Olga Lucía Naizir García es abogada de la Universidad Nacional de Colombia y vicepresidenta de la Corporación Sociojurídica Orlando Fals Borda, organización con más de dieciséis años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos en Colombia.
Nacida en el Caribe colombiano, a sus 30 años, Olga reconoce en su propia piel las desigualdades de un país donde la centralización política y económica margina a las regiones periféricas. Creció en un pequeño pueblo sin agua corriente ni servicios básicos, pero su disciplina y compromiso la llevaron a convertirse en referente en la defensa de las víctimas de crímenes de Estado.
Esta semana estuvo en Xixón invitada por SoldePaz Pachakuti dentro de una intensa agenda europea marcada por el trabajo interminable de buscar justicia y reparación para las víctimas colombianas. La voz de Olga Naizir es firme cuando habla de justicia, memoria y dignidad; pero también de autocuidado y de la necesidad de erradicar el machismo y transformar las estructuras sociales desde la raíz.
Derechos Humanos, un compromiso transversal
¿Cómo se articula desde la corporación el enfoque en derechos humanos dentro del acompañamiento jurídico?
En el Colectivo Orlando Fals Borda hacemos un acompañamiento integral a víctimas de crímenes de Estado, puntualmente desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. ¿Y por qué digo integral? Porque no es solamente jurídico, es desde el litigio estratégico: compone lo psicosocial, lo jurídico, lo político, lo administrativo… Hacemos ese acompañamiento en pro de la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. El gobierno de Colombia firmó en 2016 un acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC-EP. En el punto cinco se habla sobre las víctimas: toda la participación de víctimas en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Hubo un informe final sobre las causas del conflicto en Colombia, las razones, los daños y las afectaciones. También se creó la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un tribunal transitorio que busca investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de estos crímenes cometidos en el país. Y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que busca a las personas desaparecidas en el marco y en razón del conflicto armado. Nosotras siempre hemos tenido, en el debate en las organizaciones de derechos humanos en Colombia, si realmente podemos hablar de conflicto armado o violencia sociopolítica. ¿Y cuál es la diferencia? Así lo vemos en el Colectivo Orlando Fals Borda: en Colombia, la violencia sociopolítica fue un ataque generalizado y sistemático del Estado colombiano contra la población civil. No había dos personas combatiendo, era una población civil indefensa, desarmada contra el Estado colombiano. La Jurisdicción Especial para la Paz ha dicho que en Colombia hay al menos 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Estado colombiano para mostrar resultados, mostrar que estaban ganando la guerra, recibir más apoyo de los Estados Unidos de América. Pero el Colectivo Orlando Fals Borda está desde hace muchísimo tiempo más antes que se creara la JEP. Nosotras tenemos una campaña que se llama “Contemos la verdad”, porque todas las personas no identificadas tienen una historia.
¿Y en qué consiste la campaña “Contemos la verdad”?
La campaña “Contemos la verdad” surgió por denuncias de campesinos y campesinas en la región sur de Colombia. Allí se estaba denunciando desde el 2010 que llegaban muchos cuerpos no identificados a los cementerios de Llanos Orientales y que los riachuelos desprendían olores putrefactos.
Ante personal de embajadas internacionales, cooperación internacional, congresistas colombianos, las víctimas denunciaron que estaban desapareciendo sus familiares. Luego de un proceso de articulación entre la Fiscalía General de la Nación, nació la campaña “Contemos la verdad”, que es la búsqueda inversa. Y es que las personas enterradas como no identificadas en estos cementerios están buscando a sus seres queridos. Entonces, no es solamente la búsqueda del familiar, sino la persona desaparecida como tal. Sabemos presuntamente dónde están enterrados. Y esto lo hemos construido junto con mujeres, junto con madres, hermanas, esposas… Porque las más afectadas con la violencia en nuestro país han sido las mujeres. Entonces, el enfoque de derechos humanos que le damos, la reivindicación por la verdad, la justicia y la reparación desde diferentes ámbitos.
Garantizar los derechos de las comunidades del Caribe colombiano
De los proyectos que habéis estado desarrollando, ¿qué aprendizajes consideras que son más importantes para seguir replicando, tanto en vuestra corporación, como para en otras similares a nivel mundial?
Yo creo que la campaña “Contemos la Verdad” es un hito en nuestro país y un referente a nivel mundial. De hecho, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, una entidad pública del Estado colombiano, tomó esta metodología de búsqueda inversa para también buscar a las personas desaparecidas en el marco de sus competencias legales. También el acompañamiento psicosocial transversal, ese litigio estratégico al que le apostamos que no solamente es jurídico, sino que comprende otras aristas: lo forense, colegas antropólogas que hacen una revisión, por ejemplo, de la trayectoria de los disparos, de la posición de la víctima. Yo soy abogada, pero el equipo es interdisciplinar. Nosotras nos llamamos Orlando Fals Borda, porque Orlando Fals Borda era un sociólogo colombiano del Caribe, que impulsó la metodología de investigación-acción participativa.
¿En qué consiste esta metodología?
Refleja un poco la descentralización de nuestro territorio y trabajar, recogiendo la información junto con las comunidades. No llegar de Bogotá, que es la capital, a los territorios e imponer el conocimiento. Las comunidades en los territorios saben el contexto, cómo ocurrieron los hechos, los patrones de macrocriminalidad, quiénes son los responsables. Y en base a eso, construimos el litigio estratégico junto con ellas. Entonces, creo que esas metodologías han sido pioneras. Tenemos muchos retos en cuanto a la garantía de los derechos humanos, porque realmente somos muy pocas organizaciones en Colombia con la capacidad para defenderlos en un país en conflicto armado y aportan un conflicto internacional. El reto más grande es que las víctimas puedan tener el acompañamiento que nosotros hacemos, gratuito. Aunque a veces nos desborda, pues no somos el Estado. El Estado no lo hace y le recae un poco la obligación a las organizaciones. El gran reto es seguir fortaleciéndonos.
¿Cómo afrontáis esta insuficiencia de recursos para atender las miles de demandas?
Siempre intentamos, cuando se puede, articularnos con las instituciones del Estado. Nosotras tenemos la representación, conocemos los casos, conocemos a las víctimas y demás. Hacemos mesas de trabajo con estas instituciones para hacer un cruce de información. Por ejemplo, con el tema de los desaparecidos, nosotras tenemos a la señora Juanita Pepita, pero están buscando a sus familiares y tal vez estén acá. Entonces, articularnos para agilizar el proceso de la entrega del cuerpo. También con el tema de los procesos penales, los procesos disciplinarios que se llevan en contra de los responsables. La clave del colectivo es, en todas las oportunidades que sea posible, tener una articulación constante y permanente con las entidades del Estado, pero también con nuestras organizaciones hermanas. Nosotras formamos parte de unas mesas de trabajo con organizaciones de derechos humanos en Colombia que tienen la misma causa de la búsqueda de verdad y justicia en nuestro país.
Respecto a esta articulación que intentáis llevar a cabo con el Estado, ¿habéis notado algún cambio respecto a las necesidades que os cubren a nivel estatal?
El presidente Gustavo Petro es un hombre progresista. El lema de su presidencia es “Colombia, potencia de la vida”. Yo creo que ha habido un cambio, no el cambio que todo el mundo en Colombia desea, que se acabe la guerra, el conflicto, porque en el mundo también está pasando. Es una situación mundial y estos cambios de conflictos de cincuenta, sesenta años, demoran muchísimo tiempo en consolidarse y Petro lleva tres años. Pero sí, hemos visto un poco la intención del Gobierno de mantener diálogos en los territorios, preservar la vida de las comunidades… Porque en Colombia estaba muriendo mucha gente, incluso todavía muere gente asesinada. Pero sí ha habido esa intención de salvar o guardar la vida por parte del Gobierno, de hacerle frente, por ejemplo, al glifosato. De parar esta fumigación contra las comunidades.
También nosotras representamos nueve casos. El ministro de Defensa del Gobierno de Petro pidió perdón públicamente por los casos de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Eso no había pasado antes, porque Duque, que estaba antes de Petro, siempre nos hacía ir a las reuniones y nunca pidió perdón. Petro le ha pedido perdón a las Madres de Soacha, las madres de los casos de ejecuciones extrajudiciales. Le pidió perdón a un colectivo de abogados. Entonces, sí ha habido un cambio un poco en la perspectiva de los derechos humanos en nuestro país, pero eso no significa que no tengamos muchas cosas pendientes y que no se construyen en un gobierno de cuatro años, se construyen en un gobierno progresista de muchos años.
Desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son las principales tensiones entre el derecho positivo colombiano y los estándares internacionales de derechos humanos?
En muchos casos me he dado cuenta como abogada, que los jueces o juezas en Colombia no aplican el derecho internacional de los derechos humanos, pese a que hace parte del bloque de constitucionalidad y de la Constitución Política de Colombia, según el artículo 93. Y no lo aplica, yo lo he visto en sentencia porque dicen: “Eso no es de carácter vinculante”. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, de las víctimas de crímenes de Estado que demandan al Estado para obtener una reparación integral, no solo económica, sino simbólica: perdón, placas, tratamiento médico, psicológico y demás. Y les declaran que se les pasó el tiempo para demandar. Caducó. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que en estos casos de crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado, no hay ningún tipo ni de prescripción ni de caducidad. Pero en Colombia no lo están aplicando porque dicen: “Eso lo dijeron en Chile, eso no aplica para Colombia”. Y esto realmente es muy desafortunado porque estas decisiones sí deben vincular al Estado colombiano, y más cuando se trata de protección de derechos humanos y también de cumplimiento del acuerdo de paz. Porque el acuerdo de paz de 2016 establece que todas las instituciones del Estado tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos.
Entonces, sí hay ciertos choques, como un choque de tren, como lo llamamos en derecho, entre el organismo nacional e internacional, porque el nacional muchas veces dice que no lo aplica porque no es vinculante y eso va en contra de las garantías de los derechos de las víctimas.
¿Qué recomendaciones darías tú para reducir esta brecha legal entre la jurisprudencia colombiana y lo que tiene que ver con el derecho internacional?
Debe haber una aplicación, un seguimiento y un compromiso real de los jueces y las juezas de la República de garantizar los derechos humanos, los derechos inalienables de las personas. Entonces, creo que hay una falta de compromiso -no digo de todos, pero sí los he visto en varias comunidades- en la defensa de los derechos humanos, porque Colombia se está volviendo muy fascista. Demasiado. No con Petro, pero… El mundo en general se está volviendo muy fascista.
Dentro de la labor de la organización, ¿qué propuestas intervencionistas priorizais para garantizar la protección de los familiares de estas personas desaparecidas o de estas víctimas que puedan estar en torno a estas comunidades? Sobre todo de las más de tipo rural, que pueden ser más vulnerables, en mayor riesgo de pobreza, etc.
Nuestra bandera siempre va a ser la defensa de los derechos humanos, de las personas que acompañamos. Pero también que, ellas, en el trabajo que hagan, puedan agenciar sus derechos. No como víctimas, sino como sujetos y sujetas políticas que reivindican, que participan de las diligencias, que solicitan, que piden, que exigen. Nosotras le apostamos a la consolidación de la paz en nuestro país. Las víctimas de la violencia sociopolítica, por las razones y las formas en cómo ocurrieron, no tienen cómo sufragar los gastos de un profesional en derecho, psicólogo, antropólogo, para que le haga un estudio general. Y creo que la apuesta del colectivo y de otras organizaciones que lo hagan, a este acompañamiento gratuito: a las víctimas, a las comunidades negras, a defender el territorio como lo hacemos, por ejemplo, gracias al trabajo con el Principado de Asturias y SoldePaz. Hicimos una acción de tutela para frenar las erradicaciones con glifosato en el gobierno de Duque. Eso requiere una experticia, que tal vez las comunidades no tengan, porque se dedican a otras cosas, son sujetos políticos en otros asuntos.
En Colombia tenemos una prensa muy amarillista. La prensa distorsiona la información. Hay medios alternativos, claramente, pero hay otros medios que dicen una cosa contraria a la realidad y esto genera temor en la población. Esto que está pasando con la situación actual entre Colombia, Venezuela, Trump, el mundo en general, Palestina… Bueno, toda esta situación. Creo que sí debe haber un compromiso, no solo la prensa del Estado, sino de la ciudadanía en general, de todos y todas, de respetar los derechos inalienables de las personas en un Estado social y democrático de derecho. Esa es la apuesta y lo que se espera tanto del periodismo, que sea íntegro, que respete, que no genere miedos, que, que sea objetivo dentro de lo que cabe. En nuestro país hay muchos territorios donde solamente llega la radio. Muchas personas acceden a la información sólo a través del audio en la radio.
Esos son unos grandes retos, porque la paz se construye desde todas las aristas. No solamente desde una, sino desde todas. Cuál es el aporte que cada uno hace para la construcción de paz.
¿Cómo incorporáis desde la corporación la perspectiva de género desde y hacia las mujeres?
En el colectivo, en la junta y en la asamblea, la mayoría de personas somos mujeres. Pero bueno, eso no quiere decir que seamos una organización necesariamente que trabaja en pro de los derechos de las mujeres. ¿Cómo sabemos que trabajamos en pro de los derechos de las mujeres? Porque entendemos y comprendemos que la guerra, la violencia sociopolítica en nuestro país afectó de forma diferente a las mujeres. Y eso implica una reivindicación, una exigencia de derechos diferente a la de los hombres. Entonces, por ejemplo, cuando presentamos demandas para que las mujeres puedan tener atención psicosocial, buscamos una profesional feminista, una profesional con enfoque de género. Tenemos casos de madres, mujeres, cabezas de hogar, que necesitan ir a nuestras actividades, pero no tienen con quién dejar a los niños. No tienen cómo pagar una guardería. Nosotras les decimos: “Tranquilas, los niños y niñas son bienvenidas en lo que hacemos acá”. Articulamos con las entidades del Estado para que puedan tener una profe que les enseñe un poco de historia, pero desde el vocabulario infantil. Eso es muy importante y ha permitido que las mujeres puedan participar de estos espacios. Las mujeres negras del Pacífico colombiano, mujeres indígenas, un poco también reivindicando su historia. Hacemos jornadas con ellas a través del canto… Bueno, hacen muchísimas cosas. Creo que se ha potencializado el enfoque de género, aunque nos falta mucho, seguramente, pero pues vamos paso a paso en esta consolidación.
Todo este recorrido, toda esta visibilización que hacéis de las víctimas es importante porque dejan de ser un número, deja de ser una cifra. También de hablar de todas las familias afectadas. Cuando tratamos directamente con personas, dejamos de estar sobre el papel, y la cosa cambia ¿Cómo llevas tú todo esto?
Sí, eso es muy complicado. En el colectivo también procuramos por el autocuidado. Porque es homicidio, por ejemplo, de mi hijo, dice una víctima, pero: “Me violaron, me desplazaron, me empalaron, me reclutaron otros…”. O sea, son muchas tragedias que viven los familiares. A mí me han contado cosas horrorosas y que me duelen muchísimo. Me duelen como persona, me duelen como su representante… pero siempre intentamos también protegernos emocionalmente. Hacemos actividades colectivas en la organización un poco para desestresarnos, para hablar, para conocer más a nuestro compañero y nuestra compañera. Intentando también no llevarlo, cada uno, a sus hogares, sus parejas, sus hijos, sus familiares. Para mí al inicio fue complicado. Soñaba en las noches, en la madrugada con cosas del trabajo, es abrumador. Pero ya lo he ido manejando un poco. O sea, también intentar vivir una vida normal, porque somos normales como todas las personas. Lo intentamos manejar. Que cada uno haga lo que le gusta, si le gusta andar en bicicleta, bailar, saltar, lo que sea, para que podamos seguir manteniendo el equilibrio con la salud mental, que es muy importante. Es bastante frustrante todo lo que uno escucha, las barbaridades. Y lo peor es que las ha cometido el propio Estado colombiano.
Mirando a largo plazo, ¿cuál es tu visión sobre la transformación en general de todas las estructuras, pero en este caso estatales, de tanta reproducción de violencia y desigualdad? ¿Cómo ves el futuro?
Hay una ley, no sé cuál, una norma en Cuba -no debería ser así, pero pues estamos en, en este mundo- establece como el trabajo igualitario en el hogar entre hombres y mujeres. O sea, creo que eso es un paso fundamental, el tema del machismo, cómo se crían a los niños. “Usted no puede cocinar porque usted es niño, usted no puede llorar porque usted es un niño”. Entonces, eso ayuda poco a poco, va transformando cómo son vistas las mujeres. No son objetos sexuales, no son objetos de parir, de reproducir… No, son sujetas políticas que agencian sus derechos, que reivindican sus derechos y que deben ser vistas en ese sentido. Entonces, creo que el tema de las mujeres para mí es transversal. El respeto hacia la mujer, la diversidad sexual también. Todo el mundo que sea lo que quiera ser. Con tal que no le haga daño a nadie, que haga lo que quiera hacer con su cuerpo, con su sexualidad, con su género, lo que quiera. Y este tema ha generado muchas violencias en Colombia. En Antioquia este año, mataron a golpes a una persona porque se identificaba de cierto género. La mataron a golpes, a piedras en un río. Eso es violencia. Entonces, creo que el tema del respeto hacia los demás, de la conciencia, es fundamental. Todo lo que tenga que ver con el machismo: erradicación total. Pero también este sistema capitalista que está acabando con el mundo, estos intereses infundados de ocupar territorios… Todo lo que está pasando en Palestina, lo que se quiere hacer en Colombia, lo que se está pensando hacer en Venezuela y demás. Debemos ser más conscientes como sociedad y como humanidad para proteger a la misma humanidad. Ayer, a la compañera palestina, yo le preguntaba: “¿Qué esperan los palestinos y las palestinas del mundo?” Me dijo: “Nada”. Yo: “¿Cómo así nada?”. “No, nada, porque es que lo que pedimos los palestinos y las palestinas no es para los palestinos y las palestinas, es para la humanidad. Lo único que queremos es la defensa de la humanidad”. Y a mí me quedó sonando muchísimo eso, porque, uno pensará qué piden, ¿no? No, nada, que defiendan la humanidad. Entonces, creo que la defensa de la humanidad, desde todos los ángulos, en la forma de elegir, en la forma de votar, en la forma de criar un niño o una niña, en la forma de usar vocabularios en contra del racismo, del machismo. Eso nos ayuda a cambiar un poco como sociedad. Si no lo hacemos, seguiremos de mal en peor.
