El 13 de octubre de 2020, el Instituto de Transición Justa —dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica— envió un escrito al juzgado alertando de los riesgos legales, sociales y económicos que podría tener la venta de la mina de Zarréu, entonces propiedad de la empresa Coto Minero Asturleonés, inmersa en un procedimiento concursal.
El ITJ recordaba que la actividad extractiva en Zarréu había cesado definitivamente. Un cierre financiado con millonarias ayudas públicas, 6.296.976,17 euros en 2015, que debían ser devueltas si un nuevo propietario pretendía reabrir la mina. Estas advertencias fueron respaldadas días después por la Agencia Tributaria.
“Los artículos 3 y 4 de la citada decisión recogen la posibilidad de que determinadas empresas, entre las que se encuentra dicha compañía, puedan recibir ayudas al cierre y ayudas para cubrir costes excepcionales, todo ello condicionado al cierre de las correspondientes explotaciones mineras. En caso de que no se produzca el cierre efectivo de dicha explotación, se considerará que dichas ayudas son incompatibles con el mercado interior y que, por tanto, el beneficiario estar obligado a la devolución de las ayudas correspondientes a todo el periodo cubierto por el plan de cierre (2011-2018)”
Las cartas del ITJ y la Agencia Tributaria refutaban la doctrina de la entonces directora general Belarmina Díaz sobre la devolución de ayudas públicas en caso de reapertura. La ahora consejera afirmó en 2018 que las minas podían librarse de esta obligación si cambiaban de propietario. Ecoloxistes n´Aición pidió entonces su cese por considerar que la directora de Minería y Energía animaba a realizar un fraude.
El ITJ advertía asimismo que la venta que planificaba Coto Minero podía generar perjuicios a los trabajadores de la explotación, sujeta al plan de cierre, al impedir “la concesión de las ayudas sociales pendientes de tramitación” como las prejubilaciones y las bajas indemnizadas.
¿Sirvieron las advertencias?
La entonces directora del ITJ, Laura Martín Murillo, se ponía a disposición del magistrado Andrés Prada Horche, del juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo/Uviéu, para ampliarle información. Asimismo la Agencia Tributaria enviaba otra carta al juzgado sumándose a lo argumentado por el Instituto: la mina debía seguir cerrada si no se querían devolver las ayudas públicas.
Pese a las advertencias de ambos organismos públicos la venta de la mina a Combustibles Asturiana y Leonesa, siguió adelante, si bien, como ya informó NORTES, las escrituras contenían la obligación de ejecutar el plan de cierre. La operación se produjo finalmente en octubre de 2021.
¿Por qué Combustibles Asturiana y Leonesa, predecesora de Blue Solving, pagó casi un millón por una mina que no podía reabrirse?
¿Por qué Combustibles Asturiana y Leonesa, predecesora de Blue Solving, pagó casi un millón por una mina que no podía reabrirse? En teoría para vender chatarra y maquinaria, así como para desarrollar un proyecto de investigación relacionado con el grafito. ¿Había algo más que no se explicitó?
La denuncia contra Blue Solving presentada ante la Fiscalía Provincial por Promining, la empresa de Victorino Alonso, considera que todo fue un fraude y que las labores de investigación no fueron más que un subterfugio de los dueños de la mina para reabrir la explotación carbonífera sin devolver las ayudas públicas.
Este viernes Belarmina Díaz, ex directora general de Minas, y en la actualidad responsable de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, se enfrentará en la Junta General a las preguntas de los grupos parlamentarios. Tendrá que llevarse mejor preparadas las respuestas que a la entrevista en TPA en la que no supo responder con claridad si las inspecciones mineras en Zarréu se hacían por sorpresa o previo aviso a los dueños de la mina.
