Asturies tiene un 20% de personas en la pobreza o en riesgo de exclusión social. Una cifra que se ha reducido en los últimos años, pero que sigue afectando a una amplia capa de la población que se beneficia en muy poca medida de las diferentes ayudas sociales puestas en marcha por la administración pública. Un ejemplo, el bono social para la luz y calefacción. Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, señala que más de la mitad de las familias asturianas que tienen derecho a solicitarlo no lo hacen por falta de información o porque los trámites le resultan muy complicados. “En España debería pasar como en otros países europeos. Si el Estado tiene toda la información de los ciudadanos debería ingresarles automáticamente las ayudas económicas de emergencia a quien cumpla los requisitos, y no esperar a que la gente lea el BOE y las solicite. El Ingreso Mínimo Vital debería estar gestionándose así. Las ayudas de emergencia necesitan que su impacto sea inmediato” señala Alonso.
En otros casos las ayudas se solicitan, se conceden, pero no se ingresan a sus beneficiarios. Es lo que pasó con las subvenciones al alquiler de 2021. El retraso de más de un año en el pago de las ayudas llevó a la movilización de los afectados, parte de los cuales tuvieron que abandonar sus pisos ante la imposibilidad de seguir pagando las rentas.
El salario social asturiano es otra de esas ayudas cuyo atasco burocrático lleva años reduciendo la eficacia de una medida que en palabras de Héctor Colunga, de la Fundación Mar de Niebla, “ha hecho que en Asturias la pobreza severa sea menor que en otras comunidades”. Las organizaciones del tercer sector llevan años demandando más medios para agilizar la respuesta a las solicitudes de esta ayuda, así como para trabajar en la inserción social de sus beneficiarios.
Un reciente informe de la Sindicatura de cuentas ha dado la razón a las entidades sociales, que llevan años denunciando que el problema del salario social asturiano no está en supuestos gorrones que quieran vivir del cuento, sino en una administración colapsada.
Un reciente informe de la Sindicatura de cuentas ha dado la razón a las entidades sociales
El organismo fiscalizador de la administración autonómica da datos que arrojan mucha luz sobre lo limitado del alcance de nuestro ingreso mínimo: en 2021, el Principado de Asturias destinó casi 104 millones de euros a pagos en nóminas del salario social y el total de personas beneficiarias ascendió a 37.328, una tasa de cobertura del 18 por ciento de las que en ese ejercicio estaba en riesgo de pobreza. Aunque la Sindicatura matiza que puede que haya personas que no solicitan el salario porque perciben el Ingreso Mínimo Vital, está claro que todavía falta para que Asturies se iguale con el País Vasco y Navarra, las comunidades que mejor gestionan sus rentas mínimas.
Para Héctor Colunga el informe debería obligar a una fuerte revisión del salario por parte del Principado: “si el 70% de las solicitudes requieren subsanación de errores esto es una prueba de que la ayuda no es fácil, accesible ni sencilla”. Según el director de Mar de Niebla no sólo hay un problema en la concesión de la ayuda económica, sino también en todo lo que la rodea, o debería rodearle. Para Colunga está fallado el acompañamiento a las personas beneficiarias de las ayudas, que deberían tener “planes personalizados de inserción social”.
Para José Manuel Zapico “el salario social es un gran instrumento para evitar que las personas caigan en la pobreza más severa”. En opinión del líder de CCOO el salario social es positivo para la economía y no desincentiva la búsqueda de empleo. El secretario general del sindicato considera que “después de 18 años de salario social el gobierno de Adrián Barbón debería ser más ambicioso, mejorando las cuantías y recursos para atenderlo, pero también asumiendo las competencias del Ingreso Mínimo Vital”. Para Zapico la guerra contra burocracia que predica el gobierno asturiano debería llegar a las políticas sociales: “no es de recibo que las empresas cobren las facturas de la administración en días, mientras hay ciudadanos que tardan años en que se les ingresen las ayudas al alquiler”.
La conclusión final de organizaciones y Sindicatura de Cuentas es muy parecida: garantizar derechos sociales del siglo XXI requiere una administración más moderna, digitalizada y dotada de personal suficiente.
