¿Alguien ha visto o leído a algún especialista en patrimonio industrial, o en patrimonio en general, defender el Pacto de La Vega? ¿Alguien ha visto a especialistas en urbanismo o en derecho administrativo, no contratados por los interesados, defender esa operación como expresión del interés general? ¿Alguien ha oído aplaudirla a los representantes del tejido asociativo? Qué curioso ¿verdad?
“Venceréis pero no convenceréis”, decía un profesor tan moderado como Unamuno cuando los sublevados franquistas querían hacerle comulgar con ruedas de molino. Y es que cuando el poder político y económico, en cualquiera de sus versiones (con votos o sin votos), se ejerce de espaldas a la razón, a la opinión y al interés general no puede contar más que con el apoyo explícito de los profesionales a sueldo, los intelectuales orgánicos y los medios afines, lo que alcanza para imponer su voluntad, pero queda muy deslucido desde el punto de vista argumental. Cosa que el poder no soporta y por eso desata la ira y la caza de brujas.
¿Nadie en la izquierda municipal ha leído las diáfanas explicaciones de Marx, Engels, Lefebvre o Harvey sobre e funcionamiento del negocio inmobiliario?
Parece que esto es lo que está pasando en Oviedo cuando en las últimas semanas vemos salir, uno tras otro, a los representantes políticos municipales y autonómicos (y de manera redoblada a los de la izquierda) intentando convencer de las bondades de un acuerdo que, por otra parte, aún no han tenido ni la valentía ni la cortesía de hacer público. Y así, de manera preventiva y adelantándose a las reacciones que puedan ir surgiendo cuando por fin se conozca el contenido del convenio que aprobaron el día de los Santos Inocentes, van autocalificándose como adalides del progreso, de la discreción y de la cultura del pacto mientras colocan en el patíbulo del escarnio público a los defensores de la conservación de La Vega: los del frente del no, los intolerantes marginales que solo siembran dudas y esparcen su veneno egocéntrico, los manipuladores populistas con sus trasnochadas posturas destructivas, etc., etc.
“Y sin embargo se mueve”, susurraba por lo bajo Galileo Galei cuando lo condenaron también por decir la verdad. Aunque no tengan la valentía de reconocerlo, El Pacto de La Vega, como el Pacto del Duernu (con sus Vascos, Calatravas, Niemeyeres, Metrotrenes y Montepíos) o cualquier otro pacto urdido de espaldas a la ciudadanía para la apropiación del patrimonio público y su reparto entre los agentes allegados al poder reedita, bajo formas protocolarias y procedimentales adaptadas a las actuales circunstancias, el mismo mecanismo de especulación urbanística que se viene utilizando en España desde tiempo inmemorial: recalificar terrenos para aumentar su valor de mercado, generar plusvalías engrosadas con inversiones públicas y traspasarlas al sector privado. ¿Nadie en la izquierda municipal ha leído las diáfanas explicaciones de Marx, Engels, Lefebvre o Harvey sobre e funcionamiento del negocio inmobiliario? ¿Sobre el valor de uso y el valor de cambio? Son cuestiones de primero de primaria en el urbanismo social.
Que el Pacto de La Vega sacrifica la unidad de un conjunto histórico-industrial único en España, adulterándolo con derribos, tráficos antes inexistes y nuevas construcciones del tipo que sean, es innegable (tanto como el movimiento que Galileo observaba en las lunas de Júpiter), como lo es la responsabilidad de todas las administraciones en el deterioro y la ruina de los bienes públicos que incluye. Tan verdad como lo es que quienes, en la pasada legislatura, cuando estaban en la oposición, defendían en La Junta la declaración de La Vega como Bien de Interés Cultural para preservar su valor patrimonial han abandonado ahora, que están en el gobierno, aquella posición para abrazar la idea de que sin protección del patrimonio, participación pública y transparencia en la gestión urbanística se puede implantar, comenzando por La Vega, “un nuevo modelo de ciudad y de sociedad”. Va a ser que no.
