Demasiado pobres para pagar un alquiler público

Pablo Carmona presenta en Cambalache "Democracia de propietarios", un ensayo sobre el mercado inmobiliario y la lucha por el derecho a la vivienda.

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

Cerca del 85% de la vivienda en alquiler en España está en manos de propietarios particulares. Son familias de clase alta, media, e incluso media-baja, que disponen de uno o más pisos para alquilar. A día de hoy, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, un 14% de hogares declaran tener ingresos a través de alquilar propiedades inmobiliarias. Cuando tanta gente está metida en el negocio de la vivienda, está claro que este país tiene un grave problema de cohesión social, y de ahí el éxito de las campañas antiokupación impulsadas por las derechas y sus medios, o las resistencias del PSOE para aprobar una Ley de Vivienda más exigente con la responsabilidad de estos pequeños propietarios en el encarecimiento de los precios del alquiler.

Pablo Carmona, integrante de la librería-editorial Traficantes de Sueños, ex concejal de Ahora Madrid y militante de dilatada trayectoria en los movimientos sociales madrileños, acaba de publicar La democracia de propietarios. Fondos de inversión, rentismo popular y lucha por la vivienda, un libro en el que ahonda en la alianza entre el gran capital inmobiliario y unos pequeños rentistas que tienden a compartir los intereses, miedos y calculos políticos de los grandes acumuladores, así como en las estrategias para lograr un crecimiento e intensificación del movimiento por el derecho a la vivienda. Este viernes lo presenta a las 19h en la librería y centro social Cambalache, de Oviedo/Uviéu, invitado por Viento Sur.

La apuesta por el alquiler

Para Carmona el desmadre de los precios del alquiler tiene que ver con una “apuesta política” posterior a la crisis de 2008 por fomentar el mercado del alquiler en España. Si la política tradicional en España había sido el fomento de la vivienda en propiedad, una idea resumida en la frase del ministro franquista José Luis Arrese, “un país de propietarios, no de proletarios”, desde 2013 la estrategia parece haber sido otra: apartar a los trabajadores más pobres del acceso al crédito hipotecario y hacer del alquiler el nuevo gran negocio inmobiliario. El endurecimiento del acceso a las hipotecas, la paralización de la construcción de vivienda pública, con un parque ya muy raquítico de por sí en España, o la turistificación de muchas ciudades, con la consiguiente expulsión de vecinos de los barrios más turísticos, coexistieron con una compra masiva de viviendas destinadas al alquiler. Casi un millón de desahucios durante la crisis hicieron pasar estas casas a fondos de inversión o propietarios particulares. Estos apostaron por reconvertirlas en pisos para el alquilar permanente o vacacional. Mientras quienes podían permitírselo compraban barato entre los saldos y stocks de la crisis del ladrillo, las clases populares sin patrimonio inmobiliario familiar, los sectores mas pobres de la clase trabajadora, eran arrojados a un mercado del alquiler sin regulación, una auténtica anomalía democrática siendo la vivienda un derecho recogido en la Constitución.

Concentración de afectados por los retrasos en el pago de las ayudas asturianas al alquiler. Foto: Iván G. Fernández

En la actualidad, en plena burbuja del alquiler, las rentas más bajas están pagando entre un 30% y un 50% de sus ingresos a sus caseros. Para Carmona nada de esto ha caído del cielo, y si los propietarios pueden alquilar su piso de 65 metros cuadrados por 900 euros “es porque alguien ha tomado decisiones políticas y modificado el marco legal”.

“No vas a tener una casa en la puta vida”

Durante los años de la burbuja inmobiliaria el movimiento por el derecho a la vivienda acuñó el lema “No vas a tener una casa en tu puta vida”. Aquella profecía está hoy más cerca que nunca de cumplirse. El investigador y activista estima que entre un 20% y un 30% de la población carece de los ingresos y avales necesarios para hipotecarse con la compra de un piso, mientras que otro 20% de los hogares, que sí aspira a una vivienda en propiedad, tienen serias dificultades para pagar sus hipotecas. La suma de estos porcentajes permite a Carmona hablar de un problema de la vivienda estructural y explosivo si la economía se enfría, el empleo se resiente y los que tienen menos ingresos dejan de poder pagar sus alquileres o hipotecas.

El investigador y activista Pablo Carmona.

¿Vivienda pública?

El pasado mes de mayo, Pedro Sánchez anunciaba medidas para aumentar el parque público de alquiler de vivienda en España e igualarlo con la media europea. Entre ellas la construcción de miles de viviendas públicas en terrenos del Ministerio de Defensa. La fábrica de La Vega en Oviedo/Uviéu es uno de los emplazamientos para acoger centenares de estas, algo que choca con la oposición del movimiento por la conservación del histórico conjunto fabril. Carmona se muestra escéptico con algunos de los recientes anuncios, y cree que la apuesta por la construcción de vivienda pública tiene que ver sobre todo con un agotamiento del mercado inmobiliario necesitado de rescate por parte del Estado. Vivienda pública en manos de empresas privadas.

Fábrica de La Vega, en Oviedo/Uviéu. Foto: Alisa Guerrero

Para Carmona la fórmula escogida para las nuevas viviendas será “la misma que la de los hospitales privados”: suelo público, gestión privada. “Estamos hablando de alquileres más asequibles, pero que no todo el mundo podrá pagar, ya que hay empresarios privados que deben ganar con los inquilinos” señala Carmona, que pone también el foco en los desahucios que se producen en edificios públicos. Para el investigador, pueden ser viviendas que se lo pongan más fácil a las clases medias-bajas, pero que dejarán fuera a los sectores “más proletarizados”, que tendrán que buscarse la vida en la jungla de la oferta de alquiler dirigida a los pobres.

En opinión del autor de “La democracia de propietarios”, el movimiento por la vivienda “tiene posibilidades de lanzarse a la ofensiva”. La clave, una alianza entre inquilinos e hipotecados en apuros. Eso sí, advierte, “esto no es una lucha entre el 99% y el 1% más rico”, sino una disputa sociopolítica más compleja, con muchos sectores intermedios, y en la que amplios sectores de las clases medias propietarias piensan como si fueran grandes especuladores: “Nos encantaría vivir una gran revolución de una mayoría social contra esa minoría más poderosa, pero la crisis siguiente se va a parecer más a quién se queda y a quién cae de esa clase media”.

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