Cuando Mariano Rajoy abandonó La Moncloa en junio de 2018  (moción de censura mediante), España transitaba una lenta y frágil recuperación tras la crisis de 2008, que golpeó con especial dureza a un país aupado a los hombros del ladrillo y el turismo. A pesar del tímido crecimiento económico, los problemas seguían ahí, unos servicios públicos deliberadamente deteriorados, una tasa de paro desproporcionada, una precariedad laboral estructural y unas tensiones territoriales como no se recordaban desde hacía tiempo. Ese fue el legado que el Partido Popular dejó al Gobierno en solitario del PSOE, primero, y más tarde al primer Ejecutivo de coalición progresista de la historia democrática española, de 2020 a 2023 junto a Unidas Podemos, y desde 2023 hasta hoy con Sumar.

Desde el minuto uno de ese nuevo ciclo, buena parte del universo político, mediático y judicial ha trabajado con determinación para instalar en el imaginario colectivo la idea de una España al borde del colapso, gobernada por ilegítimos y sumida en el caos económico y social. La estrategia ha sido clara, construir un puente entre bulos impulsados por medios digitales afines a la derecha  (sostenidos con dinero público ) y la parte reaccionaria de la judicatura dispuesta a dar credibilidad a cualquier acusación, por absurda que fuera siempre que afectara al Gobierno progresista.

Todo ello impulsado por un Partido Popular que ostenta el dudoso honor de ser el primer gran partido del país condenado penalmente por corrupción, con tres sentencias firmes a sus espaldas, y que puso en marcha una policía patriótica para fabricar pruebas contra adversarios políticos, con especial saña hacia Podemos.

Sin olvidar a  Vox, recientemente sancionado por el Tribunal de Cuentas por un patrón sistemático de donaciones opacas entre 2018 y 2022, y beneficiario tanto de dinero procedente de Irán ( a estos si que los han financiado islamistas radicales ) como de un préstamo millonario de un banco húngaro estrechamente vinculado al presidente Orbán. Los pájaros, disparando a las escopetas.

Pero más allá de los relatos y a expensas de lo que ocurra con la comparecencia de Pedro Sánchez en el congreso, o precisamente a cuenta de esa comparecencia, dejemos constancia al margen de la política, que país tenemos hoy frente al que dejó Mariano Rajoy, para eso acudamos a los fríos datos. Porque lo que no se mide, no existe. Y es precisamente en los números donde se puede trazar con nitidez la diferencia entre dos Españas que se parecen solo en la bandera.

Economía

Rajoy pilotó la salida de la crisis con la tijera bien afilada, siguiendo al pie de la letra las recetas de la Alemania merkeliana y los halcones del ahorro del norte de Europa, se aplicó con disciplina una austeridad que hizo más daño que las criptomonedas, recortes, más precariedad y un deterioro premeditado del Estado del bienestar. En contraste, los gobiernos liderados por Pedro Sánchez han tenido que gestionar un país atravesado por una pandemia mundial que paralizó el planeta, una erupción volcánica en Canarias ( una DANA ) y una guerra en suelo europeo que desató una crisis energética. Y se ha hecho con políticas expansivas, inversión pública y un escudo social que evitó que millones de personas cayeran por el precipicio.

Los datos son los siguientes: El PIB per cápita en 2017 —último año completo del gobierno del PP— fue de 25.160 €. En 2024 cerró en 32.590 €, un aumento de más de 7.400 €, que en términos reales (descontando la inflación) supone un crecimiento de más del 10%.

Y el histórico flanco débil de nuestra economía, el empleo ha estado por primera vez en manos de una fuerza fuera del bipartidismo con Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo, y aquí el giro es aún más  evidente. El paro ha bajado del 15,3% al 11,36%, se rozan las 22 millones de afiliaciones a la Seguridad Social y el salario mínimo ha subido un 54%, pasando de 735 € a 1.134 €, mejorando las condiciones de vida de millones de trabajadores y trabajadoras en este país, todo esto mientras la población del país aumentaba en casi 3 millones de personas.

En cuanto a la deuda, el Partido Popular la dejó en el 97% del PIB, hoy se sitúa en torno al 103%, a pesar de como decíamos haber atravesado todas las catástrofes habidas y por haber hasta el punto de que ver aterrizar una nave alienígena en Puerta del Sol tan solo sería un día más en la oficina. Lo relevante no es solo el nivel actual, sino la trayectoria: desde el pico del 120% alcanzado en 2021 por el impacto del COVID, España ha conseguido reducir su deuda pública de forma sostenida, mientras mantenía una política económica expansiva.Y lo ha hecho sin recortar ni un solo euro en sanidad o educación, cumpliendo al mismo tiempo con las exigencias fiscales de Bruselas y situándose por debajo de Francia, Italia o Bélgica en cuanto a ratio deuda/PIB.

Este proceso ha sido posible gracias a un crecimiento económico robusto, en torno al 3% anual, muy por encima de la media de la eurozona que tiene a Alemania, Francia e Italia en cifras de crecimiento anémicas y dejando a España como la única gran economía con crecimiento sostenido. Pero, a diferencia del pasado, este crecimiento no se ha basado en el ladrillo, sino en tres motores mucho más sólidos:

– una reducción estructural de la temporalidad laboral

– un impulso sostenido de las exportaciones

– y una transición ecológica que ha mejorado significativamente la balanza energética.

Gracias a esta última, España se ha posicionado como un candidato serio a convertirse en tractor industrial de Europa, con los precios de la energía (PPAs) más competitivos de Europa gracias a una penetración de las renovables en el Mix eléctrico que ha pasado del 38% en 2018 al 60% en 2025.

También se ha logrado aumentar la inversión en pilares fundamentales del Estado del bienestar como la educación y la sanidad,  se ha duplicado el presupuesto destinado a cooperación internacional, recuperando para España un papel de referente global en el compromiso con los más vulnerables. Y todo esto, en un contexto internacional profundamente convulso, marcado por un auge del autoritarismo reaccionario como no se veía desde los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Con la extrema derecha instalada en gobiernos clave como Argentina, Hungría o Estados Unidos, y con el avance de partidos ultraconservadores por todo el mundo, es tal la normalización iliberal que incluso figuras neofascistas como Giorgia Meloni empiezan a parecer socialdemócratas clásicas en comparación.

¿Significa esto que vivimos en una Arcadia feliz? Evidentemente no, tenemos muchas sombras en estos años, desde el problema de la vivienda que amenaza con llevarse por delante una generación entera, hasta los problemas de corrupción que atenazan al PSOE y pueden provocar un adelanto electoral con eróticos resultados. Todo es mejorable pero este artículo no iba hoy de un análisis político de los gobiernos progresistas sino de una exposición de números que pusieran negro sobre blanco que país tenemos respecto al que nos habían dejado. España no es hoy un paraíso ni está exenta de problemas, pero es incuestionablemente una sociedad más resistente, más justa y con más derechos que la que dejó el Partido Popular