El Observatorio Xixonés de la Movilidad y Ecoloxistes n’Aición d’Asturies han denunciado ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible un posible uso irregular de fondos públicos destinados a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del barrio de La Calzada, en Xixón.
Según informaron ambas entidades, han presentado un escrito formal en el que solicitan la revisión de la justificación de las ayudas concedidas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), al considerar que la infraestructura “no se encuentra en funcionamiento efectivo”.
Las organizaciones advierten de que, pese a haberse dado por ejecutado el proyecto financiado con fondos europeos, la ZBE podría incumplir tanto la normativa estatal como las condiciones de la subvención, al no estar operativa en términos reales.
En este sentido, señalan que la actuación se ha limitado principalmente a la instalación de sistemas tecnológicos, sin que exista una zona de bajas emisiones plenamente activa. Entre las deficiencias detectadas, apuntan a la ausencia de una ordenanza en vigor que permita su activación, la inexistencia de restricciones reales de acceso o circulación, la falta de un régimen sancionador y la no utilización efectiva de los sistemas instalados.
Asimismo, recuerdan que el propio Ayuntamiento de Gijón/Xixón ha reconocido públicamente que la ZBE no está activa, lo que, a su juicio, evidencia un desfase entre la ejecución formal del proyecto y su funcionamiento real.
Las entidades consideran que esta situación podría suponer un cumplimiento meramente formal de los requisitos de la subvención, sin alcanzar los objetivos materiales exigidos por la normativa vigente, que obliga no solo a ejecutar el gasto, sino a cumplir la finalidad para la que se conceden los fondos.
Además, subrayan que la implantación de Zonas de Bajas Emisiones es una obligación legal recogida en la Ley 7/2021 de cambio climático, que establece su puesta en marcha efectiva como herramienta para mejorar la calidad del aire y la movilidad urbana.
Por ello, han solicitado al Ministerio que evalúe si se ha producido un incumplimiento material de la subvención por parte del consistorio gijonés y que, en su caso, adopte las medidas correspondientes, incluida la posible devolución total o parcial de los fondos.
Finalmente, advierten de que dar por válidos proyectos no operativos podría desvirtuar el uso de los fondos europeos y sentar un precedente negativo en la gestión de recursos públicos destinados a la transición ecológica.
