El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto para la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes, un texto en el que se exige carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos.
Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha dejado claro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se trata de “un acto de coherencia ética y de justicia social” y “uno de los grandes hitos” de esta legislatura.
La medida del Gobierno, que ya ha sido criticada con diferentes argumentos por parte del PP y Vox, llega tras una histórica campaña de firmas impulsada desde la sociedad civil. Surgida tras la pandemia, Esenciales involucró a unas 800 asociaciones que recogieron más de 700.000 firmas a través de grupos de apoyo formados en toda España.
La regularización, impulsada a raíz de esta movilización, supone un hito en la ampliación de derechos para una parte importante de la clase trabajadora, una clase social en la que las personas de origen extranjero tienen cada vez un mayor peso.
Según los estudios de FUNCAS, la fundación de las antiguas cajas de ahorros españolas, hay más de 800.000 trabajadoras y trabajadores migrantes sin papeles en España. En un 90% proceden de Latinoamérica, con Colombia, Perú y Honduras como principales nacionalidades. Por sectores, la mayoría se concentran hoy en el servicio doméstico (27%) la hostelería (19%) y las industrias manufactureras (17%).
¿Qué supone exactamente?
La regularización otorga una autorización legal que permite residir en el país y trabajar por cuenta ajena o propia en cualquier sector y ubicación geográfica de España. Permite la plena integración de los trabajadores en el sistema público, destacando el derecho a la asistencia sanitaria y otros servicios sociales fundamentales. Asimismo, al trabajar legalmente, la persona deja de estar en la economía sumergida y comienza a cotizar, lo que ayuda al sostenimiento del sistema público español, y de cara al futuro le genera derechos como pensión y prestación por desempleo. Pensemos que hoy una persona sin papeles no tiene ningún tipo de cobertura social en caso de desempleo, enfermedad o accidente.
Según el economista e investigador asturiano Gonzalo Fanjul, vinculado a la Fundación PorCausa, la regularización no solo beneficia a los trabajadores migrantes, sino también al conjunto de la sociedad. Cada persona regularizada va a suponer una aportación de 3.200 euros al sistema público vía impuestos y cotizaciones.
Cada persona regularizada va a suponer una aportación de 3.200 euros al sistema público vía impuestos y cotizaciones.
La regularización facilita además la posibilidad de organizarse sindicalmente y ejercer el derecho de huelga. También viajar a otros países, o al país de origen, y sienta las bases para una futura residencia permanente, así como la solicitud de la nacionalidad española tras los plazos legales necesarios para esta. No menos importante, consagra un derecho humano como el derecho a formar una familia, ya sea uniéndose a otra persona en España o solicitando que puedan emigrar aquí sus familiares directos.
Cómo solicitarlo
Las solicitudes se podrán presentar tanto de forma telemática como de presencial. La primera estará disponible de forma ininterrumpida las 24 horas del día los siete días de la semana durante todo el periodo de solicitud, que comenzará este mismo jueves una vez entre en vigor cuando este miércoles se publique en el BOE.
Para pedir la regularización, estará disponible una plataforma en la página web del Ministerio de Inclusión y Migraciones. Una vía rápida y sencilla con cuatro formas de acceso para los propios interesados: certificado electrónico en caso de disponer de NIE; a través de personas inscritas en el registro electrónico de apoderamientos; con representantes que les ayuden como abogados, graduados sociales o gestores administrativos; y con las más de 150 entidades sociales inscritas en el registro de colaboradores.
Mientras, el plazo para solicitar la cita previa comenzará también el 16 de abril, aunque la atención en oficinas será a partir del lunes día 20 de abril. La cita se podrá pedir en la web del Ministerio o por teléfono en el 060.
Oficinas de la Seguridad Social, sucursales de Correos, algunas oficinas de extranjería en determinadas provincias que se especificarán en la página web y exclusivamente en horario de tarde son lugares donde podrán atender las citas presenciales.
Para este proceso habrá habilitadas unas 450 oficinas en todo el territorio nacional, con personal formado y habilitado. Será el 30 de junio la fecha límite para presentar la solicitud por cualquiera de las dos vías.
Requisitos para poder regularizarse
Encontrarse en España antes del 1 de enero del 2026, haber permanecido en el país al menos cinco meses ininterrumpidos en el momento de la solicitud, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad pública son los requisitos para presentarse.
Se podrá acreditar la estancia en España con cualquier documento público, privado o combinación de ambos que sean verificables y que justifiquen la estancia en España. Así, el certificado de empadronamiento puede ser un documento acreditativo de la estancia, si bien no es obligatorio.
Todos los documentos justificativos deberán, en cualquier caso, ser nominativos y especificar una fecha para resultar válidos. Para garantizar que el plazo sea suficiente y el procedimiento ágil, el Ministerio ha dimensionado un plan operativo con capacidad de respuesta y, por ello, ha formado un equipo de personal con más de 550 profesionales extra para atender a las personas, tramitar solicitudes, estudiar expedientes, solicitar subsanaciones o nuevos documentos y resolver la autorización.
