La Delegación del Gobierno en Asturias ha señalado este sábado que la convocatoria por parte de Núcleo Nacional de una concentración este domingo en Oviedo, con el objetivo de conmemorar el golpe de Estado del 23F, “no ha sido comunicada, a pesar de ser un requisito preceptivo”.
La Delegación del Gobierno ha explicado que la falta de comunicación previa de la concentración, convocada para las 11:00 horas y de la que ha tenido conocimiento a través de las redes sociales y de informaciones publicadas en medios de comunicación, vulnera la normativa vigente en materia del derecho fundamental de reunión y expone a sus organizadores a las sanciones establecidas en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.
En un comunicado, ha señalado que, según la ley reguladora del derecho de reunión, la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones “deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernamental con una antelación mínima de diez días naturales”.
Cuando existan “causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria podrá hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas”, ha añadido.
Ante esta situación, la Delegación del Gobierno ya ha dado las “instrucciones oportunas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, en especial la Ley de Memoria Democrática, que establece mecanismos para sancionar cualquier acto que suponga la exaltación de la dictadura o la humillación de sus víctimas”.
Asimismo, ha apuntado que la legislación española contempla “medidas contundentes frente a los delitos de odio” y que “cualquier conducta que incite a la discriminación, violencia o intolerancia será objeto de investigación y, en su caso, de las sanciones correspondientes”.
En este sentido, la Delegación del Gobierno “no tolerará ninguna alteración del orden público, el incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática o la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, ni la comisión de delitos de odio”.
Por último, ha recalcado que “se adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de la ciudadanía”.
