La reforma de la Ley del Aborto aprobada en 2023 incorporó un instrumento novedoso en el sistema sanitario español: un registro de objetores de conciencia. Su objetivo es facilitar la organización de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y garantizar que este derecho pueda ejercerse de forma efectiva en todo el territorio.
Aunque el aborto es un derecho reconocido en la sanidad pública, un informe del Ministerio de Sanidad de 2022 reveló que menos del 16 % de los abortos se realizaron en centros públicos en 2021. Sólo tres comunidades primaron aquel año la sanidad pública a la hora de llevar a cabo los abortos. Cantabria, con un total de 824 interrupciones voluntarias del embarazo, llevó a cabo el 67,3 % de estas en centros públicos; en Balears el porcentaje ascendió al 61,7 %, mientras que en Catalunya fue del 52,5 %. En Asturies donde la sanidad pública concierta con clínicas privadas los abortos solo un 5% de estos se realizaron en el SESPA.
Los casos más llamativos de ausencia de abortos en la sanidad pública estarían en Andalucía (0,05 %), Castilla La Mancha (0,06 %) y Aragón (0,26 %).
Los casos más llamativos de ausencia de abortos en la sanidad pública estarían en Andalucía (0,05 %), Castilla La Mancha (0,06 %) y Aragón (0,26 %).
La objeción de conciencia de muchos profesionales sanitarios es uno de los factores que dificultan el ejercicio del aborto en la sanidad pública. Hasta la reforma de la ley por el ministerio de Irene Montero la objeción de conciencia era un derecho reconocido individualmente, pero su ejercicio se realizaba de forma informal: cada profesional comunicaba su decisión en el momento en que se le requería participar en un aborto. Esto provocaba situaciones en las que, en determinados hospitales o áreas sanitarias, la totalidad o la mayoría del personal se declaraba objetor, haciendo imposible la prestación en el sistema público.
Con el registro los profesionales que no deseen participar en la práctica de abortos deben declarar su objeción de manera anticipada. El registro es confidencial y tiene carácter voluntario, pero su finalidad es permitir a las autoridades sanitarias conocer con antelación cuántos objetores hay en cada centro y planificar los recursos humanos necesarios para garantizar el servicio. También para evitar los fraudes, en algunos casos, los mismos profesionales que objetan en la sanidad pública participan en la práctica de abortos en centros privados.
La ley establece además que la objeción debe ser individual, previa y por escrito, y que no puede ser colectiva ni institucional.
Asturies creará el registro, Ayuso se resiste
A pesar de su aprobación, la implantación del registro ha sido desigual. Este lunes Pedro Sánchez remitía una carta a Madrid, Asturies, Aragón y Balears instándoles a crear sus respectivos registros de objetores.
Los gobiernos autonómicos de Balears, Aragón y Asturies se han comprometido a elaborar el registro de objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, pero la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que esta herramienta solo sirve para “estigmatizar” a los sanitarios.
Desde Asturies, la única comunidad socialista que no cuenta con el registro de objetores de conciencia, el Gobierno del Principado ha avanzado que está trabajando para aprobarlo “a la mayor brevedad” a través de un decreto.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Guillermo Peláez, ha confirmado que el Servicio de Salud del Principado ya ha dictado las instrucciones a todas las áreas sanitarias para llevar a cabo este registro, aunque ha defendido que el derecho al aborto en la comunidad está “absolutamente garantizado” gracias a un sistema “accesible” y que protege la “confidencialidad” de las mujeres.
