La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha iniciado el proceso de elaboración de la Ley del Principado de Asturias de Entidades del Tercer Sector de Acción Social, que persigue proporcionar al sector un marco jurídico propio que “reconozca, refuerce y proyecte” la función de estas entidades en la cohesión social del territorio.
El Gobierno del Principado ha constituido el grupo de trabajo que redactará el anteproyecto, con la previsión de elevarlo al Consejo de Gobierno en el cuarto trimestre del año.
El equipo está encabezado por el director general de Innovación y Cambio Social, José Antonio Garmón, y cuenta con representación de diferentes consejerías, la Universidad de Oviedo, los agentes sociales y las entidades del tercer sector.
La futura norma busca reconocer institucionalmente el tercer sector como agente social “estratégico, garantizar su participación estable en las políticas públicas y dotar de mayor seguridad jurídica y estabilidad a las entidades sociales”, ha informado el Ejecutivo asturiano.
Según ha explicado Garmón, se trata de una ley “largamente demandada por el tejido social asturiano” y llamada a convertirse “en un instrumento clave del modelo de bienestar de la comunidad”.
La iniciativa se apoya en el Estudio sobre la situación del tercer sector de acción social en Asturias, realizado el pasado año y financiado por la consejería con fondos europeos.
Este documento, elaborado por la Mesa del Tercer Sector, ofrece por primera vez una radiografía completa de este ámbito y recoge que en el Principado operan 244 organizaciones, con un impacto económico de 325,2 millones, equivalente al 1,15 por ciento del PIB regional.
Estas entidades atendieron en 2024 a 141.000 personas, una de cada siete residentes en la comunidad.
Además, generan más de 6.000 empleos directos, mayoritariamente para mujeres, lo que representa el 1,4 por ciento de los puestos autonómicos, y cuentan con la participación de 6.700 personas voluntarias.
