Catorce entidades memorialistas asturianas han mostrado su rechazo a la decisión del Ayuntamiento de Xixón de mantener el monumento franquista del Simancas, situado en la fachada del Colegio de la Inmaculada. Consideran que se trata de un símbolo de exaltación del golpe de Estado de 1936 y una ofensa a la memoria democrática y a las víctimas del franquismo.
En un comunicado conjunto, catorce asociaciones —entre ellas la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR), La Comuna d’Asturies, la Asociación Lázaro Cárdenas, 13 Rosas, Sociedad Cultural Gijonesa y Asturias Laica— denuncian que el Ayuntamiento “se escuda en tecnicismos legales” y “se declara incompetente” para promover la retirada del conjunto escultórico, trasladando la responsabilidad al Gobierno del Principado. “En pleno 2025 resulta inaceptable que sigan en pie en Gijón símbolos de la dictadura mientras las instituciones eluden su deber de aplicar las leyes de memoria histórica”, señalan las entidades.
Desde FAMYR recuerdan que la solicitud formal de retirada fue presentada en julio de 2024 y que, más de un año después, el Gobierno asturiano no ha ofrecido respuesta alguna. “El silencio administrativo y la negativa municipal reflejan una preocupante falta de compromiso real con la memoria histórica”, lamentan.
La polémica ha llegado a instancias nacionales. Tanto la Fiscalía General del Estado como el Defensor del Pueblo han abierto actuaciones por el caso del Simancas. La Fiscalía lo ha remitido a la de Derechos Humanos y Memoria Histórica de Asturias, al apreciar indicios de vulneración de la Ley de Memoria Democrática. El Defensor del Pueblo, por su parte, ha pedido explicaciones al Ayuntamiento de Gijón por su inacción durante más de un año.
Las asociaciones recuerdan que la Ley del Principado de Asturias 1/2019 establece claramente que, cuando un inmueble privado mantiene símbolos franquistas visibles desde el espacio público, la Consejería competente está obligada a iniciar de oficio su retirada. “No hay excusa posible: el Principado tiene el mandato legal, político y ético de eliminar de una vez por todas este símbolo fascista”, subrayan.
