La universidad privada se expande a costa de la privada. Así lo muestran los datos. España lleva desde 1998 sin abrir una una universidad pública, mientras que la oferta de privadas para ese mismo periodo ha pasado de 14 a 46 universidades. Hoy los estudiantes de la privada son ya el 23% en los grados y el 50% en los posgrados. En las carreras de ciencias de la salud, las más rentables, la proporción es todavía mayor. Mientras la oferta de matrículas de Medicina en la pública permanece prácticamente congelada, apenas un un 1% más desde 2019, el crecimiento de plazas en la privada ha sido del 37%.
Ese proceso no ha caído del cielo, y se debe a varios factores. Por un lado a la falta de financiación de la universidad pública, que todavía se está recuperando de los recortes de la crisis de 2008. Las universidades perdieron 4.520 millones de euros de inversión entre 2010 y 2015, según los cálculos de la Conferencia de Rectores, y se encuentran además muy desigualmente financiadas dependiendo de las comunidades autónomas. Por otro lado, están las facilidades puestas por todas las administraciones públicas al despliegue de las privadas, que hasta fechas muy recientes han proliferado sin ningún control. Por último, y por paradójico que pueda parecer, han existido casos de activa colaboración de altos cargos de la universidad pública y las comunidades autónomas para frenar el desarrollo y crecimiento de las instituciones públicas. ¿Qué obtienen a cambio de ello?
Un informe de 2025 de CCOO Enseñanza Madrid ha puesto el foco en un fenómeno cada vez más visible en el sistema universitario español, y que quizá nos ayude a entender muchas cosas: el tránsito de altos cargos de universidades públicas hacia instituciones privadas, así como el de ex cargos políticos a las mismas universidades privadas que antes favorecieron desde la administración autonómica. El documento, titulado “Puertas giratorias en la universidad pública”, analiza varios casos recientes y plantea que estos trasvases cuestionan el compromiso de muchos ex altos cargos públicos en la defensa del modelo público de universidad.
Las privadas tiran de chequera para comprar talento de la pública
Según el sindicato, existe una correlación entre haber ocupado cargos de gran responsabilidad en universidades públicas —como rectorados o puestos de gestión— y la posterior incorporación a universidades privadas. Estas posiciones de liderazgo proporcionan contactos, prestigio y una elevada visibilidad pública, factores que interesan a las nuevas universidades privadas, necesitadas de ofrecer ante una imagen de calidad y prestigio. ¿Dónde buscan las privadas ese prestigio y calidad? En la pública. Es decir, la privada “compra” a base de talonario la experiencia, trayectoria y agenda que el ex alto cargo ha construido gracias a la institución pública, contribuyendo así a la descapitalización de la universidad pública, que no puede competir con los elevados sueldos que las privadas están dispuestas a pagar a sus rectores y directivos.
El documento recoge algunos ejemplos recientes. Entre ellos, el del exrector de la Universidad Carlos III de Madrid Juan Romo, que tras finalizar su mandato en 2024 fue nombrado rector de la Universidad Alfonso X el Sabio, de titularidad privada, y que pretende abrir un centro adscrito en la capital asturiana. También menciona el caso de Rafael Puyol, rector de la Universidad Complutense de Madrid entre 1995 y 2003, que posteriormente asumió la presidencia de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Otro ejemplo citado es el de Segundo Píriz, exrector de la Universidad de Extremadura, que pasó a dirigir la UNIE Universidad.
En el caso asturiano resulta relevante el caso de José Muñiz, ex decano de Psicología, y fallido aspirante a rector de la Universidad de Oviedo/Uviéu, y posteriormente reconvertido tras su jubilación en la pública en rector de la Universidad Nebrija, una de las privadas que tienen previsto su aterrizaje en Asturies a través de la controvertida fórmula de los centros adscritos, recurrida en estos momentos por CCOO e Intersindical Asturiana.
Otro caso de “puerta giratoria” señalado por el sindicato, es el de los ex cargos políticos que trabajando para las mismas universidades privadas que contribuyeron a apoyar desde sus anteriores responsabilidades. Un caso paradigmático es el de Lucía Figar, ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, y ahora a sueldo de la IE University. En otros casos ni si quiera han esperado a dejar el cargo público. El director general de Ordenación y Evaluación Educativa de la Junta de Andalucía, Manuel Jesús Sánchez, asesoró a dos universidades privadas al mismo tiempo que desempeñaba su cargo para el gobierno andaluz.
