Con la recuperación del bipartidismo, sin llegar a la absoluta hegemonía que alcanzó en la restauración borbónica de la Transición, que ya se verá si acaba regresando, vuelve la corrupción a tener un gran protagonismo en la vida política, lo que no parece casualidad.
Con la ofensiva de jueces conservadores y de la Brunete mediática, dos poderes decisivos que si actúan coordinados resultan implacables, el Gobierno de Pedro Sánchez está acorralado y a la defensiva. En algún caso tiene motivos para sentirse preocupado y abochornado, como el de José Luis Ábalos, el exministro que fue sanchista pata negra y político muy cercano al presidente, que va a tener difícil demostrar su inocencia en las acusaciones de cobro de comisiones y otros graves delitos en una maraña en la que también aparecen su estrecho colaborador Koldo García y el empresario digno de todo tipo de sospechas Víctor Aldama.
Más prudencia exigen los casos judiciales abiertos a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y a su hermano David, donde su mayor problema parece la cercanía al presidente y el desgaste político que supondría un largo proceso, aunque acabe siendo archivado, estrategia de la que hay sobrados precedentes, como la que padeció Podemos cuando accedió al gobierno.
Otra de las investigaciones judiciales afecta también al PSOE y a su gobierno por la imputación del fiscal general del Estado, en este caso por la torpeza de la Fiscalía y la habilidad demostrada de Miguel Ángel Rodríguez (MAR), estratega a la sombra de Isabel Díaz Ayuso. Aquí el delito más grave que se investiga es llamativo y ya está reconocido por su autor, la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, que defraudó a Hacienda tras conseguir un negocio millonario con las mascarillas durante la pandemia de la covid, una forma de enriquecimiento especialmente nauseabunda. Pero MAR consiguió que el caso de Ayuso y Amador, que viven en un piso millonario que la Justicia debería aclarar si fue comprado con dinero de “mordidas”, se haya convertido de momento en el de Álvaro García Ortiz.
Que los dos grandes partidos del bipartidismo español que amenaza con volver, sellado con la Constitución y una ley electoral injusta, compiten en todo en su vocación de poder y de gobierno, incluso en corrupción, es bien sabido desde el inicio de la restauración democrática. Puede parecer que el PP lleva la delantera, por la cantidad y la entidad de los casos en los que está o estuvo involucrado, desde las tramas de comisiones en la que se entrelazan empresarios y políticos, como la Gürtel o la Púnica, a la financiación del partido a la sombra de Luis Bárcenas, pasando por la Policía patriótica que espiaba, perseguía y conspiraba contra Podemos o los independentistas catalanes. Pero el PSOE, durante el felipismo que ahora tanto alaban las derechas, batió registros cuando llegó a contagiar en la charca de la corrupción a instituciones y organismos esenciales y de gran carga simbólica en el Estado, como el Banco de España, la emisión de moneda o la Guardia Civil.
Ninguno de estos escándalos, que en el caso de la Gürtel acabó provocando la caída del gobierno de Mariano Rajoy, ni casi se podría decir la totalidad de los que ensucian al PP y al PSOE, es comparable, probablemente por su cuantía económica y sin duda por su relevancia política, a los de corrupción vinculados al Rey Juan Carlos I. Son gravísimos y prolongados en el tiempo durante décadas, al menos desde los años 70, pero nunca fueron investigados ni juzgados debido a la impunidad constitucional de la que goza el Jefe del Estado en España ni tuvieron mayor repercusión pública por el pacto de silencio que sigue rodeando a la Monarquía desde su restauración, aunque ahora no sea tan férreo.
Juan Carlos I siempre estuvo obsesionado por el dinero, lo dicen las personas que lo conocieron y trataron desde su época de Príncipe. Recuperar el trono para los Borbones, a costa de su padre en connivencia con Franco, y amasar una fortuna parecían desde el principio sus objetivos irrenunciables y paralelos. Y los superó con éxito, un proceso convergente con la llegada de la democracia coronada.
Recuperar el trono para los Borbones, a costa de su padre en connivencia con Franco, y amasar una fortuna parecían desde el principio sus objetivos irrenunciables y paralelos
Desde 1977, año de las primeras elecciones democráticas desde 1936, conocemos algunas de las operaciones económicas de quien fue llamado el capitán de la Transición, no muchas, pero relevantes en cuantía y gravedad, casi siempre adelantadas por la prensa extranjera, porque en la española reinaba el gran pacto de silencio. Juan Carlos lo hacía desde La Zarzuela, derrochando en público campechanía, a la vez que aumentaba espectacularmente su patrimonio. El 22 de junio, siete días después que aquella histórica cita con las urnas, el Rey pidió por carta diez millones de pesetas al Sha de Irán, para financiar al partido de Adolfo Suárez según su argumentario. UCD se había impuesto en las elecciones generales y necesitaba dinero para las próximas municipales. Juan Carlos I se alineaba abiertamente con el partido de Suárez y recelaba de los socialistas, que luego serían sus grandes aliados y cómplices.
En aquella misma década de los 70, poco después de acceder al trono, el rey saudí Jaled Bin Abdelaziz entregó diez millones de dólares a Juan Carlos I, ingresados en una cuenta en Suiza. Las donaciones y regalos de la Casa Real saudí se prolongarían en el tiempo, involucrando también a Corinna Larsen, una de las amantes del Rey español. “El País” citaba recientemente otra donación de 36 millones de dólares en 1989 para “financiar la Transición”, según palabras del Borbón al director del Cesid, Emilio Alonso Manglano. Se añadió por parte de los saudíes un “crédito” de 50 millones de dólares que Juan Carlos I invirtió obteniendo un beneficio de 18 millones, según el periódico madrileño. En 2008 la donación sería del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí por valor de 100 millones de dólares, ingresados en una cuenta en Ginebra.
Diferentes autores que investigaron y publicaron sobre la fortuna oculta del Rey Emérito, en artículos y libros, no vinculan esta estrecha relación económica entre la Monarquía española y las absolutistas de los países del Golfo tanto a la generosidad de los árabes como a comisiones que habría cobrado Juan Carlos I por negocios como el petróleo, inversiones y celebraciones diversas. Por un premio de Fórmula 1 habría sido de dos millones, por la mediación en las obras del AVE a La Meca de 80. De Omán llegaron 63 millones para la adquisición de un ático en Londres. El Rey encabezaba las visitas de empresarios españoles a los países árabes en busca de negocios, lo que era públicamente alabado en sectores políticos y en medios de comunicación por el supuesto beneficio que aquella intermediación suponía para España. Nunca sabremos el beneficio privado que esas misiones tuvo para Juan Carlos I.
Ninguna de estas operaciones que enriquecieron al “capitán de la Transición” pasaron ni fueron investigadas por la Hacienda española. Sí lo fueron a principios de esta década, cuando ya había renunciado al trono, ingresos millonarios a Juan Carlos I a través de la Fundación Zagatka, presidida por su primo Carlos de Orleans y del empresario mexicano Allen Jesús Sanginés Krause. Alertado por la propia Hacienda el Borbón regularizó su situación, tras el impago de los impuestos correspondientes, abonando más de cinco millones de euros. Que Hacienda no somos todos ya lo podíamos sospechar. Pero aquella excepción que se hizo con el Emérito, que no tuvo el mismo trato que el resto de los españoles, un privilegio avalado por el Tribunal Supremo y la Fiscalía, nos sacó definitivamente de dudas.
Por este asunto hace unos días se anunció la presentación de una querella por cinco delitos fiscales contra Juan Carlos I por parte de varios magistrados jubilados del Tribunal Supremo (Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín), exfiscales Anticorrupción (Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena) y otras personas conocidas en la vida pública, como el filósofo Santiago Alba Rico y la periodista Pilar del Río. Sostienen que se sorteó de forma grosera la legalidad, porque Hacienda no puede aceptar una regularización como la de Juan Carlos I después de haberle informado del inicio de una investigación. Toda una filtración real o una real filtración de la Fiscalía, incomparablemente más grave que la que se investiga ahora por las artimañas de MAR. Los denunciantes recuerdan que el Código Penal castiga esos delitos con penas de prisión de dos a seis años, más una cuantiosa multa.
Pero ni los propios querellantes tienen muchas esperanzas de que su iniciativa prospere. La impunidad de Juan Carlos I continúa después de su abdicación, que debería suponer el fin de su blindaje constitucional, una anomalía que bastaría para hacer urgente e imprescindible una reforma de la Carta Magna, bloqueada por las derechas. También de la opacidad sobre su fortuna, que sigue siendo tema tabú. Este hombre se enriqueció escandalosamente en los casi cuarenta años que estuvo en el trono, de 1975 a 2014, pero se desconoce cual es su patrimonio, aunque se sabe que es uno de los más grandes del mundo. Varios medios de comunicación extranjeros han calculado una fortuna oculta de unos 2000 millones de euros.
Los de José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor Aldama, Begoña Gómez, David Sánchez, Isabel Díaz Ayuso o Alberto González Amador son casos que acabarán con sentencias condenatorias o absoluciones, que tendrán repercusiones políticas. Los anteriores ya resueltos desde la muerte de Franco, del PP, el PSOE y de otros partidos, son graves y algo más que una mancha para la democracia. Pero todos ellos son menores, casi irrelevantes, en relación al enriquecimiento personal de Juan Carlos I. ¿Puede haber algo más grave que amasar una inmensa fortuna, con comportamientos ilícitos y defraudando a Hacienda, desde la Jefatura del Estado durante cuatro décadas? Esta omertá humilla a toda la ciudadanía y no corresponde a un sistema democrático. Juan Carlos I puede hacer lo que le de la gana con su vida privada, también poco decorosa, pero con los asuntos públicos debería rendir cuentas como cualquier ciudadano.
Que la sombra de la corrupción envuelva al Rey Emérito y que la Justicia y Hacienda miren para otro lado, como si los ciudadanos siguieran siendo súbditos de un monarca absoluto, también desnuda el fraude de la Transición. Fue encabezada por un personaje que presume de haberlo dado todo por España, aunque lo que parece claro es que fue el Estado quien le dio todo a él, hasta convertirlo en un ciudadano multimillonario con domicilio en Abu Dabi y el dinero escondido en varios países.
