La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha defendido este lunes las sanciones de hasta 600 euros impuestas a varios de los participantes en las movilizaciones del sector agrario contra el acuerdo entre la UE y Mercosur y ha advertido de que cortar una autovía con balas de paja ardiendo poniendo en peligro a los conductores no puede hacerse “ni por la reivindicación más justa”.
Lastra ha señalado que cortar autovías como se hizo durante las movilizaciones del pasado mes de enero atenta contra la seguridad de los conductores y que, por tanto, ni se está persiguiendo ni se está sancionando un derecho constitucional como el de manifestación, “pero también hay que cumplir con la legalidad”.
A su juicio, cumplir la ley “no es opcional” y hubo muchos manifestantes en distintos puntos de Asturias con los que no hubo problema, pero otros se lanzaron a las autovías encapuchados para paralizar el tráfico tras quemar balas de paja y neumáticos “y la Guardia estaba allí velando por su seguridad y la de cientos de conductores que estaban pasando por una autovía paralizada con fuego” que fue necesario extinguir con ayuda de los bomberos.
“Espero que sean conscientes de que esto no puede volver a suceder”, ha apuntado tras incidir en que los participantes en las movilizaciones fueron tratados como cualquier otro manifestante por parte de la Guardia Civil “e incluso con mucha colaboración a la hora de entender sus reivindicaciones”.
CCOO condena las sanciones
El sindicato CCOO ha expresado su preocupación por las sanciones impuestas a decenas de personas tras su participación en las concentraciones contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur celebradas el pasado 29 de enero en Asturias.
En un comunicado, la organización sindical ha defendido que el ejercicio pacífico de la movilización social constituye un derecho fundamental reconocido en el ordenamiento jurídico español, cuya restricción o penalización “debe estar debidamente justificada y ser proporcional a los hechos”.
CCOO recuerda que la Constitución Española ampara en su artículo 21 el derecho de reunión y manifestación pacífica, y subraya que el Tribunal Constitucional ha reiterado en diversas sentencias que cualquier limitación a este derecho debe superar un estricto juicio de proporcionalidad.
El sindicato añade que toda sanción administrativa derivada del ejercicio legítimo de este derecho puede ser objeto de revisión e impugnación ante la jurisdicción competente.
Asimismo, la organización ha contextualizado las protestas en la situación del sector ganadero asturiano, que, según señala, atraviesa un escenario “estructuralmente complejo”, marcado por el aumento de los costes de producción, la volatilidad de los precios y la presión competitiva en los mercados.
En este sentido, considera que la movilización de los trabajadores del campo responde a una demanda “legítima” de atención institucional, por lo que sostiene que la respuesta adecuada por parte de las administraciones debe basarse en el diálogo y la negociación, y no en la vía sancionadora.
Por todo ello, CCOO ha instado a las administraciones competentes a garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución y a promover canales de interlocución efectiva con el sector.
El sindicato ha subrayado que la defensa del derecho a la protesta trasciende el ámbito sectorial y afecta al conjunto de los trabajadores, por lo que ha asegurado que seguirá velando por su respeto en el marco del ordenamiento jurídico vigente.
Asturias Ganadera ve métodos franquistas
Por su parte, el colectivo Asturias Ganadera ha asegurado que desde la Delegación de Gobierno se dictó a las Fuerzas de Seguridad que identificaran al mayor número posible de ganaderos “entrando incluso los agentes en los bares a buscar posibles participantes después de pasadas ya las protestas” lo que consideran un intento de “amedrentar” a las personas utilizando “métodos propios de la dictadura franquista”.
Además, en un comunicado solicita la dimisión de la delegada del Gobierno y que se sumen a esta petición los grupos parlamentarios de la Junta General, y en particular los diputados Ovidio Zapico y Covadonga Tomé dada su oposición a la Ley Mordaza dado que con su silencio “serían cómplices”.
Asimismo, exigen de los sindicatos convocantes de las concentraciones URA, USAGA, COAG y ASAJA que sufraguen los gastos de defensa jurídica y, en su caso, asuma el pago de las multas “aprovechando las cuantiosas aportaciones económicas del Estado”.
Críticas del PP
En relación con este asunto, el diputado regional del PP Luis Venta ha acusado a Lastra de ejercer como “representante del sanchismo” en Asturias para “perseguir y acosar” a los ganaderos para sancionarlos mientras el presidente del Principado, Adrián Barbón, “calla ante su amo”.
Según Venta, la delegada del Gobierno ni recibió a los ganaderos cuando se han manifestado en Oviedo/Uviéu porque prefiere hacerlo con Bildu y los consejeros del Ejecutivo regional “cierran el círculo de la infamia al asistir a manifestaciones de ganaderos y luego sus compañeros de partido les persigan con sanciones”.
