Sindicatos de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), la de Transportes Urbanos de Gijón (Emtusa) y la de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa) han mostrado este jueves su “rechazo” ante la “inaceptable” detracción de remanentes de empresas públicas y la Fundación de Servicios Sociales para el pago de deuda del Ayuntamiento.
Las secciones sindicales de UGT y LCT en la EMA, de UGT, USIPA y CSI en Emtusa, y de UGT, CSI y CT en Emulsa, han trasladado a través de un comunicado conjunto su descontento ante esta “política del equipo de Gobierno municipal” consistente en “detraer remanentes de tesorería” de las empresas públicas y de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.
A juicio de los sindicatos firmantes del comunicado, esta medida supone, en la práctica, “una descapitalización injustificable” de entidades que prestan servicios públicos “esenciales” y que ya “arrastran importantes déficits estructurales” en personal, medios materiales y “recursos básicos para el desempeño de su actividad”.
Han considerado “inaceptable” que el Ayuntamiento decida “desviar más de 12 millones de euros” del superávit acumulado por los organismos autónomos “para amortizar deuda bancaria”, en lugar de invertir esos fondos en mejorar servicios, reforzar plantillas y “atender a las necesidades reales de la población”.
Los sindicatos han remarcado que la Fundación Municipal de Servicios Sociales cuenta con un remanente de 12 millones de euros, que “no es asumible tener” mientras “cientos de gijoneses siguen esperando ayudas básicas para vivir con dignidad”, estando “en riesgo de exclusión social” o sin proyectos destinados a “frenar la pobreza en la ciudad”.
Desde las secciones sindicales firmantes han reclamado un modelo de gestión pública “que priorice a las personas”, refuerce los servicios públicos y “respete a las plantillas que los sostienen”. En este sentido, utilizar los remanentes de las empresas públicas para “tapar agujeros contables” generados por “una pésima gestión” ha sido calificado por los sindicatos como una “decisión política grave, que compromete el futuro de lo público” y que pone “en riesgo” las empresas municipales.
