Castilla-La Mancha y Castilla y León son las comunidades mejor puntuadas por el Observatorio Estatal de la Dependencia, que incluye a Asturies entre los territorios que suspende en esta evaluación basada en 20 indicadores de un sistema que atiende en España a 1,6 millones de personas y mantiene en espera a otras 258.167, aunque a distintas velocidades y con distintos modelos territoriales.
El observatorio de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha presentado este viernes la Escala de Valoración de la Dependencia a cierre de 2025 que aprueba solo a seis comunidades, teniendo en cuenta indicadores como beneficiarios, gasto, listas de espera, servicios, empleos directos y solicitudes, entre otros.
“Hay una desigualdad terrible, según dónde viva la persona dependiente encuentra unas prestaciones o servicios; solo seis comunidades han aprobado y la nota media en España es de 4,8, por lo tanto suspende el desarrollo de la dependencia”, ha señalado su presidente, José Manuel Ramírez.
Castilla-La Mancha (con un 8,2) y Castilla y León (7,5) alcanzan la mejor puntuación; mientras que Extremadura (2,2), Ceuta (2,5), Melilla (2,5), Murcia (3,2), Catalunya (3,2) y Cantabria (3,5), están a la cola.
El resto de las comunidades que consiguen aprobar son Andalucía (6,7), Galicia (6,7), Comunidad Valenciana (5,7), Aragón (5,2); suspenden también Navarra (4,7), Asturies (4,5), Canarias (4,5), Madrid (4,5), Balears (4,2), País Vasco (4) y La Rioja (4).
El número de personas fallecidas en Asturies en lista de espera del sistema de dependencia se elevó el año pasado a 1.245, de las que 1.179 murieron sin resolución de grado y 66 con derecho reconocido, pero pendientes de prestación o servicio, según refleja el Observatorio Estatal de la Dependencia.
El informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales presentado este viernes aprueba solo a seis comunidades, teniendo en cuenta indicadores como beneficiarios, gasto, listas de espera, servicios, empleos directos y solicitudes, entre otros, y, en el caso de Asturias, es uno de los territorios que suspende con una puntuación de 4,5 puntos -0,6 más que el año anterior- que la sitúa en octava posición en el ránking.
La evolución del número de fallecidos -12.466 entre 2017 y 2025- refleja que en 2024 el número de muertos fue de 1.415 en lista de espera, lo que supone una reducción de 170 durante el año pasado aunque el Observatorio advierte de que el volumen de personas fallecidas en lista de espera continúa siendo elevado, manteniendo niveles incompatibles con una gestión plenamente eficaz del sistema.
Además, los 66 fallecidos con derecho reconocido que permanecían a la espera de prestación coinciden con las que abandonaron la lista de espera durante el ejercicio lo que evidencia que el 100 % de la reducción se explica por la muerte de personas pendientes de prestación y no por la actuación resolutiva de la administración autonómica.
Una capacidad resolutiva insuficiente
La evolución observada pone de manifiesto, apunta el Observatorio que no se ha producido una reducción efectiva del limbo atribuible a la gestión administrativa, lo que confirma “una capacidad resolutiva insuficiente” de un sistema con una incapacidad estructural para transformar la tramitación administrativa en resoluciones efectivas.
De esta forma, la salida de las personas del sistema se produce, de forma sistemática, por causas ajenas a la gestión administrativa, lo que pone de manifiesto “una quiebra del objetivo esencial del procedimiento de atención a la dependencia”, según refleja el informe.
Así, constata que Asturias atendió en 2025 a 645 nuevas personas dependientes, lo que supone un incremento del 1,9%, muy inferior a la media en que lo hicieron el resto de comunidades que se situó en un 10,4%, y que se redujo el número de solicitudes en 1.209, un 2,3 % menos que en 2024, frente a un aumento de la media nacional en un 7,4%.
También en el conjunto de parámetros básicos del sistema el número de personas valoradas únicamente crece en un 2,20% cuando el resto de territorios lo hicieron en una media del 8,80% mientras que la cifra de personas con derecho a prestación registró una subida de solo el 1,72% frente al 9% a nivel nacional.
La lista de espera se reduce más que a nivel nacional
De esta forma, en Asturies el número de personas desatendidas era de 1.316, con una tasa limbo -quienes tienen reconocido el derecho o solicitada la valoración, pero no reciben atención- del 3,9% frente a la del 8,3% de España y la lista de espera efectiva era de 7.764 personas, un 15,51%, superior a la media nacional que es del 11,10%.
Respecto al ejercicio anterior se refleja una disminución en la lista de espera de 2.222 personas, un 22,25 % menos que se sitúa en este caso muy por encima de la reducción a nivel nacional, que fue del 4,5 %.
El Principado contaba en 2025 con 2.536 nuevas prestaciones, 2.789 menos que en el año anterior, de las que el 78% corresponde a las 1.984 atenciones en Teleasistencia y el 30 % a prestaciones para cuidados en el entorno familiar mIentras que aumentó la atención residencial al pasar de -8 a 132, cifras que reflejan que tiene una de las carteras de servicios más armónicas del país por su correcto equilibrio entre prestaciones económicas y servicios.
Además, el número de personas desatendidas en el último año se ha reducido hasta situarse en 11,10 personas desatendidas por cada mil con derecho reconocido, muy inferior a la media nacional situada en 60, una reducción que el Observatorio considera teórica dado que hay que deducir el número de personas con PIA que aún no reciben el servicio o la prestación y los fallecidos a la espera de recibirlo.
Costes directos: 200 millones y el 20,5 % lo pagan los usuarios
Por su parte, los costes directos totales de la gestión de las prestaciones y servicios durante 2025 se estiman en 200,9 millones de los que el 34,7% corrió a cuenta del Principado -48,6% de media en el resto de comunidades- y el 44,8% a la administración central -31,7% a nivel nacional- mientras que los usuarios sufragan el 20,5%.
Atendiendo solo a la aportación de ambas administraciones, el Principado, que recibió en 2025 una financiación de 113 millones, sale claramente beneficiado dado que aporta el 44% del gasto público mientras la media nacional se sitúa en el 39,5%, y el Estado alcanza el 56% restante -frente al 60,5 % de media del resto de comunidades- como consecuencia de la bonificación que sufren las autonomías en las que predominan los servicios en su cartera.
De esta forma, el promedio de gasto público por persona dependiente en Asturies se sitúa en 4.045 euros -lejos de la media nacional situada en 6.015 euros-, una diferencia del 32,7 % que el Observatorio achaca al elevado porcentaje que representan en su cartera la prestación de promoción y prevención junto la teleasistencia, ambas de bajo impacto económico, y al escaso importe de las prestaciones para cuidados en la familiar, solo el 27,5% de su cartera de servicios y con apenas 185 euros mensuales de media, uno de los más bajos del país.
Con estas cifras, el gasto público por habitante alcanzó los 137 euros anuales frente a los 194 que abonan la media nacional del conjunto de comunidades -un 29,3 % menos- y la tasa de cobertura se sitúa en 33,27 PIAS (Programa Individual de Atención) por mil habitantes, casi un punto menos que la media nacional.
Empleo generado
El servicio de Atención a la Dependencia genera en Asturias 8.346 empleos tras generarse 63 nuevos después de los 667 perdidos en 2024 con lo que tasa de creación de empleo se cerró el año pasado con 52,3 puestos por cada millón invertido, superior a los 39,80 del conjunto nacional.
Más beneficiarios, pero con servicios y prestaciones de bajo coste
Hay 1,7 millones de personas que tienen reconocido ese derecho (147.612 respecto al año anterior) y 158.618 personas más han sido atendidas.
Pero el aumento de los beneficiarios se ha hecho a costa de prestaciones y servicios con menor coste, ha señalado Ramírez. Por ejemplo, el 44,6 % de las personas beneficiarias del sistema son atendidas con la prestación de cuidadoras familiares, con un importe medio mensual de 264 euros (lo perciben actualmente 735.889 personas).
En España, 66.246 personas reciben como prestación única la Teleasistencia, 273 más que en 2024: cuatro de cada diez de estos casos (41 %) se producen en la Comunidad de Madrid (27.137).
El estudio destaca que para optar por un modelo de atención que permita vivir en sus hogares es necesario reforzar la Ayuda a Domicilio. Sobre ese servicio, Navarra lo presta con 76,9 horas de media mensuales, Galicia con 53 horas y Canarias con 49 horas. Con menos de una hora diaria de media están Aragón (18,6), País Vasco (24,8) y Castilla la Mancha (25,6).
Inversión por dependiente: de los 7.500 euros de La Rioja a los 4.000 de Aragón
La horquilla de la inversión que se da a las personas en situación de dependencia es muy amplia, con una media en España de seis mil euros. La Rioja encabeza la inversión pública por persona dependiente (7.537 euros), seguida de País Vasco (6.567) y Castilla La Mancha (6.432 euros). A la cola, se sitúan Aragón (4.020), Asturies (4.045) y Ceuta y Melilla (4.264).
La Rioja también es la que ofrece mejor relación entre servicios y prestaciones, con un 13 % de prestaciones en relación a los servicios. En el otro extremo está Baleares donde es mayoritario la cobertura a través de prestaciones (75,4 %), la Comunidad Valenciana (72,8 %) y Cataluña (63,3 %).
“Un mayor volumen de gasto público no implica necesariamente hacerlo mejor. Sí denota voluntad política e inversora”, indica el observatorio.
Catalunya, la comunidad con más fallecidos en espera
Se mantienen en espera 258.167 personas: 148.907 con derecho reconocido sin atención (6.441 más que el año anterior) y 109.260 pendientes de valoración (18.619 menos que hace un año); murieron 32.704 personas, solo en Catalunya 9.116, la comunidad con mayor número de personas fallecidas a la espera de un procedimiento.
En Cataluña y Andalucía, con más del 56 % del total, es donde más se concentran las personas fallecidas que esperaban ser valoradas. Y en Cataluña también, fallecieron más del 31 % de personas a la espera de prestación.
“No fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones. Hay que recordar que cada 16 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la ley, 90 personas al día”, ha añadido Ramírez.
El tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución del expediente es de 341 días, siete más que el año anterior. En Murcia (559 días), Andalucía (496 días) y Canarias (430 días) esperan más de año y medio en recibir una prestación o servicio de la dependencia.
En 2025 se alcanza un máximo de inversión en el sistema, con 13.506 millones de euros, el 0,8 % del PIB, la mitad de lo que dedican de media los países de la UE. “Sería necesario aumentar en mil millones en los próximos presupuestos para pasar de las buenas intenciones a una realidad que no puede esperar”, ha aseverado.
A lo largo de 19 años de aplicación del sistema, más de 4 millones de personas han recibido atenciones, mientras que 900.000 personas han fallecido en las listas de espera.
