La FSA vuelve a la doctrina aplicada desde el año pasado. El accidente minero de Zarréu que costó la vida a cinco trabajadores el pasado año solo tiene un responsable: la empresa. Fuera quedan los consejeros que autorizaron la reapertura de la mina, cerrada en 2018 como consecuencia del plan de cierre de la minería. El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha señalado este sábado que “la única responsable” de la tragedia vivida en el suroccidente asturiano fue la empresa Blue Solving que llevaba a cabo una actividad “ilegal” de extracción de carbón cuyas responsabilidades penales está investigando un juzgado de Cangas del Narcea.
En declaraciones a los periodistas, Peláez ha indicado que en la causa abierta por los tribunales no hay ninguna imputación y ninguna responsabilidad social imputada “de momento” al Principado de Asturias “y si la hubiera se depurarán las responsabilidades que tengan que depurarse”.
Pélaez, que ha reprochado a PP, Vox y Foro el uso “torticero” de una tragedia “por intereses electoralistas”, ha comparado además la actuación del Principado de reforzar el juzgado que instruye la causa con la de la Generalitat valenciana al reducir el personal del que se encarga de investigar la dana lo que demuestra “las distintas formas de actuar” de la derecha y de un Ejecutivo progresista.
Con respecto al informe de de Inspección General de los Servicios que pone de manifiesto las irregularidades en el funcionamiento de las minas, así como el fraudulento carácter de los permisos de investigación complementaria con los que fueron reabiertas para evitar la devolución de ayudas públicas, Peláez ha señalado que no ha puesto de manifiesto “ninguna responsabilidad política en estos momentos”.
Dicho informe -“del que las derechas se rieron cuando fue solicitado”, ha indicado- ha sido remitido a la Fiscalía e incluye once recomendaciones que el Principado se ha comprometido a aplicar incluida la recuperación del Servicio de Seguridad Minera suprimido en 2019, e “irá más allá” al abrir una investigación sobre hechos concretos “caiga quien caiga”.
De ese “caiga quien caiga” quedan excluidos, por ahora, los ex consejeros de Industria Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Xixón, y Enrique Fernández, su homólogo en HUNOSA, de quienes por el momento solo han pedido su dimisión las derechas y Ecoloxistes n´Aición d´Asturies.
Para Peláez, con la petición de dimisión de Barbón de Vox a la que este viernes se sumó la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Xixón Ángela Pumariega y la exigencia del cese de la presidenta de la Autoridad Portuaria y ex consejera de Industria, Nieves Roqueñí, del portavoz del gobierno gijonés, Jesús Martínez Salvador, “la derecha desvia el foco de los auténticos responsables de la tragedia”.
“¿Qué pintan dos destacados miembros del Ayuntamiento de Gijón pidiendo la dimisión de la presidenta de la autoridad portuaria o del presidente?”, se ha preguntado el consejero tras acusar a PP y Foro de utilizar una institución pública “para atacar al presidente” y ha emplazado a la alcaldesa, Carmen Moriyón, a aclarar “si manda ella” o si su equipo de gobierno “es una jaula de grillos”.
Por su parte, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha apelado “a la calma” al analizar el informe de la Inspección General de Servicios y a evitar el “ruido” dado que muchas de las cuestiones que aparecen en el documento son “muy técnicas” y se corre el riesgo de llegar a conclusiones “erróneas y precipitadas”.
“Tenemos un plan que aplicar y una hoja de ruta clara para ir aplicando una tras una las medidas”, ha apuntado Sánchez que ha reclamado también que se deje trabajar a la justicia.
A esta cuestión se ha referido también el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, que ha considerado que el informe dará respuestas que ayudarán a la investigación judicial y tendrá consecuencias políticas “que no deben llegar a la figura del presidente”.
“Quien ha puesto los muertos es la clase trabajadora”, ha indicado el único consejero de IU, que ha apuntado también que la “sobreactuación” de los partidos de la derecha en este asunto no tiene más objetivo que el de “erosionar” a un Gobierno progresista.
En la misma línea, el diputado y secretario general del PSOE de Xixón, Monchu García, ha denunciado el uso “partidista” del Ayuntamiento por Foro y PP, un comportamiento “impropio” que, a su juicio, responde “al acuerdo de baja calidad, de absorción y de compraventa” entre ambas formaciones.
