PSOE e IU escenifican sus diferencias sobre la Ley de Calidad Ambiental

La normativa, cuestionada por izquierda, sindicatos y ecologistas, fue pactada por el anterior gobierno socialista con los grupos de derechas.

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Redacción Nortes
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Te contamos lo ocurrido centradas en la periferia.

PSOE e IU han escenificado este miércoles sus diferencias sobre la Ley de Calidad Ambiental, la norma aprobada la pasada legislatura con el apoyo de los grupos de la derecha. Lo han hecho en la comparecencia de la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, que ha asegurado que existe un acuerdo de gobierno, entre el PSOE e IU-Convocatoria por Asturies, para que el desarrollo reglamentario de la Ley de Calidad Ambiental se aborde con el “máximo consenso”.

La ley, aprobada en la pasada legislatura por el PSOE con el apoyo de los grupos de derecha, ha sido muy cuestionada por CCOO, cofradías de pescadores, ecologistas, Podemos e IU, que consideran que rebaja de manera muy sensible los controles públicos y medioambientales en el Principado.

Roqueñí ha garantizado que la norma se aplicará de forma “eficaz y eficiente” y ha avanzado que conllevará la creación de una unidad de apoyo técnico para asesorar a los ayuntamientos sobre los cambios que introduce.

Según ha subrayado, el desarrollo de la ley permitirá compatibilizar la transformación industrial y la ejecución de nuevos proyectos de inversión “sin poner en riesgo los valores medioambientales de Asturias”.

Por su parte, la diputada de IU Convocatoria por Asturies, Delia Campomanes, ha asegurado en la Comisión de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico que la controvertida ley de calidad ambiental será retocada en su fase de reglamento, en consonancia con los acuerdos de legislatura alcanzados por su formación y la Federación Socialista Asturiana. La ley de calidad ambiental, ha dicho Campomanes, “sí se tiene que tocar, señora Consejera, porque la lucha contra la burocracia no puede ser una excusa para justificar la desregulación, el desplome del control público y la liberalización del medioambiente”.

“Para un gobierno de izquierdas, los intereses particulares deben estar siempre supeditados al interés general. Por eso hemos acordado pactar el desarrollo normativo de la Ley de Calidad Ambiental, así como futura iniciativa normativa en esa materia” ha señalado Campomanes.

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