Delegación de Gobierno mantiene las sanciones a los activistas de Rebelión o Extinción pese al archivo de la causa penal

En mayo bloquearon los accesos a ArcelorMittal para denunciar las subvenciones públicas a empresas que no han descarbonizado su actividad.

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

Sobreseído el proceso penal abierto a cinco de los activistas de Rebelión o Extinción que protestaron el pasado mayo a las puertas de ArcelorMittal. Los militantes, que bloquearon la entrada de la factoría de Veriña, querían visibilizar con su acción las subvenciones públicas que reciben las industrias que usan combustibles fósiles, causantes del cambio climático. Sólo en 2023 la multinacional recibió 74 millones de euros en ayudas públicas. ArcelorMittal ha rechazado asimismo la subvención de 450 millones de euros que le había concedido el Gobierno para descarbonizar su actividad y seguirá empleando el carbón en la fabricación de acero.

Denunciados por los transportistas por un delito de coacciones, se les pedía tres años de cárcel y 2.400 euros solidarios en concepto de indemnización. El auto de sobreseimiento de la Audiencia Provincial de Asturias ha establecido que la acción era de carácter “testimonial” y estaba protegida por el derecho a la protesta, al tratarse de un acto lícito enmarcado en la libertad de expresión.

A pesar del sobreseimiento, se mantienen sin embargo las multas de 600 euros impuestas por la Delegación de Gobierno en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza. Los activistas critican que la delegada del Gobierno Adriana Lastra mantengan estas sanciones administrativas cuando la Audiencia Provincial ya ha archivado el caso. Contra estas sanciones cabe recurso.

Desde Rebelión o Extinción agradecen el apoyo prestado por otras organizaciones asturianas y del resto de España: “Devolvemos nuestra solidaridad, especialmente, a las compañeras represaliadas bajo acusaciones similares, que viven bajo la amenaza de sufrir gravísimas penas por defender los derechos y libertades de todes, como las 6 de la Suiza, los 6 de Zaragoza o los 8 de Caixabank”.

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