En plena campaña contra la mina de Salave, la sede del PSOE de Tapia de Casariego —donde estos días se asesoraba a los vecinos para presentar alegaciones— amaneció vandalizada ayer lunes 19 de agosto. Cuando los militantes se disponían a abrir el local, se encontraron con varios destrozos, según relató el partido en un comunicado publicado en sus redes sociales.
Entre los daños denunciados figuran la rotura del cartel del PSOE, cuyos restos quedaron esparcidos en la calle, el arranque del papel con los horarios de apertura de la sede y la colocación de una señal de tráfico de “prohibido el paso” en la puerta del local.
La agrupación aseguró que este tipo de actos «que buscan la intimidación no tienen cabida» y reafirmó su rechazo a la mina de oro: “Apostamos por un modelo económico y social sostenible, compatible con las actividades ya existentes, que proteja el patrimonio natural y nuestro modo de vida”. El PSOE local presentó denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Tapia e hizo un llamamiento a posibles testigos para que colaboren en la investigación.
El partido también enmarcó el ataque en un contexto de larga trayectoria política: “Somos un partido con 146 años de historia, cuya militancia se ha enfrentado a las circunstancias más adversas de la historia reciente española, y de ningún modo vamos a dejar de defender aquello en lo que creemos por principios, coherencia y compromiso”.
El Partido Popular de Tapia también difundió un comunicado en sus redes sociales en el que “condena rotundamente el ataque sufrido a la sede de la Agrupación Socialista de Tapia de Casariego”. “Cualquier tipo de discrepancia no debe exceder los límites del respeto, la tolerancia y la convivencia ciudadana”, añadieron, señalando que el alcalde Pedro Fernández (PP) se puso en contacto nada más conocer la noticia con el secretario general del PSOE local para interesarse por lo ocurrido.
Contexto de máxima tensión
El ataque se produce en la recta final del plazo de alegaciones contra la declaración del proyecto minero como de Interés Estratégico Regional (PIER), abierto por la Agencia Sekuens el 28 de julio hasta el 25 de agosto. Hasta ahora se han registrado en torno a 150 escritos, según distintas fuentes. La plataforma ORO NO ya ha presentado los suyos, los colectivos ecologistas ultiman su documentación y vecinos de Tapia siguen entregando alegaciones, pese a que el periodo estival y las vacaciones de abogados y técnicos han dificultado el proceso.
La decisión de abrir el trámite en plenas fiestas y en pleno verano ha generado un fuerte malestar. Ecologistas como Ecoloxistes n’Aición denuncian que responde a una estrategia de “alevosía y estivalidad” para reducir la participación, mientras que desde la Coordinadora Ecoloxista recuerdan que otros proyectos polémicos —como el plan de residuos, el Anillo Central de Oviedo o varios parques de baterías— también se han tramitado este agosto.
“El PSOE tapiego se había implicado en ayudar a la ciudadanía a alegar desde su sede, una iniciativa que fue criticada por la Asociación por la Reindustrialización del Occidente Asturiano (IDOA), favorable a la mina.”
El PSOE tapiego se había implicado en ayudar a la ciudadanía a alegar desde su sede, una iniciativa que fue criticada por la Asociación por la Reindustrialización del Occidente Asturiano (IDOA), favorable a la mina.
Esta entidad ha sido señalada por el Observatorio Ibérico de la Minería —iniciativa ciudadana con apoyo institucional en el marco de la Agenda 2030— como un ejemplo de astroturfing, es decir, de plataformas que simulan apoyo vecinal estando en realidad impulsadas por intereses empresariales.
Por otro lado, el Sindicato de mineros de Asturias, SOMA-FITAG-UGT; el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España (Coimne); y la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer), con sede en Sevilla, se han adherido recientemente a las alegaciones que piden declarar como estratégico el proyecto minero de Salave.
En este contexto de debate y presiones sociales y políticas, el vandalismo añade un nuevo elemento de tensión a un conflicto en el que una amplia mayoría social de Tapia de Casariego se reconoce: el rechazo a la mina une a todos los partidos con representación en esta población del occidente asturiano, más allá de los colores políticos.
