La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha señalado este martes que los datos relativos al mes de febrero constatan “avances significativos” en la resolución del atasco generado en la gestión de expedientes relativos a la atención a la dependencia derivado de la implantación de la Historia Social Única Electrónica y de una nueva herramienta informática que venía causando problemas.
Según ha informado el Gobierno, el número de personas que han accedido a una prestación se ha cuadriplicado en un mes y ha llegado a 822 en febrero frente a las 192 de enero y la cifra supera las registradas en junio de 2025 mientras que el ritmo de solicitudes registradas en el sistema también ha aumentado al pasar de 1.122 en febrero frente a las 73 en el mes anterior.
Además, la cuantía destinada al pago de prestaciones económicas ha crecido un 13 por ciento hasta situarse en 5,2 millones de euros para atender a 18.517 personas, 480 más que en enero y se ha reducido en 13 días el plazo medio de resolución los expedientes de dependencia hasta situarse en 432.
El Gobierno puso en marcha en febrero el denominado Plan Agiliza, un conjunto de medidas de choque para reducir el periodo de tramitación de las prestaciones vinculadas a la ley de dependencia de manera que al finalizar este ejercicio la demora no supere el plazo legal fijado en 180 días.
El plan tiene un coste de 2,2 millones de euros e incluye el refuerzo de personal, de medios materiales y de procesos informáticos así como el uso de inteligencia artificial dado que la administración autonómica recibe una media de mil solicitudes mensuales de una sociedad envejecida en la que previsiblemente las solicitudes de acceso a la dependencia seguirán creciendo con la jubilación de las generaciones del ‘baby boom’.
En el apartado de refuerzo del personal, el documento contempla que a partir de marzo se ponga la contratación de 41 funcionarios (un administrativo, once gestores y 29 trabajadores sociales), un refuerzo que se sumará a la dotación actual -150 personas- y cuya labor se centrará en impulsar la tramitación de las solicitudes pendientes en tanto las demás medidas del plan van teniendo efecto de forma progresiva.
Además, el Gobierno ha invitado a los ayuntamientos a asumir la encomienda de gestión que realizan desde 2020 Castropol, Coaña, Villayón, Cangas del Narcea e Ibias para hacer valoraciones de dependencia y emitir propuestas de programa individual de atención que la Consejería paga a razón de 190 euros por cada expediente gestionado
Según el Ejecutivo, esta fórmula funciona con éxito en esos concejos, donde el número de personas pendientes de valoración es muy reducido o inexistente, y la experiencia demuestra que esta modalidad resulta especialmente eficaz en municipios alejados de las cabeceras de área, o con dispersión territorial, al evitar desplazamientos del personal autonómico y aprovechar la cercanía y el conocimiento del entorno por los servicios sociales municipales.
A juicio de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, el efecto positivo de las reformas emprendidas desde la implantación de la nueva herramienta informática (SiGDEAs) y de la batería de medidas de choque del Plan Agiliza ya está dando resultados al simplificar trámites y eliminar “cuellos de botella”.
“Estamos demostrando que cuando apostamos por modernizar el sistema de dependencia, los resultados llegan. Reducir 19 días en solo un mes, cuadruplicar la concesión de ayudas y avanzar en hacia el plazo legal, es tiempo ganado para las familias que necesitan una respuesta urgente”, ha apuntado Del Arco.
