Volantazo de última hora en el Ayuntamiento de Oviedo. El Gobierno de Alfredo Canteli ha tenido que dar marcha atrás a sus planes de que el Pleno votara y aprobara el Convenio de La Vega en la mañana del viernes. Un nuevo texto, que incluye explícitamente la proyección de vivienda pública, deberá pasar por la comisión para elevarlo al pleno ordinario de septiembre, así lo confirmaron tanto Nacho Cuesta, teniente de alcalde y concejal de Planeamiento Urbanístico, como el propio regidor.
Es la cláusula que preveía la construcción de vivienda pública, o su ausencia, la que motivó los quebraderos de cabeza de los ediles ovetenses: el Ministerio de Defensa había remitido un texto en el que la cesión del suelo se hacía a cambio del aprovechamiento urbanístico de carácter privado. O lo que es lo mismo, el departamento dirigido por Margarita Robles no reconocía el acuerdo estatal impulsado por el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana.
El acuerdo que estaba a punto de votarse, y que había pasado por la Comisión de Urbanismo, no recogía las viviendas públicas enmarcadas en el Plan de Vivienda Asequible del Gobierno de España y que estarían localizadas en la Fábrica de Armas. Esto, sumado al plazo de alegaciones, que se habría desarrollado en el mes de agosto, llevó a la oposición a desmarcarse de la iniciativa.
Los grupos políticos de la izquierda, el PSOE y Convocatoria por Oviedo-IU, habían solicitado el aplazamiento, aunque sus posturas eran ligeramente distintas. Mientras los de Carlos Llaneza habían comunicado al alcalde que votarían en contra, la coalición liderada por Gaspar Llamazares se había abstenido con la intención de modificar el texto a través de una enmienda. Los dos partidos han celebrado la retirada de esta votación del orden del día.
La plataforma Salvemos La Vega, que convocó una concentración frente a la Casa Consistorial con la previsión de que en el Pleno se votara el Convenio, criticó no solo el contenido del acuerdo, también los tiempos, que dificultarían la participación ciudadana. En la concentración reprobaron la postura de Izquierda Unida con el grito “Vamos, Gaspar, abstente un poco más”.
El día anterior, el colectivo vecinal había entregado “6000 firmas más” contra un Convenio que entienden lesivo para los intereses del concejo, al no conservar la integridad del conjunto histórico de La Vega y abrir la puerta a la especulación urbanística. En la concentración participaron integrantes de Podemos Asturies, incluida la diputada Covadonga Tomé, el PCTE y el sindicato CGT, entre otros.
Otros puntos calientes para Salvemos La Vega son el “vial de penetración paralelo a la nave de Cañones” que separaría dicho inmueble del resto del conjunto, el derribo del parque Ángel Cañedo y la falta de las catas arqueológicas que diluciden si existen restos de la antigua monarquía asturiana, lo que imposibilitaría cualquier construcción en el área.
Según declaraciones a medios por parte de Cuesta, la decisión definitiva e in extremis de aplazar el debate y la votación se debió a la recepción de un nuevo acuerdo. Fuentes implicadas en el proceso explican que detrás estaría la labor coordinada del Gobierno del Principado y la Federación Socialista Asturiana.
Durante las últimas semanas, el gobierno municipal habría estado negociando esta nueva propuesta con el Ministerio de Defensa y responsables de Convocatoria por Asturies, la coalición a la que pertenece Ovidio Zapico, quien asume las competencias autonómicas en la materia. En las negociaciones habría mediado la diputada socialista Adriana Lastra y habrían estado moderadas por el consejero Alejandro Calvo, de quien hasta ahora había dependido Ordenación del Territorio.
Previsiblemente, el nuevo convenio se votará el 5 de septiembre, en el primer pleno ordinario del curso político, tras haber pasado por comisiones a finales de agosto.
