Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, ha valorado como positivo que la comunidad vaya a tener una ley autonómica de vivienda, y ha pedido que esta reconozca el tener un hogar como un derecho subjetivo: “reconocer el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo implica transformar la arquitectura institucional. Supone dotar de presupuesto a las políticas públicas, construir vivienda social suficiente y establecer mecanismos de emergencia habitacional eficaces”.
“La construcción de nueva vivienda conlleva mucho tiempo, por lo que se deben adoptar medidas urgentes para sacar al mercado las viviendas vacías, además de desincentivar la segunda vivienda y la turística” defiende la Unión, que ha pedido la urgente reconversión de la SAREB a parque de vivienda pública en alquiler.
“La crisis derivada de la burbuja inmobiliaria fue devastadora, y sus consecuencias siguen presentes: alquileres desorbitados, jóvenes sin posibilidad de emanciparse, y un mercado dominado por la especulación. Datos como el creciente incremento de precios de la vivienda en Asturias (un 13,5 % en el segundo trimestre) reflejan la mayor subida en 18 años y la urgencia de intervenir en el mercado inmobiliario” señaló Alonso en una rueda de prensa en la que denunció “la indolencia” de las políticas públicas desde hace 15 años.
La Unión valora como positiva las formas participativas en la elaboración de la nueva normativa que, según Alonso “incorpora medidas concretas para ampliar la oferta de vivienda y asegurar que las acciones adoptadas sean efectivas”. Por un lado, la intervención directa del Ejecutivo autonómico —con la construcción, adquisición y rehabilitación de inmuebles— y, por otro, la colaboración con los propietarios a través de nuevos programas como el “Alquilámoste”, que garantiza el cobro de las rentas a los dueños de casas a cambio de ofrecer sus inmuebles en alquiler por debajo del precio del mercado.
Entre los instrumentos clave de la futura Ley de Vivienda, destaca, para la Unión de Consumidores, el Sistema Asturiano de Vivienda Protegida (SAVP) que, de forma estructural y permanente, ordenará el acceso, gestión y control de los inmuebles públicos o privados, blindando su uso para un alquiler asequible y evitando su venta en el mercado, el Observatorio Asturiano de la Vivienda, datos actualizados sobre precios, oferta, demanda y barreras de acceso; el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida, centralizando listas de espera y estableciendo criterios objetivos de acceso; y el Registro Autonómico de Viviendas Desocupadas, encargado de la identificación de viviendas vacías y promoviendo su rehabilitación o reincorporación al parque de alquiler social.
Alonso también saluda que “las condiciones de protección pública aseguren que las viviendas protegidas y de carácter público sólo podrán destinarse al alquiler asequible y se prohíbe expresamente su venta a terceros para explotación en el mercado libre”
“La vivienda no puede seguir siendo un bien de lujo ni un instrumento de rentabilidad especulativa” señaló Alonso, para el que considerar como grandes tenedores solo a los propietarios de más de 10 viviendas es uno de los aspectos que debe corregirse.
La Unión de Consumidores de Asturias anima a aprobar con agilidad esta ley, “convencidos de que la ciudadanía espera, muy pronto, la entrada en vigor de una normativa capaz de transformar la realidad de miles de hogares”.
