Veinte años después de una de las operaciones de espionaje político más oscuras de su historia reciente, el Estado colombiano ha pedido perdón públicamente a quienes sufrieron el seguimiento, sabotaje y difamación ejecutados por sus servicios secretos en territorio español durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez (2002–2010).
La Embajada de Colombia en España acogerá este viernes, 17 de octubre, un acto simbólico en el que representantes del Gobierno de Gustavo Petro Urrego reconocerán la responsabilidad del Estado y expresarán disculpas a las organizaciones y activistas de derechos humanos afectados por la llamada Operación Europa.
Espionaje y guerra sucia en suelo europeo
Según las investigaciones de la Fiscalía colombiana, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) —la agencia de inteligencia adscrita entonces directamente a la Presidencia— desarrolló entre 2004 y 2006 una red clandestina de espionaje en varios países europeos, entre ellos España, con el objetivo de “neutralizar” a quienes consideraba opositores del Gobierno colombiano.
Las operaciones incluyeron infiltraciones en reuniones de exiliados, interceptaciones de comunicaciones, campañas de desprestigio vinculándoles con la lucha armada y amenazas contra activistas, ONG y defensores de derechos humanos españoles y colombianos residentes en Europa.
Asturies, con una trayectoria de 25 años acogiendo a activistas sociales colombianos amenazados en un país, figura de manera destacada en el espionaje por los seguimientos a los sindicalistas Javier Orozco, coordinador del programa asturiano de Derechos Humanos Colombia-Asturies, y Luciano Romero, trabajador de Nestlé, asesinado por paramilitares a su vuelta a Colombia en 2005.
Tal y como explicó en 2013 Orozco al periodista Pedro Menéndez en el desaparecido Diagonal Asturies, el espionaje fue utilizado contra otras cuatro personas refugiadas a su regreso a Colombia. Las fechas encajan en el periodo uribista: Henry Ramírez, acogido en 2003 y asesinado en 2010; Marcos Sosa, acogido en 2006 y que sufrió un atentado en 2010; Duván Vélez, en Asturies en 2009, y que se salvó de un atentado en 2011; y Arístides Oime, acogido en 2004 y apresado en 2009 junto con sus padres, acusados de pertenecer a las FARC.
De la persecución al perdón
El caso fue destapado en Colombia a finales de la década de 2000, en el contexto de los escándalos que precipitaron la disolución del DAS. Sin embargo, las denuncias presentadas en España por varias de las víctimas, entre ellas por el asesinato del sindicalista Luciano Romero, nunca prosperaron ante la justicia, debido a la falta de colaboración de las autoridades colombianas de entonces.
El actual Gobierno de Gustavo Petro, primer presidente de izquierdas del país, ha asumido el compromiso de reconocer los crímenes de Estado cometidos durante los años del uribismo y de ofrecer garantías de no repetición. En palabras de fuentes diplomáticas, el acto del viernes busca “restablecer la confianza y saldar una deuda histórica con quienes fueron perseguidos por pensar diferente y defender los derechos humanos desde Europa”.
