El peaje del Huerna —la principal vía de entrada y salida de Asturias hacia la Meseta— lleva casi medio siglo siendo un símbolo de agravio territorial y un lastre económico para la comunidad. Desde 1976, generaciones enteras de asturianos han pagado por cruzar la cordillera mientras otras autopistas del Estado veían caer sus barreras. La prórroga otorgada en el año 2000, bajo el Gobierno de José María Aznar y con Francisco Álvarez-Cascos como ministro de Fomento, alargó la concesión hasta 2050 y dejó enquistado un debate que hoy vuelve con una fuerza inesperada.
Esa fuerza tiene nombre: un informe jurídico y económico elaborado por los profesores de la Universidade da Coruña Carlos Aymerich y José Antonio Blanco, encargado por Somos Asturies, que ha cambiado de golpe el terreno de juego. Por primera vez, un estudio sistemático sostiene —con jurisprudencia europea, doctrina del Tribunal Supremo y cifras verificables— que la prórroga es ilegal, que el Gobierno puede anularla ya mediante revisión de oficio y que hacerlo sería más barato que seguir pagando bonificaciones durante los próximos veinticinco años.
El documento sitúa al Ministerio de Transportes ante una contradicción delicada: la supuesta imposibilidad económica de anular la concesión choca con los propios números de la Administración y con la posición de la Comisión Europea, que ya declaró la prórroga contraria al derecho comunitario. Frente a un debate hasta ahora dominado por declaraciones políticas, Aymerich y Blanco han introducido algo infrecuente: un marco técnico sólido que obliga al Gobierno a responder con argumentos y cifras.
Con ese telón de fondo, conversamos con Carlos Aymerich, catedrático de Derecho Administrativo, para aclarar qué dice exactamente el derecho europeo, qué implicaciones tiene para Asturias y por qué, según su análisis, la eliminación del peaje ya no es una reivindicación sino una obligación legal.
¿Puede resumir en términos simples qué demuestra su informe sobre la prórroga del peaje del Huerna? ¿Cuál es la conclusión central?
Nuestro informe, elaborado por mí y por mi compañero José Antonio Blanco, pone de manifiesto que la prórroga concedida en el año 2000 es ilegal tanto desde la perspectiva del derecho comunitario como desde el derecho español. Esa ilegalidad no requiere esperar a una sentencia futura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Administración del Estado, que fue responsable de otorgarla y de mantenerla, puede iniciar de inmediato un procedimiento de revisión de oficio para anularla y compensar a la concesionaria. Es decir, puede anular la prórroga del Peaje del Huerna ya. Al tratarse de una anulación por razones de legalidad y no de un rescate por oportunidad política, la compensación no puede incluir el lucro cesante, sino únicamente el valor de mercado de la concesión, que situamos —según varios métodos de valoración— entre unos 255 y unos 350 millones de euros. Esta cifra es menos de la mitad de lo que el Estado pagará en bonificaciones hasta 2050 si mantiene el régimen actual, por lo que entendemos que no existe justificación jurídica, política ni financiera para conservar la prórroga
En el informe mencionan que la prórroga de 2000 es ilegal según la jurisprudencia europea. ¿Qué elementos de la sentencia sobre la autopista italiana A22 son directamente aplicables al caso español?
La sentencia sobre la autopista tirrenaica italiana declara contraria al derecho europeo una modificación sustancial de una concesión consistente en ampliar el plazo sin licitación previa. En aquel caso la prórroga era incluso menor que la del Huerna, lo que refuerza la aplicabilidad de esa doctrina. La clave es que el Tribunal establece que la legalidad debe analizarse según el derecho vigente en el momento de la prórroga —esto es, en el año 2000— y no según el derecho existente cuando se otorgó la concesión original en 1976. En ese año 2000 ya estaba plenamente asentada la jurisprudencia europea que prohíbe modificar de forma sustancial un contrato sin licitación, porque hacerlo equivale a adjudicar un nuevo contrato de manera ilegal al concesionario anterior. Esa identidad entre ambos supuestos la reconoció la Comisión Europea al abrir el procedimiento de infracción contra España y la confirma ahora en su dictamen motivado
El Ministerio sostiene que es necesario esperar a la sentencia del TJUE y que anular la prórroga sería “económicamente inasumible”. ¿Estamos ante un argumento jurídico, económico o una decisión política?
No existe ninguna razón jurídica para esperar a la sentencia. De hecho, el Gobierno podría haber respondido a la Comisión dentro del plazo de dos meses que le concedió en julio, reconociendo la ilegalidad y anunciando medidas correctoras. Incluso ahora, vencido ese plazo, la Administración del Estado puede iniciar una revisión de oficio, como permite el artículo 106 de la Ley 39/2015. En cuanto al argumento económico, resulta difícil de comprender. Para que la anulación fuese “inasumible”, el Ministerio tendría que estar dando por hecho que habría que indemnizar el lucro cesante, lo cual es incorrecto. La jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara: el lucro cesante solo se incluye en un rescate anticipado por razones de oportunidad, no cuando la concesión se extingue por ilegalidad. Si el Ministerio insiste en ese argumento, solo cabría pensar que pretende compensar a la concesionaria por encima de lo legalmente exigible, lo cual no sería aceptable desde la óptica del interés general
¿Por qué considera que el argumento del “coste inasumible” no se sostiene económicamente?
Porque la situación actual tampoco es gratuita para las arcas públicas. Mantener las bonificaciones exige desembolsar más de 670 millones de euros hasta 2050, una cantidad muy superior al valor de mercado de la concesión. Además, los gastos de conservación de la autopista rondan los cinco millones anuales, cifra plenamente asumible. Incluso si la Administración optara por financiar la compensación a largo plazo —a veinticinco años, el plazo restante— esa financiación seguiría siendo más barata que continuar pagando bonificaciones año tras año. En términos de eficiencia financiera, la alternativa más racional es anular la prórroga cuanto antes
¿Puede interpretarse esta resistencia del Ministerio como un intento de evitar un precedente para otras concesiones cuestionadas?
Es una hipótesis posible. Desde luego no parece que la preocupación sea el impacto político en Asturias, donde eliminar el peaje sería una medida popular. Cuando se insiste en que sería “políticamente inasumible”, cabe preguntarse para quién. Si lo que se pretende evitar es sentar un precedente aplicable a otras concesiones en situaciones similares, estaríamos ante una priorización de intereses empresariales frente a los intereses generales y frente a la ciudadanía afectada. Pero eso es ya una decisión política, no jurídica ni económica
¿Qué impacto económico tendría para Asturias la eliminación inmediata del peaje? ¿Ha actuado históricamente como una barrera al desarrollo?
Aunque nuestro informe no estudiaba específicamente esa cuestión, es evidente que la AP-66 es la vía más segura y eficaz de conexión entre Asturias y la Meseta. La alternativa por Pajares es más larga, más lenta y especialmente peligrosa en invierno. Suprimir el peaje facilitaría la movilidad, favorecería las transacciones comerciales y tendría un efecto positivo general en la economía asturiana. La experiencia de otras autopistas en las que se eliminaron los peajes tras el vencimiento de la concesión confirma estos efectos beneficiosos en términos de tráfico, competitividad y cohesión territorial
Si el Ministerio quisiera mañana una hoja de ruta técnica para suprimir el peaje, ¿qué pasos debería dar y en qué plazos?
Los pasos están detallados en nuestro informe. La Administración del Estado puede iniciar de oficio el procedimiento de revisión, solicitar el informe preceptivo al Consejo de Estado y realizar la valoración económica de la compensación. Ese procedimiento podría completarse en cuestión de meses. Incluso si existieran restricciones presupuestarias, la compensación puede financiarse en un horizonte de veinticinco años, resultando aun así más barata que la situación actual. Jurídicamente es viable, económicamente es racional y administrativamente es asumible. Solo falta voluntad política para ponerlo en marcha
Ahora que el informe es público y que Somos Asturies ha solicitado formalmente la revisión de oficio, ¿qué espera que ocurra?
Espero, en primer lugar, que no se produzca silencio administrativo y que la solicitud sea tramitada. En segundo lugar, que el Gobierno utilice esta oportunidad para anular la prórroga y abrir una vía de solución justa. Y finalmente, confío en que nuestro trabajo sea útil para el conjunto de la ciudadanía asturiana y para el debate público que se está desarrollando en los foros impulsados desde el Principado. Ese era nuestro objetivo y el de quienes nos encargaron el informe: aportar argumentos sólidos y rigurosos al servicio del interés general.
