“Jaque a la democracia” es el título del último libro de Joaquim Bosch, que el pasado jueves se presentó en Oviedo en un acto organizado por La Ciudadana y CCOO. El exportavoz de Jueces para la Democracia es un magistrado y jurista progresista, una combinación no tan habitual como debiera serlo para contrapesar la mixtura —esta sí, extendidísima— de la profesión jurídica y las ideas conservadoras, ultraconservadoras o directamente fascista. Si hay un golpe de Estado judicial en marcha y si las llamadas «cloacas» son en realidad cimientos son dos de las preguntas que le hacemos en esta entrevista, aprovechando su reciente visita a Asturias.
La democracia está en jaque, transmite el título de su libro. Y yo quiero empezar por preguntarle por el papel de los jueces en este jaque. ¿Se han vuelto un problema mayúsculo, un agente antidemocrático de primer orden?
Los jueces pueden ser un instrumento esencial para la defensa del sistema democrático, como garantes del Estado de derecho y los valores del pluralismo democrático. Por ejemplo, ahora, en Estados Unidos, todo el mundo ha asumido que la principal oposición a Trump no va a ser el Partido Demócrata, sino el poder judicial, que allí tiene un papel histórico de defensa de la Constitución. Pero los jueces también pueden ser lo contrario, a través de estrategias de lawfare y de apoyo a derivas de perfil autoritario. Pueden renunciar a ese papel de garantes y apoyar retrocesos hacia fórmulas autocráticas; lo hemos visto en algunos países. En España, hay un debate abierto sobre eso que me parece necesario. Desde los organismos del Consejo de Europa, nos dicen que en España la cúpula judicial está muy expuesta a las injerencias partidistas.
¿Cómo interpretó usted aquello que dijo Aznar de «el que pueda hacer, que haga»?
Es una frase ambigua, que puede valorarse de muy diversas formas. Puede interpretarse en el sentido de movilizar voluntades en el ámbito político, pero también en el de que, desde espacios estatales, se actúe contra el Gobierno. Más que analizar lo que dijo Aznar, lo que hay que ver es cada acto concreto en el que puede haber un cuestionamiento desde instancias estatales; si actúan de forma correcta o incorrecta.
Los organismos europeos también le han pegado toques a España por no cumplir con el acceso a los altos tribunales con criterios tasados de mérito y capacidad. El acceso a la judicatura tiene un fortísimo sesgo de clase, sigue teniéndolo, ¿no es así?
La media en el acceso a la judicatura está en cerca de cinco años, pero, como eso es la media, cuando alguien se embarca en una aventura que es bastante dura, sabe que puede estar siete, ocho o nueve años, y eso habiendo estudiado derecho antes. Son muchos años en los que obviamente no puedes trabajar. Solamente familias con unos recursos económicos suficientes pueden asumir esas situaciones. Se deja fuera, o con muchas dificultades, a juristas que procedan de familias de clase trabajadora. Eso debería llevarnos a una reflexión. Hay que ayudar a través de becas y de medidas económicas a aquellos opositores que no tengan recursos económicos. En otros países europeos, el acceso a la judicatura es más corto y tampoco es puramente memorístico, como lo es aquí.
¿Qué cuestiones concretas de otros países le dan envidia, qué estaría bien copiar?
En Alemania y otros países hay una especie de examen general para los juristas y, a partir de ahí, se puede elegir, en función de la nota, la fase posterior; a qué tipo de función jurídica te incorporas. Y en líneas generales, la oposición no es puramente memorística, sino que se trabaja sobre casos prácticos, lo cual es lógico, porque, en un juzgado, un juez no tiene que estar memorizando los artículos, sino que los artículos están en los códigos. Lo que sí tiene que hacer un juez es analizar situaciones de hecho; conflictos de todo tipo que existen en una sociedad, y buscar la mejor solución jurídica para ellos. Memorizar las leyes no es tan importante, y por eso en otros países que lo entienden así, el plazo del acceso inicial suele ser más corto, y luego se complementa con la formación de los que han aprobado. Aquí es muy largo, y eso hace que bastantes opositores que luego no consiguen la plaza sientan que han estado perdiendo el tiempo.
“La Transición es una de las claves que explica las carencias de nuestro sistema democrático”
Tuiteaba Alberto Santamaría que llamamos cloacas a lo que en realidad son cimientos. ¿Los problemas que usted denuncia no son nuevos, sino que echan raíces en la Transición?
La Transición es una de las claves que explica las carencias de nuestro sistema democrático. Fue pactada entre dirigentes del franquismo que en gran medida continúan en política y gentes de la oposición antifranquista que llegaron a ese momento histórico en una clara posición de desventaja, en minoría, con un control absoluto de las instituciones en aquel momento por parte de los cargos que venían de la dictadura. Por eso, aunque yo creo que la Transición tuvo logros valiosos, como que en poco tiempo se pasara de una dictadura a un sistema democrático, o que se aprobara una Constitución que era homologable a grandes rasgos con otras constituciones europeas, hubo muchas cosas que no quedaron bien resueltas, porque en aquel momento era impensable. Era impensable, entonces, enjuiciar literalmente a los cargos de la dictadura, o incluso abrir las fosas donde estaban las víctimas del franquismo. En un libro anterior, La patria en la cartera, explico que buena parte de la corrupción política que hay en España procede directamente de dinámicas corruptas del franquismo en el ámbito del urbanismo, del turismo, de la contratación pública, de la construcción de viviendas… Se daban prácticas que luego continuaron. Tampoco hubo depuración ni democratización suficiente de los ámbitos policiales, y esto genera patologías institucionales serias hasta el día de hoy. Se generó un sistema que en muchos aspectos era una democracia de baja calidad; con poca participación democrática directa además. Los partidos se diseñaron de forma muy jerarquizada, con mucho poder para las cúpulas y pocos derechos para los militantes. Se generaron, también, contrapesos muy débiles, esos que ahora nos reprochan los organismos europeos, que se reparten por cuotas entre los partidos. Eso viene casi todo de la Transición.
Es un defensor de la memoria democrática. ¿Qué le parece la última ley de memoria histórica, de 2022? ¿Le gusta o le parece aún insuficiente?
Me parece que fue un gran avance, porque la anterior ley, la de 2007, era muy tímida. Había muchas cosas que no estaban bien resueltas: la primera, privatizar la localización y exhumación de las fosas a través de asociaciones. El movimiento memorialístico ha hecho un gran trabajo para afrontar los problemas de la memoria democrática en España cuando no había recursos económicos, ni ningún tipo de financiación. Pero el problema de dejarlo todo en sus manos es que, con cualquier cambio de gobierno, como ocurrió con Rajoy, se podía dejar sin ningún tipo de financiación estas actividades. Además, en materia de símbolos, la ley de 2007 tampoco se atrevía a regular de forma adecuada esa cuestión. La nueva ley sí que asume el deber estatal en cuanto a la localización y exhumación de las fosas y es bastante más clara en cuestiones de simbología. También incorpora un catálogo de sanciones para el incumplimiento, y esto está permitiendo avances. Obviamente, toda la legislación puede ser mejorada, pero a mí me parece una ley bastante positiva.
En el libro también se ocupa de temas candentes del momento como el debate migratorio. Usted considera que la convivencia y la integración son la única solución constructiva para resolver el debate de la inmigración.
Es que la movilidad humana ha existido siempre, desde la prehistoria, y además estamos en una época en la que es absolutamente inevitable. Los movimientos humanos siempre van en la dirección de que las personas más necesitadas lleguen a los espacios en los que la riqueza se concentra. Pero es que, además, en el Primer Mundo hay unos déficits demográficos que hay que cubrir necesariamente. En nuestras sociedades, sería imposible la organización de la vida ordinaria sin las personas extranjeras. En España hay más de seis millones de personas que no han nacido aquí, y, si no estuvieran, se hundiría el sistema económico. Son personas que llevan aquí mucho tiempo. Han nacido aquí sus hijos, y ya no tienen intención de volver. Es un planteamiento imposible pensar que nuestro país va a expulsar a seis millones de personas. Además, son personas que aportan mucho más de lo que reciben. Lo que ocurre es que su presencia también puede ser utilizada, desde planteamientos racistas y xenófobos, para generar conflicto social y para aprovecharse de manera oportunista de esos sentimientos que a veces pueden tener las personas de miedo o de rechazo al que ven como diferente. Eso ha pasado también desde la prehistoria. El racismo no lo inventó Hitler, sino que aprovechó percepciones que ya estaban ahí. Percepciones injustas, porque la presencia de estas personas, desde cualquier perspectiva, es muy positiva. Hay que decirlo. Vamos hacia sociedades cada vez más multiculturales, en las que tendremos que gestionar lo mejor posible esa multiculturalidad a través de medidas de integración y de regularizaciones de quienes ya llevan aquí bastante tiempo. Hay que poner en valor todo lo que aportan. Yo creo que esa es la vía más constructiva. La otra no es ya que no lo sea: es que es realmente falsa. Es evidente incluso para los ultraconservadores más duros que no se puede expulsar de nuestras sociedades a millones de personas. De hecho, cuando están en el poder, como está pasando en Estados Unidos o Italia, no plantean esa gran expulsión. Utilizan unas pocas medidas simbólicas para dar ejemplo, pero, más allá de emponzoñar el debate público y la convivencia, saben que que no se puede ir a sociedades monoétnicas, nativistas.
Para terminar: ¿cómo resistimos este jaque a la democracia, como salimos de él?
Mi opinión es que la deriva autoritaria es en gran parte un síntoma de los fallos de la democracia. Si la gente estuviera muy satisfecha con su sistema democrático, nunca apostaría por posiciones rupturistas contra la democracia, pero si cada día nos despertamos con un gran escándalo de corrupción, no podemos pedir que la gente esté muy contenta. Si los partidos principales se distancian de las expectativas ciudadanas y hay pocos espacios de conexión y poca participación directa, tampoco puede haber satisfacción. No podemos presumir de democracia cuando muchas personas no ven garantizado su derecho a la vivienda digna, o sus necesidades básicas, o cuando mucha gente joven no ve con ilusión sus expectativas de futuro. En esos espacios de desilusión joven se concentra una parte de los apoyos a los discursos ultraconservadores autoritarios. La democracia no acaba de resolver esos miedos, esas incertezas. Creo que, más que de descalificar los discursos ultraconservadores, lo cual no soluciona esos problemas de fondo, se trata de reforzar y mejorar nuestra calidad democrática y resolver esos problemas, ese descontento creciente por la no satisfacción de aspiraciones legítimas. De hecho, eso es aprovechado a menudo por esos discursos autoritarios, que, por poner un ejemplo muy claro, se han convertido en grandes abanderados de la democracia participativa; de los referendos y las consultas populares. En todas las encuestas, la ciudadanía dice que quiere participar más de lo que participa. Y si no se resuelve democráticamente esa aspiración, la gente puede apostar por vías alternativas.
