Las conclusiones de la Sindicatura de Cuentas en su informe sobre el salario social básico son claras y meridianas. Es una buena política que se está ejecutando mal, fundamentalmente por la falta de recursos de la administración: personal y herramientas tecnológicas adecuadas para agilizar el cobro de una ayuda de la que dependen miles de asturianos para llevar una vida digna.
Tan grave como los problemas para cobrar el salario mínimo, es el hecho de que miles de personas, cumpliendo los requisitos, no lo estén solicitando. El organismo fiscalizador de la administración autonómica da datos que arrojan mucha luz sobre lo limitado del alcance de nuestro ingreso mínimo: en 2021, el Principado de Asturias destinó casi 104 millones de euros a pagos en nóminas del salario social y el total de personas beneficiarias ascendió a 37.328, una tasa de cobertura del 18 por ciento de las que en ese ejercicio estaba en riesgo de pobreza. Aunque la Sindicatura matiza que puede que haya personas que no solicitan el salario porque perciben el Ingreso Mínimo Vital, está claro que todavía falta para que Asturies se iguale con el País Vasco y Navarra, las comunidades que mejor gestionan sus rentas mínimas.
El informe de la Sindicatura de cuentas da la razón a las entidades sociales, que llevan años denunciando que el problema no está en supuestos gorrones que quieran vivir del cuento, sino en una administración colapsada. En lugar de poner el foco en los problemas burocráticos, durante la pasada legislatura la consejera Melania Álvarez y el presidente Adrián Barbón se equivocaron alimentando la sospecha sobre los receptores de la ayuda. “El mensaje de Vox va calando incluso entre los socialistas”, tuiteó entusiasmado Ignacio Blanco, ex portavoz de la ultraderecha en el parlamento asturiano.
La “guerra contra la burocracia” anunciada por Barbón sólo parece a día de hoy orientada a facilitar las cosas a los empresarios, incluso a costa de reducir controles medioambientales, como se dibuja en la Ley de Calidad Ambiental aprobada la pasada legislatura con los votos de las derechas y el aplauso de patronal y Cámara de Comercio.
La modernización y racionalización de la administración autonómica no debería ir de vías rápidas para emprendedores e infiernos burocráticos para pobres, sino de ofrecer una atención rápida y eficaz al ciudadano: tanto para abrir una peluquería como para recibir un ingreso mínimo.
