1,5 millones de funcionarios reciben asistencia sanitaria fuera del sistema público de salud a través de los convenios del Estado con aseguradoras privadas. Un contrasentido, servidores de lo público contribuyendo a la privatización del sistema sanitario, que podría tener sus días contados si Sanidad cumple su promesa de integrar a los funcionarios en la Seguridad Social y dar por acabado el convenio con MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado).
Ante las exigencias económicas de las mutuas, el Ministerio que dirige Mónica García considera viable que la Seguridad Social asuma a los funcionarios, en su mayoría docentes, militares y personal de justicia, que hoy reciben atención privada, y ha recordado que las aseguradoras ya desvían los casos más graves y costosos al sistema público.
La medida supondría un importante ahorro para las arcas públicas, así como un refuerzo del sistema público de salud. Sin embargo, ya se ha encontrado con la oposición abierta del sindicato CSIF, que ha anunciado paros si la ministra sigue adelante con el proyecto.
En Asturies la medida ha gustado sin embargo a otros sindicatos como CCOO de Enseñanza y SUATEA. Este último considera que “el Estado debe acabar con el modelo de financiación de las empresas privadas a través de los conciertos, que rechazamos tanto en en educación como en sanidad”. “Los recursos económicos del estado son limitados, y todo desvío de fondos públicos a las empresas privadas va a ir siempre en su detrimento” señalan desde la organización sindical.
Por su parte, Borja Llorente, de CCOO de Enseñanza de Asturies ha abogado también por una “extinción paulatina” de MUFACE, aunque sabiendo que será necesario un periodo de transición.
Carlos Ponte, presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, advierte que las compañías tratarán de generar alarma social con la quiebra del sistema público si todos los funcionarios y funcionarias en el sistema privado se pasan al público. Un temor que desmiente: “los mutualistas son personas en activo, es decir, jóvenes con poca demanda sanitaria”. Ponte ha recordado que los jubilados de MUFACE se van a la pública, así como las personas con enfermedades graves y tratamientos caros, por lo que el ahorro del Estado al prescindir de los convenios será mucho mayor que los gastos que tendrá que asumir por los nuevos usuarios.
