En el contexto de la guerra de Irak, periodistas estadounidenses viajaban a cubrir el conflicto “empotrados” en unidades del ejército gringo. Nuestra experiencia no tiene mucho que ver con aquella, pues no partimos hacia un escenario bélico, pero durante quince días recorrimos el territorio colombiano integrados en una delegación ciudadana de paz y derechos humanos.
Etapa 1. Bogotá.
El día está nublado y el centro de Bogotá se presenta con su caos y su bullicio característicos. En los puestos callejeros se venden frutas tropicales y camisetas de la selección. Hombres jóvenes pasean llamas blancas ofreciendo a los turistas fotografiarse con ellas y señores mayores juegan al ajedrez en mesas de plástico en plena calle. Nuestra delegación inicia su recorrido a pocos metros del lugar donde asesinaron al candidato liberal y socialista Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Su magnicidio, que dio lugar a un estallido popular conocido como el “Bogotazo”, es un acontecimiento decisivo en la violenta historia de la Colombia contemporánea. En una de las esquinas de la carrera séptima, cerca de la plaza de Bolívar, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) ha diseminado por la acera fotografías de gran tamaño con las caras de personas asesinadas y desaparecidas. Al lado, en la carpa donde se pronuncian los discursos conmemorativos, sobresale un póster de Manuel Cepeda, senador de la Unión Patriótica asesinado en 1994 y padre de Iván Cepeda, actual candidato del Pacto Histórico a la presidencia de Colombia.
El domingo 8 de marzo se celebran elecciones legislativas en Colombia y nuestra delegación está citada antes del amanecer en la sede de la Misión de Observación Electoral (MOE). Desde allí nos desplegamos en minibuses por los distintos barrios de la ciudad (San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Bosa) para estar presentes en los colegios antes de la apertura de las urnas. Los resultados finales de la jornada dibujan un Senado y una Cámara de Representantes en los que el Pacto Histórico aumenta su representación y se consolida como la fuerza política más votada, pero sin ser capaz de conseguir una mayoría en ninguno de los dos órganos legislativos. La existencia de una mayoría parlamentaria contraria a los intereses del poder ejecutivo ha sido precisamente el mayor obstáculo con el que se ha topado el actual gobierno de Gustavo Petro a la hora de implementar sus principales reformas.
Etapa 2. Cauca, Valle del Cauca, Risaralda.
La delegación abandona la capital y se divide en dos grupos: uno más pequeño se desplaza a los departamentos del Meta y el Guaviare, mientras que otro más numeroso viaja hacia el Cauca, en el sur del país. En nuestra primera reunión, en Santander de Quilichao, tenemos un encuentro fugaz con dos de las siete personas que viajarán próximamente a nuestra tierra para ser acogidas durante medio año en el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia (PAV). Es una iniciativa pionera a nivel español y europeo, que en sus 26 años de existencia ha permitido acoger a 159 personas amenazadas de muerte por su activismo social o por sus labores en defensa de los derechos humanos. Ni el programa ni la delegación anual a Colombia se habrían sostenido durante tanto tiempo de no ser por el tenaz compromiso solidario de la asociación gijonesa Soldepaz Pachakuti. Dos de los principales artífices de esta gesta internacionalista son Javier Orozco y Javier Arjona, a quien nuestro compañero Pablo Batalla ha dedicado sendas entrevistas biográficas en Nortes que dan testimonio de su dignidad humana y de su grandeza política y moral.
En la reunión de Santander de Quilichao escuchamos por primera vez una denuncia que se va a repetir como una letanía en casi todos los lugares que visitaremos después: se está produciendo un incremento alarmante del reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos armados. En muchos casos es un reclutamiento forzado, pero también se observan vinculaciones voluntarias, contra las que es todavía más difícil luchar. Además de los incentivos económicos, “empuñar un arma genera poder y respeto”. Los grupos armados han modernizado sus mecanismos de captación y ahora también recurren a redes sociales como TikTok o Facebook y a los videojuegos. Un líder afrodescendiente nos explica que las personas que nutren las filas de los grupos armados “no vienen de Marte ni de Júpiter, son de aquí, nuestros hermanos y primos”. La realidad de un “sistema patriarcal y machista”, además, provoca que muchas chicas y mujeres jóvenes sean reclutadas por los grupos armados con fines de esclavitud o explotación sexual.
La siguiente etapa del recorrido hacia el norte es el predio El Tablón, en Corinto. Este municipio fue uno de los escenarios principales del fallido proceso de paz de 1984 entre la guerrilla del M-19 y el gobierno de Belisario Betancur, narrado magistralmente desde dentro por la escritora Laura Restrepo en Historia de un entusiasmo. Hasta Corinto nos escolta la guardia campesina, un cuerpo autoorganizado para garantizar la seguridad de las comunidades, pero que, a diferencia de la guardia indígena, no cuenta con reconocimiento jurídico por parte del Estado. El predio ocupa una extensión de 247 hectáreas y pertenecía hasta hace poco tiempo a terratenientes extranjeros que lo tenían semi-abandonado, pero la perseverancia de los campesinos sin tierra y la intervención del gobierno en el marco de su reforma agraria consiguieron que la tierra pertenezca a quien la trabaja. No obstante, los campesinos de El Tablón denuncian hostigamientos permanentes por parte del ejército, dejando claro que no todas las ramas del Estado colombiano cooperan con las directrices políticas del gobierno.
Seguimos subiendo y nos adentramos en el departamento del Valle del Cauca. En Palmira nos encontramos con Walter, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), que nos facilita una visita a una penitenciaría de media-alta seguridad. Nelson Mandela aseguraba que “nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles”. Una vez pasados los controles protocolarios, se abre ante nosotros un patio interior que alberga un campo de fútbol de hierba natural excesivamente estrecho. Cruzamos las puertas del centro a la vez que un grupo de 14 jóvenes que están ingresando en prisión, esposados en parejas por las muñecas. En el interior, mantenemos una larga reunión con Mauricio Tierradentro, un hombre privado de libertad y a la espera de juicio durante cuatro años por haber participado en el estallido social de 2021 contra el gobierno de Iván Duque. Mauricio nos cuenta que, además de las decenas de muertes provocadas por la represión policial durante las protestas, varios compañeros suyos han sido asesinados sistemáticamente nada más salir de la cárcel.
En un segundo momento se incorpora a la reunión un grupo de presos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que denuncian las malas condiciones de la cárcel, insisten en su apuesta por la paz y rechazan con vehemencia las acusaciones de connivencia entre la guerrilla y el narcotráfico salidas de la boca del presidente Petro. “El narcotráfico es un cáncer, lo peor para la sociedad”. Antes de despedirnos recuerdan el nombre de Manuel Pérez Martínez, un cura español seguidor de la Teología de la Liberación que llegó a ser comandante en jefe del ELN a finales de los setenta. También expresan su alegría por la reciente identificación de los restos de Camilo Torres, sacerdote guerrillero y mártir cuyo cuerpo llevaba más de seis décadas desaparecido.
En esta etapa del viaje nos acompaña Nahuel González, joven diputado valenciano de Esquerra Unida en el Congreso. Nahuel fue uno de los miembros de la delegación asturiana de 2024, cuando se “enamoró” de Colombia pero también entendió “la complejidad de la situación de violencia política que se vive aquí”. Esta vez ha viajado al país invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para realizar tareas de observación internacional en las elecciones legislativas. Al ser preguntado por su valoración del actual gobierno del cambio, su respuesta es contundente: “Petro ha cambiado la historia de Latinoamérica. Hace 15 años mirábamos a Colombia como un país gobernado por la extrema derecha y con presidentes muy autoritarios”. Ahora, en cambio, es “una esperanza y un referente frente al auge de la extrema derecha mundial”. Mientras charlamos al anochecer en un parque bajo la catedral de Palmira, Nahuel también destaca que en cada lugar que visitamos nos encontramos con personas, principalmente mujeres, “que llevan toda la vida peleando por la dignidad de sus pueblos”.
Pereira, la capital del departamento de Risaralda, recuerda por momentos a un país del sudeste asiático, por sus densas selvas urbanas, la belleza de sus atardeceres y la proliferación descontrolada de motocicletas. Nuestra rutina en cada localidad que visitamos es bastante similar y consiste en mantener largas reuniones con colectivos locales (sindicatos, organizaciones de derechos humanos, asociaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes o de mujeres), escuchar atentamente sus historias personales –atravesadas con frecuencia por niveles de violencia humanamente difíciles de soportar– y tomar nota de sus demandas para trasladarlas después a las instituciones colombianas y difundirlas a través de la comunidad internacional. En Pereira, además, tenemos la oportunidad de entrevistarnos en privado con dos mujeres –muy diferentes entre sí– cuyos testimonios nos resultan especialmente interesantes.
La primera es María Teresa Henao, militante feminista y por los derechos humanos. Varios años atrás esta mujer apareció en unas carpetas secretas del ejército como un peligro para la seguridad nacional. María Teresa es una antigua integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde puntualiza que nunca estuvo en la estructura militar ni llegó a manejar un arma. Ahora hace parte de Comunes. En las elecciones legislativas de 2018 y 2022, dicho partido consiguió diez “curules” (escaños), otorgadas directamente por los acuerdos de paz de 2016 con el objetivo de facilitar la integración de la guerrilla en la vida institucional del país. Sin embargo, en las elecciones de 2026 dicha cláusula expiró y Comunes acaba de quedarse sin representación. María Teresa reconoce que les “fue pésimo”, pero al mismo tiempo se alegra de los buenos resultados de otra fuerza progresista como el Pacto Histórico. En relación con el conflicto armado, nos traslada la posición de su partido: “en este país no hay otra salida que la legalización de las plantas de uso ilícito como la marihuana y la coca”.
Ángela Andrea García es una joven de Manizales que coordina el Observatorio de Conflictividad, Paz e Innovación Social del Oriente Caldense. Cuando estudiaba Trabajo Social vivió un episodio que marcó su trayectoria vital. En una asignatura le tocó leer un informe de 2014 del Centro Nacional de Memoria Histórica en el que se narraban “los diferentes repertorios de violencia y hechos victimizantes que tuvieron lugar en el marco del conflicto armado nacional”. Mientras lo leía, Andrea lloraba y vomitaba. “Casi me muero. Yo sabía que este país estaba en guerra, pero a través de la pantalla. Crecí en el centro del país y la guerra ha sido fundamentalmente en las periferias”. Ese día adquirió inconscientemente un compromiso pedagógico y militante. Desde un punto de vista histórico, relata que cada vez que se han dado procesos de paz, lo que ha seguido ha sido un exterminio de los desmovilizados: pasó con la Unión Patriótica (con más de 7.000 miembros del partido asesinados a finales de los ochenta y principios de los noventa), pasó con el M-19 y está pasando con las FARC (desde 2016 han sido asesinados cerca de 500 firmantes de paz). Andrea es muy crítica con los grupos guerrilleros que siguen operando en Colombia: “la insurgencia tenía una filosofía, unas convicciones, unas banderas absolutamente claras como la redistribución de la tierra. Actualmente estamos hablando de paramilitares y narcotraficantes”. También expresa su pesimismo frente al panorama actual: “tenemos un problema de seguridad incontrolable a lo largo y ancho del país, hay una pérdida absoluta del control por parte del Estado”.
– En este escenario, ¿qué supondría una victoria de la oposición en las elecciones presidenciales?
– La llegada de nuevo de la violencia absoluta hacia todo el mundo. Ellos no hacen distinciones [entre guerrilleros y líderes sociales]. Todo el que esté en su contra es un revolucionario peligroso. En los gobiernos de [Álvaro] Uribe se buscó la seguridad a costa de sacrificar los derechos humanos.
Etapa 3. Norte de Santander.
Desde el sur del país la delegación viaja al Norte de Santander, a la ciudad de Cúcuta. Recién aterrizados nos trasladamos directamente a la cárcel, limítrofe con Venezuela, para reunirnos con otro grupo de presos del ELN y, en esta ocasión, también con una presa, proveniente de la cárcel de mujeres. Su nombre es Sonia Escribano. Lleva 19 años presa y tiene una condena de 45. A pesar de su trayectoria como guerrillera nos confiesa que ella “es mala pa’ la política”. Se queja de la discriminación que sufren las mujeres respecto a los hombres en sus respectivos centros penitenciarios: menos tiempo para visitas, horarios más restringidos para hacer llamadas telefónicas, citas ginecológicas virtuales y dispersión de las presas del ELN en diferentes módulos, cuando los hombres conviven todos juntos en el mismo espacio. También nos relata el dolor que sufren las presas cuyos hijos han nacido en la cárcel y al momento de cumplir los tres años les son forzosamente arrebatados. Los presos nos entregan un documento político dirigido a las instituciones colombianas y nos trasladan su confianza en que la posible llegada de Iván Cepeda a la presidencia permita reactivar las mesas de negociación de paz con el ELN, que en la actualidad están temporalmente suspendidas. La labor de guía en esta visita la ejercen Adriana Lizarazo, una mujer del CSPP que estuvo acogida en Asturias porque la iban a asesinar en Colombia, y su hija Carolina Sandoval, que siguiendo las huellas de su madre será acogida temporalmente por un programa de la Universidad de Burgos.
Durante el viaje conocemos a numerosas personas comunes que están protegidas por esquemas de seguridad del Estado, que incluyen, habitualmente, un todoterreno blindado, un guardaespaldas y un chaleco antibalas. Son integrantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), sindicalistas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) o jóvenes militantes del Partido Comunista. Un compañero veterano de la delegación destaca el llamativo contraste entre quienes disponen de vehículos blindados en España (ministros del gobierno o altos cargos del Estado) y quienes lo hacen en Colombia (ciudadanos corrientes, mujeres activistas, trabajadores pobres). Según datos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a mediados de 2025 más de 13.000 personas estaban protegidas en Colombia por esquemas de seguridad. El año anterior las solicitudes habían ascendido hasta casi 51.000.
En uno de los pocos momentos en que nuestra frenética agenda de encuentros nos permite tomarnos un respiro y mantener algunas conversaciones informales, nos sentamos a comer con un grupo de mujeres de Banderas Unidas, tras una reunión previa en su sede del barrio de San Miguel. Muchas de ellas son venezolanas o tienen la doble nacionalidad y denuncian que “la problemática de la frontera es de nunca acabar”. Su asociación realiza un importante trabajo comunitario, enfocado especialmente en mujeres víctimas de violencia. Durante la sobremesa, una mujer que no utiliza su nombre real por miedo a represalias nos confía el testimonio de un episodio traumático de su vida. Cuando era una adolescente fue capturada por el ELN en el Catatumbo, violada junto a otras chicas y recibió un tiro en la pierna. Consiguió escaparse durante un enfrentamiento de la guerrilla con los paramilitares, pero su calvario no terminó ahí, pues las amenazas sobre ella y su familia obligaron a su hijo a solicitar asilo político en Alemania. “Nunca se me va a ir el dolor”.
El Catatumbo, al norte de Cúcuta, es una de las zonas más “calientes” de Colombia. En esta región selvática, rica en recursos naturales y con extensas plantaciones de hoja de coca, se produce desde enero de 2025 un enfrentamiento armado entre el ELN y el Frente 33, una de las disidencias de las FARC que no se acogió a los acuerdos de paz. Como resultado, alrededor de un centenar de personas han sido asesinadas y casi 100.000 desplazadas de la zona. Entre estas últimas, un grupo de 71 firmantes de paz de las FARC junto a sus familias, que residían en Caño Indio y tuvieron que ser reubicados forzosamente en la finca El Pital, a las afueras de Cúcuta, hacinados en habitáculos prefabricados y sin acceso permanente a agua potable. Su portavoz, Willy, antiguo comandante de las FARC durante 28 años, nos cuenta que los vecinos de la zona rechazaron inicialmente su presencia y que para ellos “todo es un sufrimiento”. A pesar de los padecimientos, no se arrepienten de su apuesta por la paz y ratifican que “por medio de las armas no hay ningún tipo de solución”. Mientras aguardan a que el Estado mejore sus condiciones y les construya un lugar de residencia permanente, sobreviven organizados en una cooperativa que cría pollos, cerdos y hasta algunos búfalos.
En la ciudad de Cúcuta nos reunimos con integrantes del Pacto Histórico del Norte de Santander. El ambiente en la sala es más bien sombrío, a pesar de la reciente victoria electoral de su partido en las legislativas y de las perspectivas optimistas de cara a las presidenciales. La razón es que todas las personas presentes, candidatas electorales incluidas, han recibido amenazas de muerte en sus teléfonos privados, vía SMS, por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo. En el mensaje que nos muestran se puede leer “los tenemos identificados, tienen 48 horas vamos por sus cabezas muertas”. El desconsuelo se ve agravado por lo que interpretan como un abandono por parte del Estado, liderado por el mismo partido político al que ellos representan. También señalan lo difícil que es hacer política en una región tan conservadora y corrupta y denuncian la “indolencia” y la “insolidaridad” del gobierno frente a las graves amenazas que acaban de recibir.
El último encuentro antes de regresar a Bogotá tiene lugar en una pequeña finca familiar a las afueras de Cúcuta. Varios perros juguetean entre nuestras piernas y en plena reunión se desata un fuerte aguacero que nos obliga a elevar el tono de voz para poder escucharnos bien. Estamos con los habitantes de Juan Frío, un sujeto de reparación colectiva. La voz cantante la lleva Dina, una mujer que alterna sus intervenciones en la reunión con el cuidado de su hijo pequeño y la vigilancia de una gran pota en la que prepara la comida para unas quince personas. Esta fue una zona dominada durante mucho tiempo por grupos paramilitares. Uno de los legados más traumáticos de aquella época lo podemos contemplar con nuestros propios ojos en una zona de monte cercana a la finca. Allí, justo delante del río Táchira, que marca la frontera con Venezuela, continúan en pie los restos de los hornos que los paramilitares utilizaban para incinerar los cadáveres de las personas que asesinaban. Un vecino lo compara con el Holocausto, aunque puntualiza que en los campos de concentración nazis existía un historial de los judíos que ingresaban en ellos. Aquí, en cambió, “no había ningún tipo de registro escrito”. A día de hoy el destino de muchas personas desaparecidas continúa siendo un misterio para sus familiares. Otra mujer nos asegura que alguna gente de esta zona “todavía piensa que las hortalizas están regadas con muertos”.
Etapa 4. Bogotá.
Los dos grupos de la delegación nos reencontramos en Bogotá para trasladarles a las instituciones políticas las demandas que hemos recogido en nuestro recorrido por seis departamentos del país. En primer lugar, nos recibe el embajador de España en Bogotá, Santiago Jiménez, que nos define a Colombia como uno de sus destinos más complicados, pese a que trabajó en Siria durante la guerra. España, a través de su embajada, colabora con el gobierno colombiano en dos procesos de paz con grupos armados: el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Este último involucra al grupo que amenazó a los miembros del Pacto Histórico con los que nos reunimos en Cúcuta. Jiménez resume las labores de la embajada española en Bogotá con la fórmula “paz, paz, paz y feminismo”. No obstante, subraya la contradicción que supone que en un país con una institucionalidad tan importante y tantos organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos no se consiga detener la hemorragia permanente de víctimas. 187 defensores de derechos humanos fueron asesinados el año pasado, bajo un gobierno progresista. En Colombia hay registradas como víctimas alrededor de 9 millones de personas, de una población total cercana a los 54. Es decir, una de cada seis. La reciente inclusión de Colombia en la lista de países seguros elaborada por la Unión Europea no se condice con los altos niveles de violencia que persisten en el país.
Continuamos con nuestra ronda de reuniones en las respectivas Direcciones Generales de Derechos Humanos de los ministerios del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores, en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y en las oficinas de la ONU en Bogotá. En varias de estas instituciones somos testigos de un hecho sobresaliente: mujeres y hombres jóvenes que fueron acogidos en años anteriores por el programa asturiano de atención a víctimas, por encontrarse amenazados y amenazadas de muerte, ahora se reúnen con nuestra delegación en calidad de representantes políticos de las instituciones colombianas. Un interlocutor nos declara que ellos siguen considerándose “pueblo organizado, pero dentro del Estado”.
Asturias también fue territorio de acogida para Aída Quilcué, la candidata del Pacto Histórico a la vicepresidencia de Colombia. La vida de esta líder indígena del pueblo nasa está profundamente atravesada por la violencia, como la de tantos compatriotas suyos. En diciembre de 2008, Quilcué acababa de regresar de realizar una denuncia sobre la situación de los pueblos indígenas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Suiza. Su esposo, Edwin Legarda, fue asesinado por el ejército mientras se dirigía a recogerla. Todo indica que ella era el objetivo real del ataque. Poco después, fue invitada por el gobierno asturiano para participar en un alcuentru de cosmovisión y resistencia indíxenes en Oviedo. Actualmente, Aída Quilcué se desempeña como senadora por la circunscripción especial indígena, lo que no impidió que a principios de febrero fuese víctima de un secuestro exprés por parte de una disidencia de las FARC en el Cauca. En una reunión en un pequeño despacho del Senado, dos de sus asesores más cercanos resaltan su carácter dialogante y su capacidad para tender puentes con un lenguaje de unidad de país que trasciende a los movimientos de izquierdas. No tiene problemas para “sentarse a discutir con los antagónicos”.
Como ejemplo supremo mencionan lo que sucedió en 2018. En el resguardo indígena de Monterilla y ante más de dos mil integrantes del pueblo nasa, Aída Quilcué recibió al viceministro de Defensa y a un general del ejército que venían a disculparse en nombre del Estado colombiano, obligados por una sentencia judicial, por el asesinato de su marido. La líder indígena aceptó su perdón y abrazó al viceministro, pero insistió en denunciar la impunidad de los autores intelectuales del homicidio. En una entrevista posterior, añadió: “no podemos permitir que nos sigan asesinando por pensar diferente, por vivir en un país diverso como es Colombia. Nosotros entendemos que la ideología de muchos es distinta a la de nosotros y la respetamos, pero también queremos que respeten nuestra identidad, cultura y forma de ser indígena”.
Cristian Acosta Olaya es autor del libro Un dique en aguas turbulentas. Identidades políticas, populismo y violencia en la Colombia de Jorge Eliécer Gaitán, 1928-1948. Este joven politólogo colombiano, investigador en el CONICET argentino, nos desgrana algunas claves sobre la actualidad política de su país. En primer lugar, señala que los acuerdos de paz de 2016, por los que la guerrilla de las FARC dejó de existir como una suerte de “alteridad nacional”, posibilitaron la existencia de un gobierno progresista en Colombia. El presidente Petro “entró en 2022 con un respaldo muy generalizado de la sociedad”, pero ese “exceso de optimismo” se fue “morigerando” a partir de una serie de reveses parlamentarios. Su gobierno tuvo enfrente “al poder legislativo, a los medios de comunicación, a los empresarios y a los dueños de un país, Colombia, que está entre los tres o cuatro más desiguales del mundo”. A pesar de ello, ha conseguido “una estabilidad macroeconómica que muy pocas veces se vio en el país” y un “auge inusitado del consumo”. Sobre la estrategia petrista de “paz total”, Acosta Olaya enfatiza la dificultad que supone “negociar con todos los actores armados al mismo tiempo”, incluyendo no solamente a lo que en la jerga académica se conoce como Grupos Armados Organizados (GAO), sino también a Grupos Delincuenciales Organizados (GDO). Sus prospectivas electorales traslucen un pesimismo que contrasta con el optimismo generalizado que hemos percibido durante todo el viaje. Su primera razón es que la subjetividad colombiana sigue demasiado impregnada por las ideas neoliberales. “Tenemos una cosmovisión política muy de derechas”. Su segunda razón tiene que ver con el liderazgo de Iván Cepeda. Le valora como un tipo “brillante y formadísimo, con una historia personal desgarradora” y que “puso contra las cuerdas a un líder que parecía intocable como Uribe”, pero le achaca también un cierto déficit de ambición política. A Cepeda le estarían faltando, en un sentido weberiano, ganas de “meter la mano en la rueda de la historia”.
Nuestro último acto antes de regresar a España consiste en ofrecer una rueda de prensa de conclusiones preliminares en la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Previamente, nos reunimos en el mismo edificio con su Consejo Mayor. La ONIC representa a 82 de los 115 pueblos indígenas de Colombia, que cuentan con un sistema de gobierno propio, estructurado geográficamente en cinco macrorregiones. El 30% del territorio nacional colombiano está habitado por indígenas, aunque solamente sean alrededor del 6% de la población. La Constitución colombiana de 1991 reconoce sus derechos fundamentales y también sus funciones jurisdiccionales especiales. El consejero mayor, Roselino Guarupe Joropa, nos plantea que “no es suficiente con avanzar en lo jurídico, sino que también hay que hacerlo en garantías económicas y presupuestarias”, aunque para ello haga falta “tocar los intereses de los grandes poderes del país”. Cuando el gobierno avanza en derechos, como con la reciente subida del salario mínimo de un 24%, el movimiento indígena sale a las calles a defenderlo. “Ahí nos encontramos”. Las autoridades indígenas celebran el acuerdo alcanzado durante la última delegación con el gobierno asturiano, a través de la Dirección General de la Agenda 2030, por el que esta última financiará proyectos de agricultura regenerativa en Colombia en colaboración con la ONIC. Este proyecto institucional pone una piedra más en la alianza solidaria astur-colombiana que el programa de atención a víctimas y la delegación llevan más de dos décadas cultivando con la mayor de las perseverancias internacionalistas. Su mejor legado sería, precisamente, que la consolidación de una paz estable y con justicia social en Colombia acabara haciendo innecesarias ambas iniciativas.
Mientras tanto, la delegación asturiana de verificación de paz y derechos humanos ya está redactando su informe final de 2026, que será presentado próximamente a la ciudadanía y a las autoridades institucionales.
[Toda obra individual está sostenida por un esfuerzo colectivo y esta más que ninguna otra. Gracias a todos los integrantes de la delegación: Arjona, Alba, Alma, Candela, Carlos, Esther, Orozco, Lucía, Pilar, Nahuel, Rubén, Tania, Verónica, Eloína, Adrián, Almudena, Inmaculada y Mauricio. La participación en esta actividad se ha desarrollado como parte de la colaboración entre AMA Asturies y Nortes en el marco del proyecto COOPERAMA 2026]
