El neurólogo Sergio Calleja presentó este viernes con La Ciudadana en el espacio cultural El Manglar de Oviedo el libro “Toda persona. Una defensa de la sanidad pública”. Se trata de una obra nacida como la tercera parte de un proyecto más amplio, cuya primera y segunda secciones aún permanecen inéditas, y que toma como punto de partida un inquietante episodio de la historia reciente de la medicina: un experimento con pacientes afroamericanos llevado a cabo en Estados Unidos entre los años treinta y setenta del siglo XX. Calleja ha optado por publicar en primer lugar esta tercera parte, con entidad propia, centrada en la defensa de la sanidad pública como derecho fundamental.
Desde ese caso, Calleja construye una reflexión de carácter humanista sobre los derechos, la salud y el papel del Estado en su garantía. A lo largo de esta conversación con NORTES, el autor analiza las causas del deterioro de la sanidad pública en España y en Asturias, los peligros de la privatización, las desigualdades sociales como factor de riesgo neurológico y la relación entre salud, contaminación y código postal. “Los derechos van de repartir. No se pueden solventar poniendo más universidades privadas, ni más restaurantes, ni más de nada”, sostiene Calleja.
Su libro parte de un caso histórico concreto. ¿Cómo se articula a partir de ahí la reflexión que plantea?
El caso en cuestión es uno de los más conocidos y alarmantes en la historia reciente de la medicina: el Departamento de Salud Pública de Estados Unidos seleccionó a 400 afroamericanos de Alabama que tenían sífilis para un estudio de historia natural de la enfermedad. Se les hizo creer que estaban recibiendo atención sanitaria, pero en realidad no se les administró tratamiento alguno.
Sorprendente.
Sí. Cuando se estudia la historia natural de una enfermedad, se observa cómo evoluciona sin intervención médica. En los años 30, la ética de ese experimento ya era dudosa, aunque los tratamientos no eran muy eficaces. Pero en 1942 apareció la penicilina y la sífilis pasó a ser una enfermedad curable. Aun así, el Departamento de Salud Pública hizo todo lo posible para que aquellas personas no accedieran al tratamiento. El escándalo estalló en los años 70, cuando un trabajador social lo contó en el New York Times. A partir de ahí, hubo conmoción internacional, una audiencia en el Senado y un proceso de indemnizaciones a los supervivientes. Al investigar por qué habían accedido a participar, se descubrió que carecían de cualquier protección sanitaria o social. El “incentivo” era un seguro de salud limitado: se les trataría cualquier enfermedad, excepto la sífilis, que era precisamente el objeto del estudio.
¿Cómo se proyecta esa historia sobre el presente?
Esa historia es el punto de partida, pero el libro es una reflexión sobre los derechos humanos y muy especialmente sobre el derecho a la protección de la salud. Desde una perspectiva humanista, defiendo la necesidad de preservar ese derecho y explico cómo, desde la aparición del neoliberalismo thatcheriano, se ha producido un retroceso global en los derechos, especialmente en aquellos relacionados con el bienestar. El libro arranca con un repaso histórico sobre la creación del Estado del bienestar en Inglaterra y su retroceso desde los años 80, primero con Thatcher y luego con Reagan. A partir de ahí, analizo por qué una parte importante de la ciudadanía asume hoy los postulados del adversario, los discursos de los oligarcas. Hay una manipulación de la opinión pública a través de los medios de comunicación y eso hace que incluso se aplauda a quienes recortan derechos. De todo eso trata el libro.
Sanidad pública: entre el deterioro lento y el avance privado
¿En qué situación se encuentra actualmente la sanidad pública en España y, más concretamente, en Asturias?
Probablemente Asturias esté algo mejor que otras comunidades, pero el deterioro afecta a todo el país. Desde mi punto de vista, hay una evolución común hacia una progresiva degradación del sistema. La capacidad para atender adecuadamente las necesidades sanitarias se ha visto comprometida. Hablamos de una infrafinanciación crónica, del avance de las colaboraciones público-privadas y de cómo estas abren la puerta a la privatización a largo plazo. No es un cambio brusco, sino una transformación lenta: se deteriora lo público, quienes pueden permitírselo se van a la privada, y eso debilita la base social de apoyo al sistema público. El colmo es cuando se reclaman ventajas fiscales para los seguros privados: en ese momento ya estamos financiando lo privado desde lo público.
“La sanidad pública retrocede y la ciudadanía percibe un vacío que otros llenan”
¿Considera que hay una ofensiva silenciosa del sector privado?
Sí, aunque en ocasiones deja de ser tan silenciosa. El caso del RIDEA es significativo: un organismo dependiente de la Consejería de Cultura encarga unas jornadas y un documento sobre el futuro de la sanidad asturiana a grandes empresas del sector privado. ¿No hay expertos en la sanidad pública asturiana capaces de asumir esa tarea? Lo mismo sucede con el arrendamiento de hospitales privados o la instalación del hospital Quirón en Gijón. La sanidad pública retrocede y la ciudadanía percibe un vacío que otros llenan. Si no somos capaces de revertir esta dinámica, podríamos llegar a un punto sin retorno.
Desde su experiencia como neurólogo, ¿cuáles son las consecuencias más visibles de este deterioro?
Lo que las autoridades resumen en datos estadísticos, en consulta lo vemos como dramas. Listas de espera crecientes, atención primaria desbordada, medicina comunitaria prácticamente desaparecida. Los pacientes llegan tarde a la especialidad, a veces con diagnósticos menos afinados, y deben esperar mucho para pruebas complementarias. Muchas veces esas pruebas se derivan a la privada, con las complicaciones que conlleva: sistemas informáticos distintos, dificultad para comparar estudios, acceso limitado a las imágenes…
¿Cómo perciben esta situación los médicos jóvenes? ¿Prefieren ya el sector privado?
Depende. La atención primaria ha perdido atractivo, pero la especializada todavía mantiene cierto prestigio. Muchos jóvenes siguen apostando por lo público al inicio de su carrera, porque les ofrece una atención más integral y mejores medios. Pero sí hay una brecha entre la valoración de primaria y la de especializada.
¿Qué le parece la apertura de una universidad privada en Asturias que oferta estudios sanitarios?
Forma parte de esa tendencia hacia la mercantilización de los derechos. Vivimos en una sociedad que prioriza el beneficio y olvida que los derechos exigen mecanismos de garantía pública. La educación, como la salud, no puede confiarse al mercado sin generar desigualdad. Cuando permitimos que la iniciativa privada tome la delantera en estos ámbitos, abrimos vías privilegiadas para quienes pueden pagar y eso rompe la igualdad de oportunidades. Esto, Enrique del Teso, que escribe con ustedes en Nortes, lo explica muy bien. Él tiene una argumentación que dice que si en un lugar hay hambre, eso no se va a arreglar construyendo más restaurantes. Hay cosas que la iniciativa privada no puede solventar, y los derechos —que son eso, derechos— van de repartir.
Contaminación y clase social: la salud no es neutral
¿Qué papel juegan los factores ambientales en enfermedades como el ictus o la demencia?
Un papel clave. Durante años se subestimaron. Hoy sabemos que las partículas contaminantes más pequeñas entran en el torrente sanguíneo y afectan a los vasos. A nivel global, después de la hipertensión, la contaminación podría ser el segundo o tercer factor de riesgo de ictus. Además, la enfermedad de los vasos es la segunda causa de demencia, así que el impacto es doble.
¿Y la clase social? ¿Influye tanto como la genética?
Influye mucho más. En enfermedades vasculares, la carga genética es muy baja, del 1 o 2 %. Los factores sociales y ambientales pesan mucho más. Hicimos un estudio en Oviedo y hallamos que en los barrios más ricos los ictus llegan a los 85 años y en los barrios pobres, a los sesenta. Hablamos de medias. Las causas son evidentes: alimentación, contaminación, condiciones de vida.
¿Qué está fallando en la prevención?
Fallan las políticas que igualen las condiciones sociales. Hay estudios que indican que corrigiendo la desigualdad podríamos evitar más del 10 % de los ictus. Son 120.000 al año en España. Y si miramos la alimentación, vemos un exceso de ultraprocesados y bebidas azucaradas en los sectores con menos recursos. Bastaría con medidas fiscales e incentivos para mejorar ese acceso. Hay muchas herramientas.
Si pudiera aplicar una sola reforma en la sanidad asturiana, ¿cuál sería?
Reducir los conciertos con la sanidad privada e invertir esos fondos en reforzar la pública. Cada euro que se va a la privada es un euro que se pierde del sistema que garantiza derechos.
Para terminar, ¿qué titular le gustaría leer dentro de cinco años sobre la sanidad en Asturias?
“Asturias lidera la recuperación de la atención primaria en España.”
