La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que avala la decisión del Ayuntamiento de Tapia de Casariego de no modificar el planeamiento urbanístico para permitir la explotación de la mina de oro de Salave, ha supuesto un duro revés para la empresa promotora del proyecto. Sin embargo, el último informe anual de la compañía permite conocer con mayor detalle quién está detrás de la financiación del proyecto minero.
El documento, correspondiente al ejercicio cerrado en diciembre de 2025, incluye el listado de los principales accionistas de la empresa y muestra una combinación de grandes entidades financieras internacionales, empresarios vinculados al sector minero y varias compañías españolas con sede en el noroeste peninsular.
Entre los mayores accionistas figuran entidades financieras globales como Citicorp, HSBC o BNP Paribas, que aparecen en el informe como custodios de importantes paquetes de acciones. Este tipo de entidades suele actuar como intermediario para inversores institucionales o fondos que mantienen participaciones en empresas cotizadas.
Junto a estos grandes bancos, el informe revela la presencia de varios inversores con vínculos directos con España. Destaca el caso de Grupo Carreira Investments SLU, que aparece entre los mayores accionistas de la compañía con más del 13 % del capital si se suman sus distintas participaciones.
También figura como accionista relevante Alberto Lavandeira, empresario minero gallego que ha estado vinculado durante años al desarrollo de proyectos extractivos en la península y que en el pasado ya participó en iniciativas para explotar el yacimiento de Salave. En el listado de accionistas aparece junto a su esposa con una participación superior al 3 % del capital de la compañía.
Además de estos nombres, entre los veinte principales accionistas aparecen varias sociedades españolas vinculadas a actividades empresariales en el norte de España, como Sánchez y Lago SL, Carril Estébanez Granda SL, Trabajos Salense SL, Logística del Cantábrico SL o Asturaog Solutions Fero SL.
La presencia de estas empresas sugiere que parte del capital del proyecto procede de sectores económicos regionales como la construcción, la logística o la actividad empresarial vinculada a infraestructuras.
El propio informe corporativo señala que durante los últimos años la empresa ha impulsado ampliaciones de capital dirigidas específicamente a inversores españoles. Según la compañía, este proceso ha permitido que cerca de un 30 % del accionariado sea ya de origen español, algo que la dirección considera clave para reforzar el apoyo local al proyecto.
Esta estrategia de atraer capital nacional coincide con el intenso debate social y político que el proyecto minero ha generado en el occidente asturiano. Mientras la empresa ha defendido durante años los posibles beneficios económicos de la explotación del yacimiento, plataformas vecinales y organizaciones ecologistas han denunciado los riesgos ambientales de una actividad extractiva situada a escasa distancia de la costa.
La reciente sentencia del TSJA refuerza, por ahora, los obstáculos legales al proyecto al respaldar la potestad del Ayuntamiento de Tapia para preservar su planeamiento urbanístico. No obstante, el informe anual de la compañía muestra que el intento de desarrollar la mina de Salave sigue respaldado por una red de inversores que combina capital financiero internacional con empresarios y compañías del noroeste peninsular.
