Un expresidente boliviano acusado de genocidio es propietario de una mina en Asturias

Gonzalo Sánchez de Lozada, que recientemente accedió a indemnizar a las familias de los indígenas asesinados, controla la sociedad panameña que extrae oro, plata y cobre de la mina de El Valle-Boinás

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Bernardo Álvarez
Bernardo Álvarez
Graduado en psicología y ahora periodista entre Asturias y Madrid. Ha publicado artículos en ABC, Atlántica XXII, FronteraD y El Ciervo.

Una investigación de Investigative Europe, un equipo transfronterizo de periodistas, ha indagado en el accionariado de las minas de materias primas críticas en España. El artículo, que ha sido publicado en InfoLibre, revela quiénes están tras la propiedad de las 23 empresas clave de la nueva minería en nuestro país. En la investigación salen a relucir los intereses mineros de grandes fondos o bancos de inversión (Blackrock, HSBC, Oaktree, BNP Paribas), del Estado chino o de empresarios venezolanos que figuran también en los Papeles de Panamá.

La única explotación asturiana que aparece en el artículo es la mina de El Valle-Boinás, situada en el concejo de Belmonte de Miranda y de la que se extrae cobre, plata y oro. La mina cuenta con un largo historial de infracciones ambientales (vertidos de metales pesados al río Cauxa, tal y como recoge el Observatorio Ibérico de la Minería) y vulneración de derechos laborales (sus trabajadores se encuentran ahora mismo en huelga indefinida).  Según ha podido establecer Investigative Europe, la sociedad propietaria de esta mina es la canadiense Orvana Minerals Corp., que a su vez tiene como accionista mayoritaria a la empresa panameña Andean Resources SA.

Mina El Valle-Boinás  FOTO: Coordinador Ecoloxista d’Asturies

Sobre esta sociedad panameña se lee en el reportaje que “fue fundada en 1980 y ha estado controlada siempre por Gonzalo Sánchez de Lozada, dos veces presidente de Bolivia. Fue derrocado en 2003 por el levantamiento popular tras “la masacre de octubre”, en la que fueron asesinadas más de 60 personas” y 400 resultaron heridas. La mayoría de las muertes ocurrieron en la ciudad de El Alto, cuyos habitantes son indígenas aymaras o descendientes de ellos. Tras los hechos, Sánchez de Lozada se fugó a Estados Unidos, que se negó a extraditarlo después de que la Fiscalía boliviana lo acusara de genocidio, un delito por el que podría enfrentarse a 30 años de cárcel en caso de volver a su país. Por su papel en las ejecuciones de 2003, en 2011 fueron condenados en Bolivia cinco comandantes militares que dependían de Sánchez de Lozada y Sánchez. El expresidente y su exministro fueron imputados, pero no pudieron ser juzgados en ausencia.

En Andean Resources han ocupado cargos directivos tanto el propio expresidente boliviano como su padre, un hermano y su hija, Alexandra.

Gonzalo Sánchez de Lozada

En abril de 2018, un jurado civil de Estados Unidos declaró al expresidente “responsable” de las ejecuciones extrajudiciales de indígenas acaecidas en 2003. Sánchez de Lozada fue el primer expresidente latinoamericano en ir a juicio y ser declarado responsable en Estados Unidos por abusos de derechos humanos.

Este pasado mes de septiembre, Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa de Bolivia, José Carlos Sánchez, sellaron un acuerdo extrajudicial con las familias de ocho indígenas que murieron en las protestas y aceptaron pagar una indemnización por daños y perjuicios poniendo fin a un proceso judicial de 16 años. La cantidad de la indemnización y los detalles del acuerdo no fueron revelados por ninguna de las partes.

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