Las noticias -y también los silencios- en torno al lobo en los medios de comunicación siguen determinados ciclos y patrones. Los ciclos electorales, por ejemplo, marcan algunos de estos hitos. En ese contexto podemos entender algunas de las manifestaciones de la presidenta de la Comisión Europea ante la proximidad de las próximas elecciones comunitarias. Diferenciar entonces lo que es producto de intereses impropios de una reflexión y discusión sobre un problema es el primer paso para entender el marco. Al calor de lo primero se hacen afirmaciones fantásticas como que “los lobos son un peligro potencial para las personas”. Poco importa lo falso de esas manifestaciones, de lo que se trata es de agitar imaginarios que reafirmen y revaliden a la opinión pública en la maldad intrínseca de la especie, como si pudiéramos investir a esos animales de los valores éticos con los que nosotros, los humanos, nos medimos.
Pero no hay que irse a Bruselas. En los titulares de periódicos asturianos podemos encontrar llamadas de alarma sobre la presencia de lobos arañando las puertas de colegios y guarderías, amenazando a inocentes criaturas, o en las inmediaciones de nuestras ciudades, donde peatones incautos ignoran que el peligro está ahí mismo, acechando detrás de la marquesina del autobús.
En los titulares de periódicos asturianos podemos encontrar llamadas de alarma sobre la presencia de lobos arañando las puertas de colegios y guarderías
De la misma manera que la agitación de esos miedos imaginarios forma parte relevante de esas crónicas y noticias, los silencios de muchos -gobiernos municipales, sindicatos agrarios, partidos políticos- ante lobos colgando de puentes o decapitados en las escaleras de un ayuntamiento donde se celebra un Consejo de Gobierno, contribuyen igualmente al ruido ensordecedor que acompaña al tema. Las pocas condenas sobre estos casos de actividad criminal intimidatoria han estado siempre acompañas de apostillas explicativas que no explican nada y que, aunque dicen no justificar, justifican. Actividad criminal que ya existía antes de la inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y que en el caso de Asturias alcanza una magnitud y violencia sin igual.
Una reflexión y discusión seria sobre el “problema del lobo” tiene que situarse en el conflicto que surge entre los diferentes intereses que nosotros, los humanos, tenemos. Intereses que podemos simplificar entre aquellos relacionados con la conservación de la naturaleza -entendida en la crisis de biodiversidad y climática en la que estamos- y los intereses de la actividad ganadera -entendida como parte de un sistema de producción de alimentos-. Vamos a aparcar en esta columna si consideramos igualmente lícitos los intereses de conservación y los representados por el sector ganadero. En cualquier caso, es necesario reconocer la necesidad de establecer compromisos que minimicen ese conflicto.
Lo primero que hay que dejar claro es el acuerdo de la comunidad científica en la inclusión del lobo en el LESPRE. La unanimidad del Comité Científico que asiste a las Comunidades Autónomas y al Ministerio de Transición Ecológica en el dictamen que recomendó la inclusión del lobo en el Listado y la posterior carta de mas de 300 investigadores en apoyo y defensa de ese dictamen ante las ofensas e insultos sufridos por los miembros del dicho Comité así lo muestran.
Lo segundo es centrar el debate en aquellos aspectos que forman parte del núcleo del problema. Y el núcleo del problema no es cuántos lobos hay. Las referencias recogidas en diferentes noticias y documentos sobre la necesidad de contar con censos de la especie -llamada de la Comisión Europea a la que hacíamos referencia anteriormente, invocaciones recientes del Secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán, o ya en el ámbito regional asturiano el reciente documento de Izquierda Asturiana- sitúan el foco fuera de la cuestión central: los daños a las explotaciones ganaderas. Y es en este tema cuando comenzamos a tener algunas limitaciones a la hora de hacer un diagnóstico. En primer lugar, por la falta de información fiable y completa sobre la cuestión. Recientemente la revista Science publicaba una carta de científicos de diferentes instituciones europeas en la que señalan los obstáculos en el acceso a la información y los diferentes formatos existentes que derivan en dificultades de análisis y diagnóstico. También en este caso podemos poner como ejemplo cercano y reciente el fallo del TSJA recriminando al gobierno del Principado de Asturias que impida a una asociación conservacionista (ASCEL) acceder a información sobre la gestión de la especie. La necesidad de tener información fiable es el primer requisito para hablar de cualquier tema, particularmente si en ese tema, como es el caso, saltan chispas.
Pero aún a falta de esa información fiable, tenemos algunos elementos que pueden servir para conocer un marco general del problema. En primer lugar, siendo conscientes de la grave dificultad que pueden suponer los daños para algunas explotaciones concretas, situar el problema en el contexto de la viabilidad de “todo” el sector ganadero es un insulto a la inteligencia: hablar de que unos millones de euros para el abono de daños en España ponen en riesgo la actividad, sonroja -hablamos de entre 4-8 millones en toda España, dependiendo de cómo se hagan las cuentas; menos de un millón en Asturias-.
Pero hablemos también del pago de daños. El sistema de pago en Asturias no ha sufrido variaciones reseñables desde hace casi 40 años. La reciente actualización del baremo de daños del Principado de Asturias, recogido en el BOPA en enero de 2024, nada dice sobre pagos condicionados al cuidado y atención de las explotaciones. Llevamos casi medio siglo pagando daños sin considerar si las explotaciones ganaderas cuidan y atienden su actividad de manera adecuada. Muchas lo hacen, otras no. La última vez que el Principado de Asturias convocó ayudas específicas a las explotaciones para sistemas de protección y defensa fue en 2016.
De estas cosas hay que hablar si queremos tener un debate serio sobre el tema. Es necesario discutir sobre si matar lobos ha sido una herramienta eficaz para reducir los ataques al ganado. El análisis de los propios datos oficiales de Asturias sobre cómputo de daños y número de lobos abatidos mostraron que las afecciones al ganado se correlacionaban positivamente con el número de lobos abatidos durante el año anterior. Estos resultados publicados en una revista científica ya en 2016 coinciden con los observado en otros trabajos: reducir los daños al ganado a costa de matar lobos solo puede lograrse acabando con estos, matando todos los lobos. O bien abordando de manera seria las medidas de protección y custodia de las explotaciones ganaderas.
Y para terminar, sin abandonar ese contexto regional asturiano, queremos llamar la atención a esa desaparición de las diferencias entre izquierdas y derechas en este tema: la coincidencia entre los postulados expresados en su reciente documento por Izquierda Asturiana -formación que se dice verde en sus redes sociales- son prácticamente idénticos a los de PSOE, Foro, PP y Vox. Al fin y al cabo, ha sido la petición publicada por Izquierda Asturiana -incrustada por cierto en Sumar- de sacar al lobo del LESPRE la que ha motivado este escrito. Esperamos que la concordancia del gobierno asturiano, heredada de la anterior legislatura, con comunidades vecinas gobernadas por la derecha (Galicia y Cantabria) o derecha/ultraderecha (Castilla y León) en un enfrentamiento con el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera no se mantenga en el actual gobierno de coalición PSOE/IU y se rectifique.
- El naturalista Ernesto Díaz firma también este artículo
