El pleno del Congreso de los Diputados ha derogado este martes, con la mayoría que suman PP, Vox y Junts y la abstención del PNV, el decreto ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2 % las actualizaciones anuales de renta.
El decreto ha decaído por 166 votos a favor (PP, Vox, Junts y UPN), 177 en contra (los grupos de la izquierda más Coalición Canaria) y cinco abstenciones (PNV), después de que la presidenta de la Cámara baja, Francina Armengol, desalojara del hemiciclo a un grupo de inquilinas afectadas que protestaban durante la sesión.
Tras la votación, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado en los pasillos del Congreso que el Gobierno volverá a llevar la medida a la Cámara “las veces que hagan falta”.
“Vamos a insistir hasta que sea realidad”, ha afirmado el ministro, que ha acusado a la derecha de votar en contra por “tacticismo” y “cerrazón ideológica”.
El debate ha vuelto a evidenciar la fractura política sobre la vivienda entre quienes defienden una mayor intervención pública en el mercado del alquiler y quienes apuestan por un modelo más liberal.
La medida afectaba a más de un millón de contratos y a unos 2,7 millones de inquilinos, la mitad de ellos concentrados en Madrid, Catalunya y Andalucía, según datos del Ejecutivo.
Juristas y varios grupos parlamentarios han advertido además de que la derogación puede abrir un escenario de inseguridad jurídica sobre las prórrogas solicitadas mientras el decreto estaba en vigor.
