Tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo por la que se paralizaron las batidas de lobos en Asturies, el Gobierno asturiano anunció la modificación del Plan de Gestión del Lobo con la aprobación de un decreto que busca amparar legalmente unas actuaciones que las organizaciones conservacionistas y animalistas ya han anunciado que van a intentar tumbar por vía judicial.
En este sentido, el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico ha redactado unas alegaciones para que las personas y entidades que lo deseen puedan usar de base para enviar al gobierno asturiano en el periodo de consulta pública previa que se ha abierto en la fase de redacción del decreto citado. Pocas horas después de que el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico anunciase esta campaña, son 200 las alegaciones que según ha podido saber NORTES se han recibido en la consejería que dirige Marcelino Marcos.
El modelo de alegaciones está disponible en la web www.fondolobo.org, y las mismas deben ser enviadas antes del 23 de marzo por correo electrónico a [email protected]
El gobierno asturiano afirma haber eliminado 31 lobos de los 53 que había programado matar antes del 31 de marzo de 2026, a los que habría que sumar otros 11 ejemplares que la Consejería de Medio Rural admite haber encontrado muertos por otras causas, entre ellas disparos en acciones de furtivismo.
Las necropsias de los lobos muertos en estos llamados planes de control confirmaron que un porcentaje importante de los individuos eliminados eran cachorros o jóvenes menores de un año y también que se mataron hembras gestantes.
La iniciativa del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico está próxima a cumplir un año de existencia. Impulsado tras la desprotección del lobo en marzo de 2025, el Fondo Lobo reúne a más de 50 entidades ecologistas y animalistas de España y Portugal y ha logrado el respaldo de 1.500 donaciones con casi 100.000 euros a través de una campaña de crowdfunding que sigue abierta. Hasta el momento ha desarrollado más de 30 actividades divulgativas en más de veinte localidades de nueve comunidades autónomas y tiene abiertos recursos judiciales en Asturies, Cantabria, La Rioja y Galicia, comunidad esta última en la que gracias al trabajo jurídico del Fondo Lobo el Tribunal Superior de Xustiza denegó esta misma semana el levantamiento de las medidas cautelares solicitado por la Xunta de Galicia por las que se mantienen paralizadas las cacerías de lobos.
