La década de 1930 contempló una gran crisis económica, seguida por grandes conflictos bélicos que devastaron el continente europeo. Tras las guerras, la mayor parte de los gobiernos crearon empresas en ramas donde se requería mucho capital, pero la iniciativa privada vacilaba, caso de siderúrgicas, fuentes de electricidad (embalses, centrales térmicas) y grandes astilleros. La reticencia del capital privado procedía de la cuestionable rentabilidad de tales iniciativas, ya que se asentaban en tecnologías maduras donde se esperaban pocos avances; además, tales ramas estaban muy sindicalizadas. Pese a ello, los Estados apoyaron estas industrias porque su funcionamiento aportaba bienes básicos al conjunto de la economía y la independizaba respecto a vaivenes externos, como los sufridos en 2020 y 2021 durante la pandemia de COVID-19 o los que actualmente cierran el tránsito de buques por el Mar Rojo.
Esas grandes empresas proporcionaban abundantes empleos y buenos salarios, lo que contentaba a los obreros y los animaba a fundar una familia en un periodo de recuperación demográfica, tras los desastres bélicos. De esa manera, la intervención del Estado aunó desarrollo económico y paz social, como prueba la creación de los hornos altos de ENSIDESA en 1950, que en 1973 absorbió a las demás siderurgias asturianas. Esta gran empresa se avituallaba con carbón de minas cercanas y su actividad impulsó la economía regional y nacional. Sin embargo, la crisis de tales industrias llegó en la década de 1970, tanto por la elevación del precio de las materias primas como, sobre todo, por la competencia de empresas ubicadas en territorios con menores costes laborales, fiscales y medioambientales.
Las empresas públicas fueron levantadas por un capitalismo de Estado (que no es lo mismo que el socialismo) que también podría haber invertido en ellas para modernizarlas, pero no lo hizo. En parte, los gobiernos se desentendieron de sus creaciones para ahorrar costes y en parte porque la ideología entonces dominante, el neoliberalismo, negaba tajantemente su viabilidad; en consecuencia, las compañías públicas fueron privatizadas. En ese momento, la inversión principal se encontraba realizada, los mercados conquistados y la tecnología de producción asentada, así que su adquisición por el capital privado conllevaba menor riesgo; las empresas que no interesaban a los inversores fueron desmanteladas, como sucedió con las minas de carbón. Lo primero que hicieron los nuevos propietarios fue reducir el número de asalariados y presionar a quienes conservaban los empleos para incrementar su productividad; después repatriaron los beneficios a su sede central o paraísos fiscales. Así, las compañías en manos estatales solo encontraron hueco durante medio siglo.
Con la justificación de que ingresarían dinero con su venta, los gobernantes redujeron el número de quienes dependían del Estado y recibían un salario superior a la media, lo que estimulaba las exigencias de los empleados de las demás empresas; en consecuencia, la burguesía tenía doble interés en la privatización, como fuentes de ganancia y como vía para debilitar el poder sindical. Además, si los obreros públicos boicoteaban las decisiones empresariales, las autoridades salían malparadas, por lo que los gobernantes también deseaban liberarse de tal problema. En España, esa política se denominó “reconversión industrial” y fue realizada por los ministros de Felipe González. Alguna reconversión debía realizarse, pero la ejecutada realmente consistió en una des-industrialización. Por lo tanto, la privatización empobreció las regiones donde se asentaban las empresas públicas, ya que aumentó el desempleo entre las nuevas generaciones y redujo el capital circulante. El desmantelamiento del capitalismo de Estado se acompañó de un incremento paralelo del número de empleados en el sector servicios y, en varios países, de desocupados permanentes. La actual apuesta asturiana por el turismo resulta incomprensible al margen de esa política desindustrializadora, al igual que la emigración de los jóvenes formados.
La empresa Arcelor Mittal parece que ahora titubea en crear hornos eléctricos de fundición, para reemplazar a los tradicionales, en sus instalaciones asturianas. Si no lo hace ella, el Estado debería acometer tales inversiones y renacionalizar una empresa que nació de su iniciativa con el nombre de ENSIDESA. La decisión estatal estaría más justificada si la energía a consumir por las nuevas instalaciones procediera de fuentes renovables; en el entorno cantábrico, la energía eólica es la más capacitada para satisfacer tal demanda, ya sea en aerogeneradores instalados en tierra o en el mar. La alternativa a la inacción es un nuevo proceso de desindustrialización, la dependencia de los productores de combustibles fósiles, apuesta por los servicios como única fuente de empleo y emigración a zonas prósperas. Por el contrario, las naciones con base industrial suelen esforzarse por mantenerla y, a ser posible, incrementarla, por lo que se encuentran pocos anuncios de viajes a Suecia, Noruega, Alemania o Suiza; el motivo radica en que sus gobernantes no promueven ese tipo de negocios, ni de empleos.
