Tras las elecciones del 28 de mayo y con un gobierno de coalición integrado por el PSOE y Convocatoria por Asturias, se abre una legislatura de progreso, marcada por un fuerte carácter reformista que, el pasado martes, en el encuentro del Presidente del Gobierno asturiano Adrián Barbón y los 74 alcaldes de los 78 municipios, ya dio signos de iniciar un proceso de profunda cohesión política y territorial apostando por el municipalismo. La experiencia local que acumula Barbón como regidor de Laviana dota al gobierno de una sensibilidad especial a la hora de afrontar las demandas de los Ayuntamientos asturianos y serán estos quienes actúen como uno de los vectores que decidan el devenir de la comunidad en los próximos cuatro años.
Dinamismo económico, cohesión territorial y estabilidad social serán los aspectos a tener en cuenta en la Asturias que vendrá con la incorporación de Ovidio Zapico en el ejecutivo asturiano. Los dos partidos, con el apoyo de Covadonga Tomé desde el parlamento, aportarán estabilidad política y social a una economía y unas instituciones que requieren de una reforma valiente de su administración así como una movilización importante de recursos para dotar de garantías, dinamismo y eficacia a las políticas sociales de este gobierno, políticas que tendrán también una impronta municipalista. No es casual que esta semana, la concejala socialista Natalia González Peláez instase al gobierno de Carmen Moriyón a la elaboración de un nuevo Plan de Acción Social orientado hacia el envejecimiento y las personas que viven en soledad. Los socialistas de Gijón apuntan a uno de los problemas estructurales de la sociedad asturiana: su envejecimiento y el débil escudo social que en estos momentos la protege.
Otro de los objetivos de esta legislatura comprometerá a los sindicatos, que han velado por preservar el sector industrial de nuestra comunidad a lo largo de las últimas décadas. La descarbonización de Arcelor, su adaptación a las nuevas exigencias europeas, ya ha sido garantizada por el gobierno de Pedro Sánchez con la aportación de 425 millones de euros que no tardarán en ejecutarse. El empleo que produce la industria sigue siendo hoy el más estable, el que mejores condiciones salariales ofrece a los trabajadores asturianos y el que más garantías de futuro presenta a la economía asturiana. Desde ese enfoque, conviene que Adrián Barbón mantenga sincronizado su gobierno con el que salga en octubre del Congreso de los Diputados. El puente aéreo permitirá a la comunidad tener una ventaja política e institucional en aspectos colaterales como las infraestructuras que serán determinantes para dar un nuevo impulso a la industria. El vial de Jove, el corredor atlántico, la llegada del Ave, la mejora de las cercanías o la regasificadora instalada en el puerto de El Musel exigirán la mayor complicidad posible con el gobierno de Sánchez. En unos casos para dar garantías en la ejecución de las inversiones, en otras para galvanizar que el funcionamiento de las ya existentes potenciarán el desarrollo comercial de las industrias instaladas en nuestro territorio.
Asturias está inserta en un nuevo cambio de ciclo, que se ha ido verificando desde que Pedro Sánchez convocase las elecciones generales del pasado 23 de julio. Es importante recordar la razón por la que estos últimos comicios se anticiparon. Como afirmó el presidente a sus diputados en el Congreso de los Diputados, un día después de anunciar la convocatoria tras el fracaso de las locales y autonómicas, estaba claro que los ciudadanos debían decidir qué país querían tener durante los próximos cuatro años. Y los españoles decidieron que quieren un gobierno de progreso antes que un gobierno reaccionario. En Cataluña, además, se votó otra cosa: la distensión. Y en ese contexto donde los partidos nacionalistas e independentistas tendrán un protagonismo extraordinario para que Sánchez pueda ser presidente y gobernar, a Asturias se le abre la oportunidad de profundizar en su Estatuto de Autonomía.
Aprendida la lección del pasado más reciente, tras el fracaso de la negociación abordada al término de la pandemia, si Sánchez es capaz de garantizar una legislatura estable, algo que no se puede afirmar con rotundidad pero tampoco rechazar antes de que haya comenzado, no es descabellado proponer al gobierno de coalición del PSOE y Convocatoria por Asturias que acepte entregarse a ese reto. Si en la anterior legislatura, la reforma del Estatuto fue la excusa para abordar la cooficialidad del asturiano, en esta, la necesidad de un gobierno dotado de nuevas fuentes normativas que sirvan para agilizar su gestión y la asunción de nuevas competencias financiadas y verdaderamente útiles para los ciudadados, exigen de una reforma de la principal norma de nuestra comunidad, una reforma que debe ser abordada desde nuestra identidad como asturianos, inspirada por nuestra historia, el mestizaje, la solidaridad y la modernidad en todos los órdenes de nuestra vida. Para ello, el gobierno cuenta con los estudios que se emprendieron durante la presidencia de Vicente Álvarez Areces, inserta en la segunda y tercera ola de reformas estatutarias que vivió nuestro país y de la que se descolgaron el Principado de Asturias y Madrid. En aquellos cinco volúmenes se recogen aquellas materias que nuestra comunidad debería gestionar y sobre las que debería decidir. Mucho ha llovido desde entonces y nada es exactamente igual a aquel periodo, pero es un buen punto de partida, marcado por la senda de la institucionalidad y el diálogo político de los partidos con representación parlamentaria. En un contexto político en el que España será más europea y, sobre todo, más federal, se abre un horizonte histórico que conecta con el nuevo ciclo político que viviremos todos los españoles a partir de octubre y que, en el fondo, no deja de ser el camino que decidimos el pasado 23 de julio.
