se definen en base a dos criterios: que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya subido al menos cinco puntos porcentuales más que el índice de precios de consumo (IPC) de la Comunidad Autónoma en la que se encuentra; o que el coste medio de la vivienda supere el 30% del presupuesto personal o de la unidad de convivencia. Basta que un área cumpla uno de los dos criterios para que sea considerada una zona tensionada.
En dichas zonas se intervendrá el mercado del alquiler, de tal modo que en la renovación anual de los contratos el precio solo podrá subir hasta un 3%. Según los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y del Instituto Nacional de Estadística, hay en nuestro país 1010 municipios que cumplen estas características, de los cuales 13 están en Asturias. Se trata de los concejos de Tapia de Casariego, Valdés, Cudillero, Pravia, Muros del Nalón, Castrillón, Villaviciosa, Cangas de Onís, Laviana, San Martín del Rey Aurlio, Langreo, Morcín y Cangas del Narcea.
Sin embargo, estos datos oficiales no coinciden con los recopilados por la plataforma de big data inmobiliario Brainsre, que cifra en 1400 los municipios españoles-14 en Asturias- que cumplen al menos uno de los requisitos necesarios para ser zonas tensionadas. Según ha declarado a El Confidencial Alejandro Aguirre, consejero delegado de la empresa, “utilizando los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y del Instituto Nacional de Estadística, resulta que, por el primer criterio, que el alquiler más gastos sea superior al 30% de salario neto, solo cumplen 27 municipios. Mientras que, por el segundo criterio, que los alquileres se hayan incrementado un 3% por encima del IPC en los últimos cinco años, cumplen 1.356 municipios”.
Según los datos de esta plataforma, los municipios tensionados son Castropol (el concejo en el que más ha subido el alquiler desde 2016: un 28%), Gijón (el municipio asturiano donde el alquiler supone un mayor porcentaje del salario: un 21,2%), Cangas de Onís, Vegadeo, Allande, Parres, Cabrales, Salas, Oviedo, Mieres, Langreo, Aller, Pravia y Cudillero.
Como se ve, las listas difieren mucho, y solo hay cuatro municipios que aparecen en las dos: Cudillero, Pravia, Cangas de Onís, Langreo.
¿Y las viviendas de la Sareb?
Junto a la aprobación de la nueva Ley de Vivienda, el Gobierno central ha anunciado también que movilizará 50.000 viviendas de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) para alquiler social. En total la Sareb cuenta con 359 viviendas y 756 unidades de suelo repartidas por toda la geografía asturiana. 171 de esos pisos pasarían a formar parte de esa oferta que el Gobierno de España hace a las comunidades autónomas.
Sin embargo, de los 17 concejos en los que este organismo tiene viviendas, solo 8 aparecen en alguna de las dos listas de zonas tensionadas. Se trata de los concejos de Aller (donde la Sareb tiene 64 viviendas), Gijón (44), Oviedo, (33), Langreo (23), Villaviciosa (15), Castropol (2), Laviana (5) y San Martín del Rey Aurelio (7). El resto de municipios en los que hay viviendas de la Sareb son Corvera (95 viviendas, el concejo que más tiene), Peñamellera Baja (22), Siero (18), Navia (14), Ribera de Arriba (14), Llanes (7), Lena (3) y Colunga, Caravia y Ribadesella, con una vivienda cada una.
Desde la Sareb han respondido a las preguntas de NORTES que si en Asturias “hay interés por por adquirir esas viviendas para incrementar el parque público, tenemos un equipo que está en contacto con ayuntamientos para facilitar los datos y la información”.
