Alivio. Luara Chao y Héctor González, indultados por el caso de La Suiza, y padres de un hijo pequeño, definen así su nueva situación legal. Aunque con antecedentes penales, ambos podrán volver a la normalidad a partir de esta semana. Dejan así atrás nueve años de calvario judicial y penal en el que, entre otros daños personales, Luara perdió su trabajo como consecuencia de la entrada en prisión, una ocupación incompatible con su actividad profesional como cantante en una orquesta.
“Es una sensación de descanso, más que de alegría”, afirmó Chao, que ahora se encuentra en proceso de “reciclaje laboral”, estudiando un módulo de formación profesional para trabajar como auxiliar de veterinaria.
Frente al discurso criminalizador que algunos medios están volviendo a blandir, atacando al Gobierno por el indulto, la sindicalista vuelve a insistir en el carácter pacífico de las movilizaciones en las que participaron en 2017, y lamenta la injusticia de una condena por coacciones cuando todas las concentraciones de protesta que se llevaron a cabo frente a la pastelería La Suiza fueron aprobadas por Delegación de Gobierno: “No hubo absolutamente ningún incidente ni ningún atisbo de violencia”.
Chao señaló que estos nueve años han tenido “subidones y bajones”, si bien reconoció que el colectivo de acusadas se mantuvo fuerte gracias al apoyo personal, social y político que estaba recibiendo.
El historiador Héctor González, profesor de secundaria y autor de varios libros sobre historia del movimiento obrero, destacó que la principal enseñanza del caso es “no dejar nunca de pelear”, y “acumular fuerzas pensando en el largo plazo” cuando se quieren dar batallas como esta, con un fuerte desgaste.
Lo más duro, reconocen ambos, es la sensación de provisionalidad en la que las seis sindicalistas han estado durante casi una década, pendientes primero de juicios y sentencias, y después de una entrada en prisión que podía suceder en cualquier momento impidiéndoles así pensar en hacer planes y proyectos vitales.
González se mostró reconfortado de que a lo largo del proceso las seis condenadas no se sintieron nunca “en soledad”, sino siempre con el apoyo de “decenas de organizaciones sindicales, partidos políticos, asociaciones de vecinos”, ciudadanos anónimos y “gente del mundo de la cultura”. Colectivos todos ellos que se solidarizaron con las sindicalistas, a lo largo de un proceso largo, pero que fue ganando paulatinamente visibilidad y simpatía en estos nueve años de conflicto.
