La decisión del Consejo de Gobierno del 16 de febrero, por la que se declara como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) la solicitud presentada para un centro comercial Costco, se convierte en la primera inversión que se canaliza a través de este mecanismo legal aprobado en diciembre de 2024 con un amplio consenso. La votación de la Ley en la Junta General, sin votos en contra, ya anunciaba cambios profundos en la Ordenación del Territorio en Asturias.
La Ley de Proyectos de Interés Estratégico tiene entre sus objetivos impulsar el desarrollo de proyectos de inversión que persigan el mantenimiento de la actividad existente, la transformación del tejido económico regional, el desarrollo de nueva actividad, la ejecución de nueva inversión o la generación de las condiciones para que estos objetivos puedan desarrollarse. En este caso, no se cumple ninguno de ellos. No mantiene, no transforma, no desarrolla, no ejecuta nada nuevo, es un modelo conocido.
Lo singular de esta ley es que cuando una solicitud de PIER se “desarrolle sobre terrenos no reservados por los instrumentos de ordenación urbanística y/o territorial para los usos e intensidades previstos, la declaración de PIER prevalecerá sobre dicho planeamiento, teniendo el PIER la consideración, a los efectos de lo establecido en la legislación en materia ambiental, territorial y urbanística, de compatible urbanísticamente conforme a lo establecido en la ordenación urbanística y territorial”. Es decir, se trata de una vía con una extraordinaria capacidad de superar las determinaciones del planeamiento urbanístico y territorial, incluso de ir en contra de ellas. Esa es exactamente la situación que se da en la ubicación solicitada por Costco.
Para empezar, la Ordenación del Territorio es una competencia de la comunidad autónoma, no susceptible de transacción. La Ordenación del Territorio hace referencia a las grandes decisiones a escala supramunicipal.
Las Directrices sectoriales de equipamiento comercial, en las que se puso el foco en una primera tentativa, son uno de los instrumentos de la Ordenación del Territorio en Asturias. En el preámbulo de las directrices se expresa que se persigue “tanto el establecimiento de un nivel de equipamiento comercial adecuado a las necesidades de la población, como su correcta y equilibrada distribución a lo largo de todo el territorio asturiano, velando al tiempo por el acceso de los ciudadanos a un comercio urbano de proximidad, seguro, salubre y basado en relaciones empresariales de leal y libre competencia”. Es decir, se apuesta por un modelo sostenible caracterizado por la proximidad que evite el consumo excesivo de suelo o evite crecimientos a saltos, y para ello plantea unos condicionamientos para la implantación en los que el proyecto Costco no encaja, ya que promueve un desarrollo fragmentado, dependiente del automóvil privado y que consume suelo inicialmente destinado a usos industriales. Un modelo territorial insostenible que conlleva un incremento de gastos para las administraciones públicas.
Se trata de unas normas claras y que garantizan la igualdad de oportunidades dentro del marco del libre mercado. Lo que se pretendía con la crítica a las directrices es que fueran lo más laxas posibles para poder adecuarse a cada momento. Una ordenación a medida.
El área industrial de Bobes: cambios de uso y la ley PIER
El concejo de Siero tiene unas características inigualables dentro de Asturias para la implantación de nuevos usos y actividades productivas. Su accesibilidad territorial es muy alta, con una red de autopistas que estructura el territorio municipal, está próximo a Oviedo y Gijón, su entorno rural tiene mucha calidad ambiental y paisajística y, además, sus principales núcleos de población han ido mejorando paulatinamente, con espacios públicos y equipamientos de calidad, oferta residencial, itinerarios ciclopeatonales, etc.
Un ejemplo de esta accesibilidad es el polígono de Bobes, donde está previsto que se implante Costco. Inicialmente, su gestión recayó en Sogepsa, que a lo largo de 2006 llevó a cabo el proceso de expropiación y dio paso a la ejecución del proyecto de urbanización. Tras ciertos retrasos, las obras comenzaron aproximadamente cuando se empezaban a notar los efectos de la crisis financiera global, agravados en España por el desplome del subsector de la construcción. Sus consecuencias a punto estuvieron de llevarse por delante a Sogepsa, mientras en los terrenos del área industrial lo único que enraizaba era el plumero de la pampa.
La idea de que pudieran asentarse usos comerciales y otros usos distintos de los industriales ya se manifiestó con anterioridad. Así, durante el proyecto de urbanización, algunas voces ya apuntaban a ese posible cambio de uso. Sin embargo, el cambio radical se produjo con la implantación de Amazon.
Sin ley PIER, Amazon pudo implantarse en Siero, en tiempo récord. Se modificó el Plan Especial del Área de Bobes para introducir una nueva norma zonal, dedicada a Gran Industria, y se llevó a cabo una reparcelación en el extremo occidental del polígono para acoger esta inversión. Entre los usos contemplados ya se incluía la logística, pero no la comercial.
En 2022, en diferentes informaciones publicadas en prensa se conoció que la empresa Bogaris, dedicada a la promoción y alquiler de superficies comerciales disponía de una reserva de 54.000 metros cuadrados en Bobes. Precisamente, Bogaris es la empresa que ha ayudado a la llegada de Costco a España. Cabría preguntarse, ¿por qué reserva una empresa que se dedica al sector comercial una gran parcela en un área dedicada, originalmente, al uso industrial? ¿qué relación hay entre el cambio de uso que favorece la ley PIER y esta iniciativa? Sin la publicación del informe de alegaciones, quedan aún unas cuantas incógnitas por resolver.
Como quiera que sea, la realidad pone de manifiesto que ha sido necesario un cambio legal para la implantación de Costco. En este caso, no como cabría esperar; es decir, modificando las directrices, sino creando una ley que no existía, la ley PIER.
Una ordenación a la carta
Lo que supone esta decisión del Consejo de Gobierno es que se reconoce abiertamente que dan igual los estudios técnicos, la participación ciudadana y la concepción general del espacio en el que vivimos. Al amparo de esta nueva Ley, el Consejo de Gobierno se erige en el máximo responsable de las decisiones de indole territorial. Sin un procedimiento claro, se podría entender que toda decisión de índole territorial es discrecional. Entonces, cabe preguntarse, ¿para qué hacer planes de ordenación urbana?, ¿para qué las directrices? Si todo va a depender de la fuerza o el poder de cada momento, podemos dejar de disimular y dejar que el territorio se construya a merced de la coyuntura de cada momento.
En este contexto, cabe esperar algún recurso, o bien de las entidades que inicialmente presentaron alegaciones a la solicitud, o bien de empresas que puedan ver vulnerado el principio de igualdad debido a la aprobación de implantación de un uso comercial en suelo industrial.
