PW Advisor y Services S. L es el nombre de la empresa encargada de estudiar si Siero debe o no privatizar el servicio de agua y alcantarillado. No hay demasiadas dudas sobre cuál será su veredicto a tenor de la voluntad del cliente que ha decidido encargar el estudio. Y es que aunque el informe todavía no está elaborado, y teóricamente el gobierno local esperará a este para tomar su decisión, la apuesta del alcalde Ángel García “Cepi” por privatizar es ya pública y abierta.
Tras los recientes problemas dados por el servicio de aguas en la zona rural del concejo, García ha declarado en medios locales su voluntad de dejar el agua en manos de una empresa privada. “De los cuatro oficiales sólo trabaja uno”, ha afirmado en La Nueva España.
Las declaraciones de “Cepi” han provocado las críticas de Bibiana Martínez, secretaria de CCOO de Siero, que considera que en el Ayuntamiento “están dejándolo morir el servicio para justificar su privatización”. El sindicato también ha señalado que los problemas de abastecimiento a los pueblos no se solucionan con externalización, sino con más empleo de calidad.
En el plano político Podemos, a través de su concejala Silvia Tárano, ha pedido respeto para los empleados públicos y ha llamado a la unión de todas las fuerzas sociales, políticas y sindicales contrarias a la privatización del agua. PSOE. “Solo un fuerte movimiento ciudadano puede impedir que la externalización se lleve a cabo, las intenciones ya son claras y no caben medias tintas, quienes han apoyado el proceso votando a favor del presupuesto y de eliminar empleo público tienen ahora la oportunidad de rectificar, romper con el equipo de gobierno y sumarse a quienes vemos esta acción como un ataque a los servicios públicos; de lo contrario, serán cómplices”, ha señalado la edil emplazando a IU, socio del PSOE en el consistorio.
A pesar de su pacto con el PSOE, IU también se ha desmarcado de la privatización, y ha puesto la Empresa Municipal de Aguas de Xixón como ejemplo para Siero de una gestión pública modélica. La portavoz municipal, Tere Álvarez, ha defendido que en el acuerdo presupuestario se incluyó que el estudio encargado a la consultora PW Advisor y Services S. L “incorporase una perspectiva global y objetiva, sin sesgos partidarios o interesados”. Desde la coalición rechazan la apuesta del alcalde por entregar la gestión del agua a una empresa privada, y defienden superar los problemas técnicos a través de un consorcio con el Principado en el marco de la futura Agencia Asturiana del Agua, que se ubicará precisamente en el concejo, en el Aguila Negra de Colloto.
¿Quién es PW Advisor y Services S. L?
PW Advisor y Services S. L es una empresa especializada en consultoría sobre servicios municipales para ayuntamientos de todo signo político. El agua es uno de los temas más trabajados por la compañía. De hecho, la misma situación que se da ahora en Siero se está produciendo en otros municipios españoles. Podemos ha criticado en Segovia la contratación de un estudio a la consultora por parte del gobierno local, del PP, y ha denunciado que se trata de una manera de legitimar la decisión de privatizar el agua.
PW Advisor y Services se ha encontrado con alfombras rojas, pero también sonoros portazos. Durante la pasada legislatura una mayoría transversal en Puente Genil, Córdoba, impidió al gobierno local, del PSOE, la contratación a la consultora de un estudio sobre la posible externalización del servicio de aguas, de carácter público.
PWACS está presidida por el ingeniero Juan Pablo López Heras, investigado en el “Caso Lezo”. Una trama de corrupción cuya investigación comienza precisamente en la empresa pública de las aguas madrileñas, el Canal de Isabel II, en el que López Heras fue directivo entre 2.000 y 2004, encargándose del área de nuevos negocios.
López de las Heras se encuentra investigado por su informe favorable a la compra por el Canal de Isabel II de la empresa colombiana Inassa. El actual presidente de la consultora contratada por Siero ha defendido que Inassa, empresa dedicada a los servicios de aguas en Colombia, se compró por una cantidad ajustada. La Fiscalía sin embargo considera que la operación, realizada en 2001, tuvo un sobrecoste injustificado, y pide una pena de siete años de prisión para quienes la autorizaron por malversar fondos públicos.
El juicio por la compra de Inassa sigue pendiente de celebración, ocho años después del inicio del Caso Lezo.
