A río revuelto ganancia de pescadores. La huelga en la ITV se ha convertido en la excusa para abrir el debate sobre la privatización del servicio técnico de inspección de vehículos, 100% público en Asturies, una rareza en un mapa autonómico en el que la empresa privada ha entrado con fuerza en el sector. El grupo parlamentario de Vox registrará una iniciativa en la Junta General del Principado, que se añadirá a la anunciada por el PP, para modificar el modelo de gestión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y dar entrada a las empresas privadas en un ámbito en el que, hasta ahora, solo opera la sociedad pública ITVASA. Sólo en Andalucía se da una circunstancia similar.
Fue Adrián Barbón, el primero en insinuar la posibilidad de una privatización parcial del servicio si el conflicto laboral no encontraba resolución, y por esa puerta entreabierta por el presidente autonómico se han ido colando uno a unos los distintos grupos de la derecha asturiana. Para Barbón el Principado ya ha hecho concesiones a los empleados, a los que ha acusado de tener una productividad muy baja con respecto a sus homólogos de la ITV andaluza.
El secretario general y diputado de Foro, Adrián Pumares, ha asegurado este lunes que “no sería ningún drama” que la inspección técnica de vehículos “se abra a la competencia” como sucede en otras comunidades porque los asturianos no pueden ser “rehenes” de este conflicto laboral.
Los trabajadores del servicio llevan desde noviembre reclamando medidas como la reducción de la jornada semanal a 35 horas, el aumento de la plantilla y una revisión de las clasificaciones profesionales. Por ahora ninguno de los acercamientos entre comité de empresa y Principado ha logrado resolver el conflicto laboral.
IU-Convocatoria por Asturies, socio de gobierno de Barbón, se ha ofrecido como escudo frente a una privatización que no se plantea “ni como hipótesis” y ha pedido desligar la resolución del conflicto del debate sobre el modelo de ITV. También Covadonga Tomé socia parlamentaria de la coalición se ha manifestado contra la privatización, calificándola de contradictoria con el espíritu de un gobierno progresista.
