El pasado 13 de diciembre arrancaba oficialmente la negociación del IV Convenio Colectivo en Correos, la empresa pública más grande en términos de plantilla de nuestro país. Si a esto le sumamos el hecho de prestar servicios fundamentales como el SPU y haber sido declarados “esenciales” en los momentos de mayores dificultades, como en la pandemia de la COVID-19 o ante la catástrofe de la DANA, el resultado es que estamos ante un hecho de interés general.
Pedro Saura comenzó su periplo como Presidente con grandes declaraciones y promesas de actuación, pero lo cierto es que hasta la firma del acuerdo marco estratégico entre Correos, SEPI y las secciones postales de CCOO y UGT (con el beneplácito del Ministerio de Hacienda) para direccionar el camino de la empresa en los años venideros, su actividad fue más bien escasa. Al menos la visible, porque ese acuerdo anunciado el 22 de julio, dejó constancia de que a puerta cerrada sí había existido un intercambio permanente entre los actores mencionados.
Sin duda, el nuevo mandatario postal llegó con la lección aprendida tras la “era Serrano” y, desde el minuto uno, trabajó incesantemente por reconciliarse con unos socios sindicales del todo necesarios para asegurar la gobernanza de Correos. El acuerdo estratégico supuso la gran demostración de que las rencillas maritales habían quedado atrás.
Las entidades firmantes desplegaron toda una campaña mediática acerca de las bonanzas de aquel acuerdo estratégico, además de un autobombo que rozaba lo nauseabundo. Sin embargo, tras los fuegos artificiales y el confeti, quedaba leer el texto y contraponer su contenido real con la propaganda. ¡Menuda diferencia!
Mientras nos hablaban de partidas de 3000-4000 millones de euros, el texto plasmaba expresiones mucho más genéricas, como que era necesario revisar la compensación para la prestación del servicio postal y dotar de un presupuesto anual a los nuevos Servicios de Interés Económico General (SIEG). No pierdan el tiempo en buscar una cifra de financiación en el acuerdo, porque no la encontrarán. Tampoco se molesten en hallar referencias a las 35 horas o subidas salariales, elementos que de forma machacona CCOO repetía en su propaganda asociada a este acuerdo. Lemas como “hacia los 2000 euros”, chocaban frontalmente con un texto más bien sobrio. Por el contrario, sí podrán encontrar referencias explícitas a la implementación de un nuevo modelo de flexibilidad y productividad o hacer que Correos sea competitivo en los ámbitos donde concurre con el sector privado. Además, se dejaron en el tintero lo más relevante: La financiación se halla sujeta a unos Presupuestos que aún hoy están en el aire.
Es cierto que dicho acuerdo marco recoge algunas iniciativas interesantes y que han de apoyarse decididamente, como la inclusión de las notificaciones en el ámbito del Servicio Postal Universal. La cuestión es que, por un lado, nada ha vuelto a saberse y nos tememos que, una vez más, haya que rescatar aquello de que “el papel todo lo aguanta”. Y por otro, no dejaría de ser un trozo de zanahoria a cambio de recibir una somanta de palos.
Este documento se cerraba con un tercer apartado referente al diálogo social, el nuevo marco laboral y el plan de personas. Y es aquí donde vamos a enfocarnos, pues de aquellos polvos vienen estos lodos.
Un Convenio para desregularnos a todos
Hace diez días echaba a andar la negociación IV Convenio Colectivo. Sin papeles de por medio, la primera reunión estuvo marcada por la ristra de barbaridades que la empresa puso encima de la mesa: Jornadas flexibles y partidas, retribuciones en base al rendimiento individual, mayores penalizaciones por estar de baja, posibilidad de contratación vía ETT, etc. Hasta los actuales procesos de movilidad interna (concursos y reajustes) fueron cuestionados por considerarlos herramientas muy funcionariales que no respondían a las necesidades empresariales.
En resumidas cuentas, un borrado completo de los rasgos públicos que aún permanecen en las condiciones laborales de la plantilla postal, mediante un convenio a la baja que termine de asimilarnos a las empresas del sector privado. Hablamos, por tanto, de un cambio de paradigma.
Claro que si nefasta fue la propuesta empresarial, la reacción de la mayoría sindical tampoco escapa a crítica. Si leemos con detenimiento los comunicados emitidos en estos días por diferentes organizaciones implicadas en la negociación, comprobaremos que, a pesar de la agresividad de las pretensiones de la Directiva, la gran solución para varios sindicatos pasaría por añadir la palabra “voluntariedad” y concretar cuáles serían las mejoras retributivas para quienes aceptasen semejante desregulación de sus condiciones laborales.
Este planteamiento es tremendamente grave, pues supone la aceptación del nuevo marco laboral pretendido por la empresa, desplazando la polémica a que exista la posibilidad individual de pasar o no por el aro. Otra muestra más de lo profundo que ha calado la cultura neoliberal incluso en las organizaciones de trabajadores. Una propuesta inadmisible no se convierte en tolerable por el mero hecho de que dependa de la voluntad individual. Dicha posición supone renunciar a frenar las agresiones y resolver en falso diciendo “si lo aceptas es cosa es tuya”.
La segunda reunión fue noticia por el “plantón” de UGT, CSIF y Sindicato Libre, así como por levantarse de la mesa CGT una vez corroboramos que, tampoco en esa ocasión, la empresa iba a dignarse a entregar documentación alguna. Y en la tercera, celebrada el pasado viernes 20, al fin llegó un borrador que venía a confirmar lo que oralmente la Directiva ya había esbozado, aunque con cierta limadura para que los de siempre vayan aproximando su bolígrafo (ese que intercambian por votos por correo cuando llegan las elecciones sindicales) al papel. Para colmo, la empresa plantea una negociación por partes –al estilo Jack el Destripador- en función de sus prioridades. Y lo hace con un objetivo claro: laminar a la plantilla y ponernos a competir por intereses particulares en lugar de por derechos y mejoras comunes.
El ABC sindical en una negociación
Llegados a este punto, conviene recordar algunas claves. La finalidad de cualquier proceso negociador es avanzar en derechos y mejorar la situación de la cual se parte. En CGT llevamos muchos años denunciando que en Correos ocurre justamente lo contrario: Cada vez que se negocia un convenio, los trabajadores salimos escaldados. Este fenómeno, normalmente lo explicamos poniendo el foco sobre las prebendas y privilegios que algunas organizaciones sindicales consiguen para sí mismas, a cambio de precarizar y degradar las condiciones generales del colectivo.
No obstante, y siendo esto una obviedad, hay también otras razones que hemos de tener en cuenta. Existe un problema de “despotismo sindical” que, haciendo una adaptación de la frase original, se sintetizaría en la consigna “todo para la plantilla, pero sin la plantilla”. Se ha producido una perversión en la forma de concebir la representatividad, llegando a considerar que dicha representación otorga potestad para hacer y deshacer libremente. Así no organizas a las plantillas, sino que irremediablemente las acabas sustituyendo. Los intereses colectivos terminan desplazados por los particulares que tienen esas organizaciones. Y es por ello que en Correos, la reivindicación histórica de CGT del referéndum previo a la firma de cualquier Convenio o Acuerdo General, genera tantísima urticaria a los sindicatos firmantes del III Convenio en 2011, pues prefieren consumidores de servicios sindicales a trabajadores que reclamen voz y voto.
Soy consciente de lo “impopular” que se ha vuelto promulgar la necesidad de dejar de delegar en otros de forma pasiva la resolución de nuestros problemas. Pero no queda otra alternativa que implicarnos y contribuir decididamente a frenar las agresiones que nos acechan y conseguir cambios que nos resulten favorables. Porque si algo es seguro es que, los mismos que nos han traído hasta aquí, difícilmente transmutarán de enterradores a salvadores.
El primer paso es lograr que las reivindicaciones de la plantilla tomen centralidad en la negociación, porque de momento es la empresa la que está llevando la iniciativa y organizando el tablero. Sin la activación de los trabajadores esto no es posible. Por un lado, porque quienes estamos procurando hacerlo, tenemos una fuerza limitada en la mesa del Convenio. Por otro, porque de las organizaciones que nos han desamparado en los problemas cotidianos (presiones, acoso, falta de personal, denegación de permisos, incumplimientos en materia de prevención, etc.) no podemos esperar que lo vayan a hacer por voluntad propia. Todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance han de ser puestas en marcha, con la movilización en el centro de todas ellas y sin olvidar que existiendo la ultraactividad, no hay por qué firmar nada nuevo.
La gran batalla de nuestra época
En el artículo publicado en este medio “Cambiar el rumbo para salvar Correos” afirmaba de manera rotunda que “Cada nueva etapa tiene implícito un mandato, una tarea o encargo a llevar a cabo como misión principal. Y desde mi punto de vista, este no es otro que conseguir insertar a Correos en el proyecto público de España para las próximas décadas”.
Hace seis meses los protagonistas del acuerdo estratégico se jactaban de haber conseguido posicionar a Correos como un instrumento del Estado para prestar servicios esenciales a la ciudadanía en todo el país. Ahora, tan rimbombantes afirmaciones chocan de lleno con una propuesta de convenio que bien podríamos hallar en cualquier empresa privada del sector.
Desregulando condiciones laborales, precarizando todavía más nuestro trabajo, adelgazando la plantilla y raspando lo poco que nos queda de empleados públicos, ¿se puede ser un instrumento al servicio de la gente? Laborando en jornada partida y con sueldos variables en función del rendimiento individual, ¿podremos ser catalogados de servicio esencial? Dejando de lado la inclusión en el EBEP o grandes propuestas estratégicas como la Banca Postal y apostando prácticamente todo al caballo de la paquetería, ¿se puede afirmar sin faltar a la verdad que Correos tiene su futuro público asegurado?
Todo lo contrario, se terminaría de devastar a los trabajadores, dando también la puntilla a Correos, al menos como lo entendemos hasta ahora. A su vez, la destrucción de Correos como empresa al servicio del pueblo, supondría una pérdida social de valor incalculable, dejando aún más mermado el tejido público de nuestro país.
Nadie puede quedar indiferente ante lo que está aconteciendo ahora mismo en nuestra empresa postal: Ni los partidos políticos, ni la sociedad civil y, especialmente, quienes trabajamos en Correos. Se ha agotado cualquier margen. “Tambores…Tambores en lo profundo. Ya vienen”.
