Cuando se siembra se recoge. En los últimos días el Gobierno y los sindicatos alcanzábamos un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, arrancaba en Asturies la campaña en favor de la reducción de
jornada acordada en diciembre con los sindicatos (con el rechazo en ambos casos de la patronal), y se publicaban los datos de la última encuesta de población activa. Y todo está estrechamente vinculado.
Empecemos por la EPA. La evolución del mercado laboral asturiano en el último trimestre de 2024 ha sido sorprendentemente positiva. De hecho, nuestra comunidad autónoma lideró la creación de empleo y el descenso del paro. Y parece consolidar una tendencia, porque también lo ha hecho en términos interanuales. En el último año la región logró dar
ocupación laboral a 33.900 personas más, un crecimiento inédito para el mercado laboral asturiano, lo que permitió sacar del paro a 14.200 trabajadoras y trabajadores (el mayor descenso por comunidades autónomas). Asturies tiene ahora el mayor número de personas trabajando desde 2008 y la cifra de personas en paro más baja desde 2002. A ello habría que añadir una mejora también inédita de la calidad en el empleo gracias a la reforma laboral.
Es cierto que hay peros, y así lo resaltamos el día que se publicó la EPA: tenemos una población en edad de trabajar envejecida, la tasa de actividad más baja del país, la brecha salarial entre hombres y mujeres más alta, un paro juvenil inasumible, cifras preocupantes de desempleo de larga duración, una temporalidad escandalosa en el sector público… Al día siguiente de publicarse la encuesta de población activa se reunía la Comisión Ejecutiva del sindicato y aprobaba una resolución sobre la reducción de la jornada laboral, saliendo al paso de unas declaraciones injustificadamente alarmistas (“la reducción de jornada es una bomba de relojería”) por parte de la patronal asturiana, en su campaña permanente contra todo lo que signifiquen avances para la clase trabajadora: reducción de jornada, subidas del SMI…
Trabajar menos horas tiene un impacto positivo en la salud física y mental de las personas
El Consejo de Ministros aprobó el 4 de febrero el anteproyecto de ley para reducir la jornada máxima legal de las actuales 40 horas a 37,5. Y que ahora deberá salvar el trámite parlamentario. Ya toca. Queremos que se aplique antes de terminar este año.
La medida beneficiará a 12,5 millones de personas asalariadas en nuestro país (cerca de 200.000 en Asturies), el 86,5% de trabajadoras y trabajadores amparados por convenio colectivo, ya que el 13,5 restante ya trabaja actualmente 37,5 horas semanales o menos. Beneficiaría sobre todo a los sectores de hostelería (según los propios cálculos del Ministerio de Trabajo trabajarían casi dos horas menos a la semana), información y
comunicaciones, comercio y sector agrario, y en mayor medida a las mujeres, que trabajan mucho más a media jornada.
La reducción de jornada es una aspiración legítima de la clase trabajadora. Y el alarmismo de la patronal recuerda al grito en el cielo que pusieron las derechas en 1983 cuando se redujo a 40 horas semanales y hablaban de que dispararía el desempleo y lastraría la competitividad. Ocurrió todo lo contrario, porque el paro es muy inferior a entonces y la productividad creció un 28% entre 1985 y 2022. Por cierto, gracias también al incremento
progresivo de la productividad, los márgenes empresariales absolutos crecieron, por acotar, el 64% entre 2018 y 2023.
No es solo una necesidad, sino una cuestión de justicia social. Trabajar menos horas tiene un impacto positivo en la salud física y mental de las personas (lo cual favorece asimismo a las empresas), facilita la conciliación, recorta las brechas… Las mujeres también serán especialmente favorecidas por la subida del salario mínimo (mujer mayor de 35 años con contrato indefinido que trabaja en el sector servicios en ocupaciones intermedias es el perfil principal). Beneficiará a más de 41.000 personas trabajadoras en Asturies y su impacto será particularmente significativo en sectores con condiciones laborales más precarias, como la hostelería y el comercio. No se entiende que la patronal dé la espalda a una subida que está en consonancia con lo que indica la Carta Social Europea y en un contexto de mejora generalizada del tejido productivo y empresarial. La buena marcha de la economía española en los últimos años (aumento del PIB, empleo en máximos, incremento de la productividad) permite mantener que los salarios suban y recuperen poder adquisitivo y el salario mínimo continúe su crecimiento con la referencia del 60% del salario medio neto.
“Aumentar los salarios por la parte de abajo contribuye a reducir la desigualdad. Y, además, cuanto más salario tiene la gente, más consume”, explicaba hace unos días Begoña Cueto, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, y que forma
parte de la comisión que asesora sobre el SMI al Ministerio de Trabajo.
Desde CCOO hemos valorado el compromiso del Gobierno de abrir una mesa de diálogo social para negociar la transposición de la Directiva Europea sobre Salarios Mínimos. Y proponemos, entre otras medidas, establecer por ley que el SMI sea el 60% del salario medio, así como garantizar la aplicación automática de los incrementos en los convenios colectivos. Y defendemos que el SMI siga exento del IRPF.
En resumen: con la buena evolución del mercado laboral (que está creando empleo y de mejor calidad), los márgenes empresariales en máximos históricos y el aumento de la
productividad por personas en todos los sectores y tamaños de empresa, se abren márgenes y se cierran excusas para subir el salario mínimo y reducir la jornada laboral. La patronal debería asumirlo. Porque la clase trabajadora también quiere participar de los beneficios. Y tenemos derecho.
