La organización ecologista Ecoloxistes n’Aición d’Asturies, integrante de la confederación Ecologista en Acción, ha reclamado la dimisión inmediata de la consejera Nieves Roqueñí y del consejero Enrique Fernández, al considerar que “no pueden durar ni un día más en sus cargos”.
En un comunicado, el colectivo asegura que la situación actual confirma denuncias que ya realizaron en 2018. Entonces, la organización pidió el cese de la directora general de Minería y Energía, Belarmina Díaz, al considerar que desde la administración se estaban abriendo “resquicios” para mantener explotaciones que debían cerrarse tras recibir ayudas públicas.
Según aquella denuncia, las minas acogidas a planes de cierre estaban obligadas a devolver las subvenciones si continuaban su actividad, y permitir su reapertura podía derivar en un posible “fraude de subvenciones”, además de suponer una “irresponsabilidad política” en la gestión de fondos públicos.
En este sentido, la organización sostiene ahora que ese mismo patrón se habría repetido en los últimos años. Apunta que desde Industria se habría alentado la reapertura de minas sin asumir la devolución de ayudas, una práctica que —según recuerdan— ya fue advertida entonces y que hoy consideran confirmada.
La entidad sitúa el foco en el suroccidente asturiano, donde —según afirma— tres consejerías distintas habrían impulsado proyectos de reapertura minera mediante el uso “fraudulento” de permisos de investigación. A su juicio, estas iniciativas han generado “falsas expectativas” entre los trabajadores y sus familias y podrían acabar en los tribunales con el cierre definitivo de explotaciones.
El colectivo vincula también esta gestión con el accidente ocurrido hace un año en Zarréu, en el que fallecieron cinco mineros, señalando una “preocupante falta de rigor” en la política industrial.
Asimismo, critican la posterior recolocación de Roqueñí y Fernández en El Musel y HUNOSA con altos salarios, lo que califican de “indecente”. En el caso de Fernández, subrayan su defensa como presidente de HUNOSA de proyectos controvertidos como la quema de residuos en La Pereda, que ha generado rechazo social.
En su comunicado, la organización no descarta que los responsables políticos puedan enfrentarse a acciones judiciales por el uso de los denominados permisos de investigación complementaria, que, según sostienen, podrían haber servido para eludir la legalidad vigente.
Por último, Ecoloxistes n’Aición d’Asturies exige al presidente del Principado, Adrián Barbón, que pida disculpas a los mineros y a las comarcas afectadas. La organización considera que Asturies necesita una transición energética “justa y ordenada”, basada en proyectos viables y sostenibles, frente a lo que describen como “falsas promesas” ligadas al pasado del carbón.
