Mientras las calles de Tapia de Casariego se llenaban de música, fiesta y turistas el 28 de julio, la Agencia Sekuens activaba, sin explicación oficial, el plazo para alegar contra la mina de oro de Salave. La decisión, tomada en pleno verano y fuera del calendario ordinario de la Ley 7/2024 de Proyectos de Interés Estratégico Regional (PIER), ha encendido las alarmas de vecinos, colectivos y juristas.
El plazo, que se cerrará el 25 de agosto, coincide con una época en la que la actividad social y jurídica se ralentiza y en la que, según varios colectivos ecologistas, la Administración asturiana acostumbra a tramitar proyectos polémicos.
Otros, sin embargo, creen que en este caso puede tratarse solo de un encaje administrativo sin intencionalidad política.
Adela y Pepe, propietarios del Bar Goanna, han presentado su alegación por vía digital. Adela acusa al Gobierno autonómico de “vender Tapia” y sostiene que la mina no se ejecutará porque “todo responde a especulación bursátil”.
Ella cita a Astérix y Obélix para resumir su opinión: “¡Están locos estos romanos!”. Pepe recuerda que hace años trabajó en perforaciones para Astur Gold, anterior promotora del yacimiento, mientras sus hijos vestían camisetas con el lema Oro No. Lo cuenta con cierta incomodidad: “No sé por qué acepté ese trabajo”.
Alegaciones en pleno verano
En el momento de escribir este artículo, el número de alegaciones ciudadanas registradas se acerca a las 150, según ha podido saber NORTES. La plataforma ORO NO ya las ha presentado. Los colectivos ecologistas citados en este reportaje, como Ecoloxistes n’Aición y la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, están a punto de hacerlo, y vecinos de Tapia siguen registrando escritos. Sin embargo, varios abogados vinculados a actores implicados en el proceso se encontraban de vacaciones, lo que ha obligado a algunas organizaciones a trabajar con menos margen.
“Quieren que la gente no se entere o no tenga tiempo de alegar. En agosto, medio país está en otra cosa”
Estrategia o coincidencia
Beatriz González, geóloga, profesora de la Universidad de Oviedo y miembro de Ecoloxistes n’Aición, coincide: “Lo hacen siempre. Ya pasó en 2014 con Astur Gold. Abren el plazo en agosto para que haya menos participación”. En palabras de un compañero suyo de Ecoloxistes que ella suscribe, este calendario responde a “con alevosía y estivalidad”. Según ella, “Quieren que la gente no se entere o no tenga tiempo de alegar. En agosto, medio país está en otra cosa”.
González insiste en que el proyecto no encaja con los objetivos de la Ley PIER: “Es minería extractiva convencional, con impactos importantes y sin ningún carácter estratégico real”.
Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, añade que este verano no es una excepción: “Además de la mina de Salave, tenemos el plan de residuos, el Anillo Central y varios proyectos de parque de baterías, todos en información pública ahora.”
El plan de residuos es una estrategia autonómica de gestión de desechos; el Anillo Central, la autovía de circunvalación de Oviedo; y los proyectos de parque de baterías, varias iniciativas industriales en distintas localidades asturianas. “Es un clásico —añade—: tramitar en verano los asuntos más conflictivos”.
En la plataforma ORO NO hay división. Daniel Canto cree que, si hubo intención, en Tapia podría volverse en contra de quien la haya ideado: “El pueblo está lleno y mucha gente está firmando”. Pero admite que otras voces dentro de la organización lo ven como una maniobra deliberada del gobierno autonómico.
Daniel opina que dentro del gobierno asturiano hay dos posturas enfrentadas: “Unos están contra la mina y otros no. Pero ahora mismo no sabemos cuál de las dos posturas pesa más tras la dimisión hace unos meses de Belarmina Díaz como consejera.“
Javier Álvarez Villa, jurista, recuerda que la Ley PIER fija un máximo de tres meses para resolver desde la solicitud, aunque ese plazo puede suspenderse si la Administración pide subsanaciones o informes a otros organismos. Este mecanismo podría explicar el retraso, pero la falta de confirmación oficial deja espacio a la especulación. Por lo que nadie sabe decir con seguridad por qué el plazo de alegaciones no se abrió en marzo, cuando, según la ley así estaba estipulado.
“Todos ellos están de acuerdo en que Tapia no tiene tradición minera ni profesionales especializados para cubrir la mayoría de los puestos prometidos por la empresa.”
El papel del Ayuntamiento
Según ha podido saber NORTES por distintas vías, el Ayuntamiento de Tapia envió la documentación requerida el 11 de agosto, dentro del plazo fijado para ello. El Consistorio no ha querido hacer declaraciones públicas ni pronunciarse sobre el proyecto.
De acuerdo con la Ley PIER, ese informe municipal es preceptivo y no se limita únicamente a la cuestión urbanística. Tal y como explica el jurista Javier Álvarez Villa, puede pronunciarse también sobre si el proyecto cumple o no los requisitos para ser declarado estratégico. En cualquier caso, si el informe concluye que la explotación es incompatible con el planeamiento urbanístico vigente, la Agencia Sekuens debe solicitar informe a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias.
Un proyecto que no convence
Adela y Pepe coinciden en que, incluso si el proyecto superara todos los trámites, Tapia apenas se beneficiaría. Todos los actores que se oponen a la mina insisten en que la vida útil estimada de la mina es de 13 años y que el empleo local sería mínimo. Todos ellos están de acuerdo en que Tapia no tiene tradición minera. No hay profesionales especializados para cubrir la mayoría de los puestos prometidos por la empresa: “De hecho, hacen falta electricistas, camareros, albañiles, fontaneros… pero dicen que traerán trabajo…”
Evaristo Álvarez, vecino de Tapia, geólogo y miembro de ORO NO, cuestiona incluso el relato de la compañía sobre la magnitud del yacimiento. Recuerda el caso de Roșia Montană, en Rumanía, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2021, lo que frenó su explotación. “Allí también hablaban de que era la reserva de oro más grande de Europa sin explotar y los medios repiten estas cosas porque la compañía se encarga de esparcir estas cosas que no se ajustan a la verdad en absoluto.”
También denuncia la asimetría de tiempos: “La empresa tiene años para preparar su proyecto; la ciudadanía, solo 20 días para revisarlo, y son más de 5.000 páginas”.
Los romanos y el presente
A pocos días del cierre del plazo, Adela recupera la metáfora: “Los romanos ya vinieron hace dos mil años a sacar oro de aquí. Ahora vuelven con otro nombre”. Y añade, sonriendo: “Yo tengo la pócima para luchar contra los romanos”.
Pepe asiente, más serio. Dice que esta vez espera que el pueblo y las leyes sean suficientes para frenar la explotación. En Tapia, muchos creen que parte de los ingredientes de esa “pócima” son las alegaciones, que este agosto, fiestas o no, se siguen presentando.
